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Pág. 228106 NORMAS LEGALES Lima, lunes 12 de agosto de 2002 la modernización de las relaciones entre diferentes acto- res de dichas sociedades. Sin embargo, pese a estos progresos, las condicio- nes de vida y la inseguridad alimentaria de una impor- tante proporción de los habitantes de dichos países, y en especial de las poblaciones rurales, sigue constituyendo la principal preocupación de organismos gubernamenta- les e internacionales. Actualmente se estima para América Latina, que unos 204 millones de personas viven en condiciones de pobreza -un 2 por ciento más que en 1990-. De ellas, 78 millones viven en las áreas rurales, representando el 54 por ciento de los hogares. Los avances en la reducción de esta situa- ción durante las últimas dos décadas han sido insuficien- tes, de modo tal que la proporción de la población que vive en condiciones de pobreza ha permanecido estable desde 1980. El número de personas desnutridas ha disminuido levemente, de 58,6 millones de personas en 1990 a 53,4 millones en 1997, disminución insuficiente para contrarres- tar el retroceso en las cifras en la década de los ochenta, cuando el número de desnutridos aumentó en 13 millones. En esta perspectiva la FAO, al convocar en su próxi- ma Conferencia Mundial a examinar los logros y avances en el objetivo de la SMA de 1996, de reducir a la mitad para 2015 el número de personas con inseguridad alimentaria, ha señalado que es preciso que los gobier- nos actúen prontamente para movilizar y utilizar efi- cazmente recursos adicionales que permitan crear las condiciones para mejorar el ingreso y acceso a los ali- mentos de los grupos pobres y vulnerables. En el pasado reciente, en los países en desarrollo se han observado nuevas tendencias en el papel del Estado y su papel en el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones vulnerables. Por una parte, si bien el sector privado ha sido considerado el motor principal del creci- miento económico y responsable de la generación de las nuevas oportunidades de empleo, que generan incremen- tos en los ingresos necesarios para mejorar las condicio- nes de vida de la población, por otra, los gobiernos inter- vienen ampliamente para garantizar un entorno macroeco- nómico propicio a la actividad económica y a la provisión de bienes públicos; para financiar inversiones en infraes- tructura; para facilitar el desarrollo productivo de sectores seleccionados como estratégicos; para garantizar un am- biente proclive a la promoción de la inversión privada na- cional y extranjera; para garantizar la existencia de redes de seguridad social para las poblaciones vulnerables, y para la inversión en recursos humanos y el desarrollo de normativas de protección del medio ambiente 1. La experiencia muestra que si bien las actividades gubernamentales si bien han sido reorientadas, disminu- yendo el papel provisor directo de bienes y servicios al de operador y constructor de políticas, facilitador de la inversión privada y regulador2; el gasto público sigue sien- do una importante condición para el desarrollo económi- co y social de las áreas rurales, a través de la provisión de bienes como la investigación, la extensión agraria, la infraestructura, servicios públicos en las áreas rurales, redes de protección frente a desastres naturales, progra- mas para facilitar el ajuste de determinados sectores o regiones a los procesos de apertura comercial, o para financiar innovaciones que garanticen la sostenibilidad ambiental. Éstas, entre otras, son ejemplos de funciones públicas que siguen exigiendo al sector público la movili- zación anual de ingentes cantidades de recursos3. 1.2 Modernización del Estado y Políticas Públicas hacia las áreas rurales. Bajo esta óptica, se considera que la gestión presu- puestaria de la administración pública juega un papel vi- tal en el proceso de desarrollo. A nivel agregado tres son los elementos que caracterizan el proceso presupues- tario: (a) cambiantes condiciones internacionales y do- mésticas determinan importantes variaciones en los flu- jos de ingresos públicos de un año para otro y, por otro lado, una creciente demanda de servicios. Esta situación requiere la elaboración de políticas innovadoras en las áreas consideradas estratégicas y el mejoramiento de los sistemas de provisión de servicios a escala operacional; (b) el continuo requerimiento de respuestas hacia el sec- tor público en la provisión de servicios claves. El gobier- no ha incrementado sus intervenciones en áreas críticas para el apoyo al desarrollo y el crecimiento económico, la protección del medio ambiente, la regulación de las rela-ciones