Diario oficial El Peruano

NORMA LEGAL OFICIAL DEL DÍA 14 DE ENERO DEL AÑO 2026 (14/01/2026)

CANTIDAD DE PAGINAS: 152

Fuente: Diario Oficial El Peruano.

TEXTO PAGINA: 65

65 NORMAS LEGALES Miércoles 14 de enero de 2026 El Peruano / Puescas, se aprecian objetivamente las secuencias procesales pertinentes respeto al cargo a), referido a: “Habría aceptado el fraccionamiento del monto adeudado con la única fi nalidad que pueda conocer las medidas cautelares de los procesos principales de los Expedientes números: 71-2019, 72-2019, 73-2019, 74-2019, 75-2019, 76-2019, 77-2019, 78-2019, 79-2019, 80-2019, 81-2019, 82-2019, 83-2019, 84-2019, 85-2019, 86-2019 y 87-2019, cuyos montos superan la cuantía que le corresponde conocer en calidad de juez de paz, deuda que asciende a la suma de S/ 168,825.66, cifra superior al monto que legalmente corresponde conocer a un juez de paz no letrado, y que de manera irregular e individual en cada medida cautelar, se ejecuta por la suma de S/ 12,500.00; (…)”. i) Estando al cuestionamiento atribuido al investigado, es pertinente señalar lo que prevé el artículo dieciséis de la Ley número veintinueve mil ochocientos veinticuatro, Ley de Justicia de Paz: “Artículo 16. Competencia El juez de paz puede conocer las siguientes materias: (…) 2. Con fl ictos patrimoniales por un valor de hasta treinta (30) Unidades de Referencia Procesal. (…)”. ii) En ese contexto, de la revisión de los documentos que corresponden a los expedientes números 71-2019, 72-2019, 73-2019, 74-2019, 75-2019, 76-2019, 77-2019, 78-2019, 79-2019, 80-2019, 81-2019, 82-2019, 83-2019, 84-2019, 85-2019, 86-2019 y 87-2019, sobre obligación de dar suma de dinero, de fojas ciento cuarenta y ocho a ciento sesenta y tres, seguido ante el Juzgado de Paz de Primera Nominación de San Pedro-Talara de la Corte Superior de Justicia de Sullana, a cargo del investigado Epifanio Aldana Puescas, se aprecia lo siguiente: • Solicitudes cautelares fuera de proceso de fecha 2 de setiembre de 2019, donde la accionante indicaba en el petitorio lo siguiente: “Pedimos al juzgado se sirva decretar una medida cautelar fuera del proceso, contra U-PERÚ LIVING CONDITIONS SAC, hasta por la suma de S/ 12,500.00 (Doce mil quinientos con 00/100 soles), con la fi nalidad de asegurar el pago de la obligación que tiene pendiente con la ejecutante (demandante), producto de una factura por la suma de S/ 168,825.66 soles, por el cual solo se ejecuta por el monto de S/ 12,500.00 soles como capital demandado, para efectos de la cuantía y competencia del juzgado, más los intereses legales, compensatorios y moratorios, costos y costas del proceso cautelar… • Demandas de obligación de dar suma de dinero de fecha 25 de setiembre de 2019, mediante las cuales el demandante Corporación Jusa Perú S.A., interpone demanda contra U-Perú Living Conditions S.A.C. “(…) para que en su calidad de deudor directo nos abone la suma de S/ 12,500.00 soles, producto de una factura de S/ 168,825.66 soles … de la cual solo se ejecute por el monto de S/ 12,500.00 soles, por el servicio prestado en la construcción del Edi fi cio de Telecomunicaciones - Petroperú- Talara, en la instalación de paneles y accesorios de tabiquería de losa y revoques y otros, en el Proyecto de Modernización de la Re fi nería de Talara (…). • Las solicitudes cautelares fueron admitidas mediante resolución N° 1 de fecha 12 de setiembre de 2019, en tanto las demandas fueron admitidas por resolución N° 01 de fecha 04 de octubre del 2019”. iii) En esa línea de ideas, dado que el cuestionamiento es sobre la falta de competencia por razón de la materia para conocer los expedientes números 71-2019, 72-2019, 73-2019, 74-2019, 75-2019, 76-2019, 77-2019, 78-2019, 79-2019, 80-2019, 81-2019, 82-2019, 83-2019, 84-2019, 85-2019, 86-2019 y 87-2019, sobre obligación de dar suma de dinero, se debe tener presente que la competencia es la capacidad que tiene un juez para ejercer válidamente la potestad jurisdiccional. Dicha capacidad está de fi nida en virtud de determinados ámbitos que la ley se encarga de establecer, a efecto de constituir un presupuesto de validez de la relación jurídico-procesal; por lo que, todo acto realizado por un juez