Fuente: Diario Oficial El Peruano.
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74 NORMAS LEGALES Miércoles 14 de enero de 2026 El Peruano / sentencia fi rme, sí tenía conocimiento de que se seguía en su contra un proceso judicial por hechos suscitados, según la denuncia de fecha ocho de diciembre de dos mil dieciocho, tomando conocimiento de la resolución número cuatro, de fecha veintinueve de setiembre de dos mil veintitrés, de fojas cincuenta y siete a setenta y ocho, que contiene la Sentencia N° 273-2023, expedida por el Octavo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que lo condenó como uno de los autores del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones leves, en agravio de Alberto Ríos Yarlaque, imponiéndole dos años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución, por el periodo de prueba de un año; la misma que fue confi rmada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque mediante Sentencia N° 16-2024, contenida en la resolución número diez de fecha veintidós de enero de dos mil veinticuatro, de fojas ochenta a ochenta y seis, que con fi rmó la sentencia de primera instancia, dándose inicio a su ejecución con la resolución número doce de fecha dieciocho de abril de dos mil veinticuatro, de fojas ochenta y ocho a noventa, notifi cada al quejado en su dirección electrónica como legal, el veintinueve de abril de dos mil veinticuatro, a fojas noventa y uno, conforme se aprecia del reporte del Sistema de Actos Procesales del Poder Judicial, a fojas setenta y nueve; y, que pese a ello, no habría puesto en conocimiento de la O fi cina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz, ni de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, sobre el contenido de la referida sentencia condenatoria en su contra. 7.10.2. Es decir, a poco más de un mes de haber asumido el cargo de juez de paz, dolosamente omitió informar a los órganos competentes que existía sentencia condenatoria en su contra; y, pese que aún no quedaba fi rme, ya se encontraba inmerso en una posición de contravención en el cargo de juez de paz que venida ejerciendo; desacreditándose el argumento del investigado, sobre considerarse inocente, puesto que desde la sentencia de primera instancia (condenatoria) se observa la objetividad de los hechos, actuación probatoria, y valoración de las pruebas que contravienen la sola manifestación del investigado. Sumado a ello, se advierte que asistió a la audiencia de apelación en segunda instancia, el veintidós de enero de dos mil veinticuatro; razón por la cual se desluce el argumento sobre desconocimiento de la sentencia fi rme, toda vez que, entre la fecha de audiencia y la noti fi cación de la resolución número catorce, que puso a tramitación la ejecución de las medidas de comparecencia restringida; esto es, el siete de agosto de dos mil veinticuatro, había transcurrido aproximadamente siete meses, resultando imposible el desconocimiento; materializándose así, la transgresión del numeral siete del artículo uno de la Ley número veintinueve mil ochocientos veinticuatro, Ley de Justicia de Paz, referido a los requisitos para ser juez de paz: “No haber sido condenado por la comisión de delito doloso”, conducta disfuncional tipi fi cada como falta muy grave contenida en el numeral doce del artículo veinticuatro del del Reglamento del Régimen Disciplinario del Juez de Paz, aprobado por Resolución Administrativa número doscientos noventa y siete guion dos mil quince guion CE guion PJ, que dispone: “Artículo 50°.- Faltas muy graves: De conformidad al artículo 50 de la Ley de Justicia de Paz, son faltas muy graves; (…). 12. Ocultar alguna prohibición, impedimento o incompatibilidad, señalados en los artículos 2º, 3° y 7º de la Ley de Justicia de Paz, para el acceso o ejercicio de la función de juez de paz, o abstenerse de informar una casual sobrevenida”. 