entre el sector público y el privado, y la reducción de la pobreza, entre otras áreas; (c) la creciente deman- da de participación y control social de las intervenciones públicas. Para satisfacer las demandas de información y participación, la administración pública necesita el esta- blecimiento de sistemas dinámicos para la comunicación, así como una creciente profesionalización de las diferen- tes estructuras nacionales y subnacionales de gestión. En el contexto actual de los procesos de desarrollo, el mejoramiento de la calidad de los procesos de gestión ha sido considerado como una importante variable sujeta a control por las autoridades nacionales. De un modo gene- ral, son varias las áreas e implicaciones de una adecuada gestión gubernamental. La primera es la promoción, dise- ño e implementación de una estrategia nacional y secto- rial de desarrollo comprehensiva e integral. En segundo lugar, se ha señalado la transparencia del proceso de toma de decisiones y accountability de las acciones emprendi- das. En tercer y último lugar, el desarrollo de un sistema de administración (gestión) pública efectivo y eficiente. Estrategias no bien definidas o prioridades con obje- tivos contradictorios con dichas metas se identifican en- tre las principales causas de la falta de progresos sus- tantivos en materia de reducción de la pobreza, y la inse- guridad alimentaria continuó siendo una realidad en una década en la que existió un notable crecimiento de los recursos disponibles en programas y acciones guber- namentales orientados hacia esos fines 4. Las perspectivas de menor crecimiento de la mayoría de las economías de la región, el contexto de la crisis económica que, desde hace tres años, afecta a los paí- ses desarrollados, y las demandas sociales incentivadas por expectativas generadas en el ejercicio de las demo- cracias nacionales, propone un importante interrogante sobre las posibilidades reales de consolidar los niveles de gasto social alcanzados en la década anterior. Adicionalmente, se ha tornado crecientemente impor- tante una mayor eficiencia en la focalización de la inversión pública, siendo crucial para los gobiernos identificar y loca- lizar su asignación de recursos hacia subsectores estraté- gicos donde la iniciativa privada es poco probable que se materialice, manteniendo la orientación hacia un desarrollo basado en los mercados nacionales e internacionales. A pesar de que los gobiernos de los países de la re- gión han experimentado importantes cambios durante este proceso de reformas estructurales, aún no se con- solida de manera integral una visión moderna en la ges- tión de la administración pública 5. Aspectos como los mencionados arriba son de incipiente implementación en los países de la región, y, muchas veces, discontinuados intentos por avanzar en la dirección señalada. Una razón que explicaría esta situación radica en la ausencia de programas de cooperación y asistencia técnica regional expresamente orientados a la modernización de la ges- tión del Estado, especialmente en el sector agrícola y rural. Los esfuerzos que en estas materias se han reali- zado con el concurso de los organismos internacionales de cooperación técnica han tenido lugar, preferentemente en los sectores de mayor incidencia en los procesos de 1El promedio regional de gasto público social per cápita ascendió en el bie- nio 1996-1997 a 457 dólares de 1997, lo que se compara con los 331 (dóla- res de 1997) registrados en el bienio 1990-1991. Esto significa un incremen- to del 38% para el período y equivale a una tasa anual de crecimiento del orden del 5,5 por ciento. (CEPAL, 1998). 2En el sector agrícola, durante el pasado reciente y en la actualidad, los gobiernos de la región han hecho importantes esfuerzos para subsanar los sesgos antiagrícolas de las políticas económicas de la etapa de sustitución de importaciones, adoptando políticas para liberalizar los mercados agríco- las, reducir las distorsiones de precios y dar mayor espacio a los actores privados en la actividad económica sectorial. 3De acuerdo a información proporcionada por estudios recientes, se estima que el gasto público hacia las áreas rurales en apoyo a la competitividad del sector agrícola y el desarrollo rural, alcanza valores que oscilan entre el 10 por ciento y el 5 por ciento del PBI agrícola de los países estudiados. 4Estudio "Gasto Público para el Desarrollo del Sector Agrícola y Rural" (FAO- RLAC). Resultados preliminares estudios de casos de 12 países de Améri- ca Latina.5United Nations, 2000. "General lessons of expenditure reforms under SAF/ ESAF" en: Economic Governance: Guidelines por Effective Financial Mana- gement .