incompetente será nulo; es decir, a través de la competencia se precisa quien, dentro de aquellos, tiene potestad constitucionalmente atribuida y puede según la ley, conocer válidamente un asunto en particular. iv) Respecto a la importancia de valorar en el acto típico, el rol de un juez de paz no letrado 1, tenemos como una re fl exión fi nal: “(…). Si bien es cierto que, desde la fundación misma de la Republica Peruana, por obra y pluma del Tribuno José Faustino Sánchez Carrión, los señores jueces de Paz No Letrados, son los más legítimos garantes, en sus respectivas localidades, del poder de administrar justicia del Estado, debemos de reconocer, sin embargo, que un Juez de Paz No Letrado, no es un sacerdote de la Ley y de la justicia, para decirlo con palabras de Rousseau y Montesquieu, sino un hombre de carne y hueso que administra justicia según su “leal saber y entender”, no siendo por ello obligatorio, incluso, que fundamente jurídicamente sus resoluciones, conforme al art. IV de la Ley 29824, Ley de Justicia de Paz, de fecha 03 de enero del 2012; y, su Reglamento”. Es por esta razón que, a pesar de no estar obligado a fundamentar normativamente sus actos jurisdiccionales, empero está obligado a no dejar de conocer sus competencias y el límite de éstas; siendo así, “la competencia” como orden público; y, tiene que ser ejercida por el órgano al cual se le atribuye, no pudiendo ser delegada por su titular a un órgano distinto, en tanto que las normas que la determinan son imperativas; es decir, que las reglas que establecen y modi fi can la competencia se encuentran sustraídas de la voluntad no solo de las partes, sino también de quien asume la competencia, quienes deben atenerse a lo previamente determinado en la ley. En ese sentido, el Tribunal Constitucional, al referirse a la competencia, señala: “10.5 (…) . La competencia deviene en la atribución de autoridad otorgada para generar una manifestación de poder. Su otorgamiento no sólo comprende el ejercicio de disposición, sino también el límite de su uso como potestad. En ese contexto, el Estado, a través de uno de sus órganos u organismos constitucionales, puede manifestar válidamente, fruto de una competencia imperativa o discrecional -según lo dispongan la Constitución o las normas del bloque de constitucionalidad-, su voluntad política” 2. v) De todo lo expuesto, es factible a fi rmar que el investigado al admitir a trámite los expedientes números 71-2019, 72-2019, 73-2019, 74-2019, 75-2019, 76-2019, 77-2019, 78-2019, 79-2019, 80-2019, 81-2019, 82-2019, 83-2019, 84-2019, 85-2019, 86-2019 y 87-2019, sobre obligación de dar suma de dinero, tenía conocimiento de sus competencias; por lo que, no le correspondía conocer, en virtud a lo previsto en el artículo dieciséis de la Ley número veintinueve mil ochocientos veinticuatro, Ley de Justicia de Paz que establece las materias que pueden ser conocidas por el juez de paz; puesto que las pretensiones solicitadas (fraccionadas), cuyo monto total ascendía a ciento sesenta y ocho mil ochocientos veinticinco soles con sesenta y seis céntimos, supera en demasía las treinta Unidades de Referencia Procesal (URP) que, para el ejercicio fi scal del año dos mil diecinueve el monto máximo permitido era doce mil seiscientos soles. En ese sentido, se trataba de un monto superior al que pude conocer un juez de paz no letrado; y, por ello, el investigado, conscientemente y de manera irregular, admitió a proceso, de manera individual o fraccionada, diecisiete demandas con las mismas partes procesales; así como, la misma pretensión, a fi n de no sobrepasar el límite permitido según su competencia, de forma aparentemente maliciosa. Por lo que, a la fecha de la interposición de las medidas cautelares y de la demanda de obligación de dar suma de dinero, habría incurrido objetivamente en falta disciplinaria muy graves, previstas en los numerales tres y ocho del artículo cincuenta de la Ley de Justicia de Paz, concordante con los numerales tres y ocho del artículo veinticuatro del Reglamento del Régimen Disciplinario del Juez de Paz, respectivamente. 7.1.2. En cuanto al cargo b) relativo a: “Haber concedido medidas cautelares con la sola presentación de