7.10.3. Es preciso agregar que a la fecha, en adición a la condena por delito doloso existente mencionada en el párrafo precedente, se observa copias de la “Denuncia Policial REGPOL - Lambayeque”, de fecha seis de noviembre de dos mil veintitrés, de fojas seis a siete, por un hecho cometido el catorce de octubre de dos mil veintitrés, a través del cual el señor Hernán Joel Sánchez Mendoza fue denunciado por haber cometido el presunto delito contra el patrimonio, en la modalidad de usurpación, en agravio del señor Marcelino Montalvo Villegas e hijos, hecho que además se judicializó con una “Demanda de nulidad de acto jurídico” , presentada ante el Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque el treinta de noviembre de dos mil veintitrés, de fojas ocho a veinte; y, demás documentos relacionados al mismo hecho, que probaría una conducta presuntamente cuestionable, contraviniendo su deber previsto en el numeral dos del artículo cinco de la Ley número veintinueve mil ochocientos veinticuatro, Ley de Justicia de Paz, consistente en: “Mantener una conducta personal y funcional irreprochable acorde con el cargo que ocupa”. Octavo. Sanción a imponer.8.1. En base a todo lo expuesto, se ha determinado indubitablemente que el investigado incumplió sus deberes establecidos en el artículo cinco, numerales dos y siete, de la Ley número veintinueve mil ochocientos veinticuatro, Ley de Justicia de Paz, que señalan: “ 2. Mantener una conducta personal y funcional irreprochable acorde con el cargo que ocupa. (…) . 7. Acatar las disposiciones de carácter administrativo del Poder Judicial. (…)”, al haber ocultado dolosamente informar a la O fi cina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz, y a la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, el contenido de la referida sentencia condenatoria en su contra, que acreditaría encontrarse inmerso en la causal de impedimento para acceder al cargo de juez de paz, como lo establece el numeral siete del artículo uno de la citada ley, ejerciendo el cargo hasta esa fecha; puesto que, al corroborarse que tuvo conocimiento que existía un proceso judicial en su contra, como autor de un delito, pre fi rió ocultarlo, lo que nos conlleva a a fi rmar que era consiente que tal situación jurídica establecida por la ley; y, al colocarlo en un estado de desventaja frente al resto de postulantes que cumplían con los requisitos para la plaza de juez de paz convocada, decidió omitirla; además, de que dicha conducta o accionar materializado, cuando ya ostentaba el cargo, automáticamente se considera causal de destitución; aunado a ello, las demás prerrogativas existentes, entre ellas, que contraviene la imagen honorable de actuación y conducta intachable e irreprochable que, por principio, prescinde la investidura que el cargo de juez de paz amerita. 8.2. Habiendo quedado acreditado que el señor Hernán Joel Sánchez Mendoza en su actuación como juez de paz, incurrió en falta grave y muy grave respectivamente, previstas en el numeral dos del artículo veintitrés del Reglamento del Régimen Disciplinario del Juez de Paz, aprobado por Resolución Administrativa número doscientos noventa y siete guion dos mil quince guion CE guion PJ: “Desacatar las disposiciones administrativas del Poder Judicial” y numeral doce del artículo veinticuatro del mismo reglamento: “Ocultar alguna prohibición, impedimento o incompatibilidad, señalados en los artículos 2°, 3° y 7° de la Ley de Justicia de Paz, para el acceso o ejercicio de la función de juez de paz, o abstenerse de informar una causal sobrevenida” , de conformidad con el artículo cincuenta, numeral doce, de la Ley de Justicia de Paz, se advierte la existencia de un concurso de infracciones 2. Por lo que, en razón de la materia, corresponderá aplicar la sanción prevista para la falta muy grave (infracción de mayor gravedad). 8.3. En esa línea de ideas, corresponde determinar la sanción a imponer, para ello se debe tener presente lo dispuesto por el último párrafo del artículo cincuenta y cinco de la Ley número veintinueve mil ochocientos veinticuatro, Ley de Justicia de Paz que establece: “El procedimiento disciplinario del juez de paz tiene una regulación especial con la fi nalidad de garantizarle el respeto a sus derechos de defensa y a un debido proceso. Asimismo, debe tenerse en consideración el grado de instrucción, su cultura, costumbres y tradiciones, así como su lengua materna y el nivel de conocimiento que tiene del idioma castellano” . Del mismo modo, se precisa que se tiene en cuenta lo determinado en el artículo sesenta y tres, literal k), del Reglamento de la Ley de Justicia de Paz, aprobado por Decreto Supremo número cero cero siete guion dos mil trece guion JUS, que recoge el principio de proporcionalidad, en cuya virtud, la sanción debe ser proporcional a: i) gravedad de los hechos, ii) las condiciones personales del investigado, iii) las circunstancias de la comisión y debiéndose considerarse