Fuente: Diario Oficial El Peruano.
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52 NORMAS LEGALES Miércoles 5 de agosto de 2026 El Peruano / k) Posteriormente, el 29 de diciembre de 2025, el señor recurrente interpuso recurso de apelación en contra de la mencionada resolución jefatural. l) Con la Resolución Jefatural-PAS N° 000002-2026- JN/ONPE, del 8 de enero de 2026, la Jefatura de ONPE concedió el recurso de apelación y dispuso la elevación de los actuados a este Supremo Tribunal Electoral. 2.4. En ese sentido, se advierte que las Resoluciones Gerenciales-PAS N° 000001-2025-GSFP/ONPE y N° 000002-2025-GSFP/ONPE, que dieron inicio al PAS; la Resolución Gerencial-PAS N° 000018-2025-GSFP/ONPE, que acumuló los PAS en referencia; el Informe Final de Instrucción-PAS N° 000024-2025-GSFP/ONPE; y la Resolución Jefatural-PAS N° 000089-2025-JN/ONPE, que sancionó a la OP, fueron dirigidos al personero legal alterno, quien es también el recurrente. 2.5. Entonces, de los mencionados documentos, se advierte que el PAS seguido por la ONPE fue instaurado en contra de la OP como sujeto infractor; asimismo, fue tramitado y noti fi cado al señor recurrente y, posteriormente, al personero legal. Por ello, en el caso en concreto, y en virtud de la capacidad procesal otorgada mediante el artículo 48 del Reglamento del PAS y el sexto párrafo del artículo 4 de la LOP, en concordancia con el artículo 46 del Estatuto de la OP (ver SN 1.4., 1.10. y 1.14.), se advierte que, al inicio del PAS, el señor recurrente ostentaba también el cargo de personero legal ; y, dado que no existe con fl icto con la presentación de otro recurso de apelación que hubiere presentado el personero legal titular en funciones u otro acto que mani fi este su oposición, se concluye que el señor recurrente goza de capacidad procesal para interponer el recurso materia de análisis. 2.6. Por consiguiente, al advertirse la cali fi cación del recurso de apelación, el cual cumple con las exigencias previstas en los artículos 358 y 366 del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil 7, aplicable supletoriamente en esta instancia. Con relación al fi nanciamiento público directo y la infracción en el uso indebido de este 2.7. El fi nanciamiento público directo proviene de recursos estatales, los cuales son otorgados a las organizaciones políticas con el fi n de fi nanciar el funcionamiento ordinario, así como actividades de formación, capacitación, investigación y difusión. Por esta razón, cuenta con prohibiciones y un marco de fi scalización que permite supervisar el correcto uso; en caso contrario, la ONPE tiene la capacidad sancionadora para interponer multas en primera instancia, las cuales pueden ser apeladas y deben elevarse al JNE, para ser resueltas en última instancia. 2.8. En el presente caso, la ONPE sancionó a la OP con una multa de treinta y dos con cinco décimas (32.5) UIT y la pérdida del 10 % del FPD, por haber recaído en infracción muy grave, consistente en utilizar el FPD para fi nes diferentes a los señalados en la LOP. Especí fi camente, se cuestionó el uso de recursos públicos del FPD para el pago de intereses moratorios por subsanación de rentas de cuarta categoría, obligaciones de EsSalud correspondientes a periodos anteriores a la percepción del FPD, gastos de cobranza coactiva ante la ONP, así como consumos de alimentos, alojamiento, pasajes y otros gastos que no contaban con documentación su fi ciente que permitiera acreditar su vinculación con las actividades permitidas por el artículo 29 de la LOP (ver SN 1.5.). 2.9. En tal sentido, el destino de dichos recursos no puede quedar sujeto a la libre discrecionalidad de las organizaciones políticas, sino únicamente a los supuestos expresamente previstos en la LOP y en el Reglamento FSFP. Sobre la cuestión de fondo2.10. De la revisión integral del recurso de apelación, se advierte que este contiene: i) pretensión principal orientada a que se declare la nulidad de la Resolución Jefatural N° 000089-2025-JN/ONPE, que sancionó a la OP por utilizar el FPD para fi nes diferentes a los señalados en la LOP, y de la Resolución Jefatural N° 000093-2025-JN/ONPE, que declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto por la OP; y ii) pretensión subordinada de disponer el archivo del presente PAS. Pretensión principal: nulidad de las Resoluciones Jefaturales N° 000089-2025-JN/ONPE y N° 000093- 2025-JN/ONPE 2.11. De manera previa al análisis de las pretensiones formuladas en el recurso de apelación, corresponde verifi car si el PAS se ha desarrollado respetando las garantías del debido procedimiento, conforme al artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG (ver SN 1.15.). Al respecto, se veri fi ca que la OP fue debidamente notifi cada con la imputación de cargos y se le otorgó plazo para formular descargos, habiendo ejercido efectivamente su derecho de defensa mediante la presentación de escritos, alegaciones y recursos impugnatorios que fueron valorados por la autoridad administrativa. 2.12. Precisado ello, resulta pertinente señalar que el referido escrito de apelación contiene una pretensión principal orientada a que se declare la nulidad de las Resoluciones Jefaturales N° 000089-2025-JN/ONPE y N° 000093-2025-JN/ONPE, mediante las cuales se sancionó a la OP y se declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto contra la referida resolución sancionadora. En tal sentido, este Supremo Tribunal Electoral analizará, en primer término, los agravios vinculados a la alegada nulidad del procedimiento y, posteriormente, aquellos relacionados con el fondo de la controversia y la responsabilidad administrativa atribuida a la OP, conforme al orden lógico de las pretensiones formuladas por el recurrente. 2.13. En el presente caso, la controversia se circunscribe a determinar si la OP incurrió en la infracción muy grave prevista en el numeral 7 del literal c del artículo 36 de la LOP, por haber utilizado el FPD para fi nes diferentes a los señalados en la referida norma, durante el ejercicio anual 2023, conforme a las reglas de uso y rendición de cuentas establecidas en el artículo 29 de la LOP y en el Reglamento FSFP. Primer agravio: vulneración de los principios de legalidad y tipicidad 2.14. El señor recurrente sostiene que el órgano sancionador habría utilizado el concepto de “gasto necesario” como una cláusula jurídica indeterminada, confi gurando una tipi fi cación indirecta prohibida por el ordenamiento jurídico y vulnerando los principios de legalidad y tipicidad previstos en el artículo IV del Título Preliminar y el artículo 230 del TUO de la LPAG (ver SN 1.15. y 1.16.). 2.15. Al respecto, corresponde precisar que el numeral 7 del literal c del artículo 36 de la LOP tipi fi ca de manera expresa, como infracción muy grave, la utilización de FPD para fi nes distintos a los señalados en la citada ley, estableciendo de manera clara la conducta infractora cuya comisión genera responsabilidad administrativa. 2.16. Por su parte, el artículo 29 de la LOP en concordancia con los artículos 22 y 26 del Reglamento FSFP (ver SN 1.5. 1.12. y 1.13.), delimita expresamente los fi nes permitidos para la utilización del FPD, precisando que dichos recursos deben destinarse a gastos de funcionamiento ordinario, adquisición de bienes necesarios para actividades consustanciales al objeto de la organización política, así como actividades de formación, capacitación, investigación o difusión. 2.17. En tal sentido, la labor desarrollada por el órgano sancionador no consistió en crear una nueva conducta infractora ni ampliar indebidamente el supuesto tipi fi cado por ley, sino en efectuar una labor de subsunción jurídica orientada a veri fi car si los gastos observados guardaban correspondencia con los fi nes legalmente autorizados para el uso del FPD. 2.18. En ese sentido, los gastos observados fueron evaluados a partir de los parámetros establecidos en la LOP y el Reglamento FSFP, concluyéndose que no se encontraban comprendidos dentro de los conceptos permitidos; por consiguiente, no se advierte vulneración