Fuente: Diario Oficial El Peruano.
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75 NORMAS LEGALES Miércoles 14 de enero de 2026 El Peruano / en caso necesario, las particularidades que corresponden a la justicia de paz. 8.4. Para ello, el Tribunal Constitucional en más de una oportunidad se ha pronunciado sobre el principio de proporcionalidad, aplicado al control de la potestad sancionadora de la Administración, estableciendo: “(…) 16. El principio de proporcionalidad ha sido invocado en más de una ocasión por este Tribunal, ya sea para establecer la legitimidad de los fi nes de actuación del legislador en relación con los objetivos propuestos por una determinada norma cuya constitucionalidad se impugna (Exp. N° 0016-2002-AI/TC), ya sea para establecer la idoneidad y necesidad de medidas implementadas por el Poder Ejecutivo a través de un Decreto de Urgencia (Exp. N° 0008-2003-AI/TC), o también con ocasión de la restricción de derechos fundamentales en el marco del proceso penal (Exp. N° 0376-2003-HC/TC). No obstante, este Colegiado no ha tenido ocasión de desarrollar este principio aplicándolo al control de la potestad sancionadora de la Administración, ámbito donde precisamente surgió, como control de las potestades discrecionales de la Administración. 17. En efecto, es en el seno de la actuación de la Administración donde el principio de proporcionalidad cobra especial relevancia, debido a los márgenes de discreción con que inevitablemente actúa la Administración para atender las demandas de una sociedad en constante cambio, pero también, debido a la presencia de cláusulas generales e indeterminadas como el interés general o el bien común, que deben ser compatibilizados con otras cláusulas o principios igualmente abiertos a la interpretación, como son los derechos fundamentales o la propia dignidad de las personas. (…)” 3. 8.5. Respecto a la razonabilidad y proporcionalidad de las sanciones administrativas, el Tribunal Constitucional ha señalado que la potestad administrativa disciplinaria: “9. (…), está condicionada, en cuanto a su propia validez, al respeto de la Constitución, los principios constitucionales y, en particular, de la observancia de los derechos fundamentales. Al respecto, debe resaltarse la vinculatoriedad de la Administración en la prosecución de procedimientos administrativos disciplinarios, al irrestricto respeto del derecho al debido proceso y, en consecuencia, de los derechos fundamentales procesales y de los principios constitucionales (v.gr. legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad) que lo conforman” 4. Es pertinente precisar que dichos principios se encuentran establecidos en el artículo doscientos de la Constitución Política del Perú, señalando el Tribunal Constitucional respecto a los mismos que: “15. (...) el principio de razonabilidad parece sugerir una valoración respecto del resultado del razonamiento del juzgado expresado en su decisión, mientras que el procedimiento para llegar a este resultado sería la aplicación del principio de proporcionalidad con sus tres subprincipios: de adecuación, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación. (...)” 5. 8.6. Por lo tanto, conforme al considerando precedente y de lo actuado en el procedimiento administrativo disciplinario, debe observarse la debida adecuación o proporcionalidad entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada; y, sobre la fi nalidad de determinar la gradualidad de la sanción es fundamental puntualizar que el derecho administrativo sancionador lo que busca es sancionar una conducta irregular desplegada por un determinado administrado, surgiendo como barrera al criterio arbitrario de la entidad, quien -en esencia- actúa como juez y parte; por lo que, ante la presunción de una conducta irregular por parte de una persona adscrita a una determinada entidad, debe -de manera inexorable- no solo ponderar la posible sanción sobre dicha conducta, sino también someterla al escrutinio de la razonabilidad; es decir, valorar si la posible sanción aplicada resulta razonable en el caso particular, ya que de no ser así correspondería adoptar otras medidas o en todo caso, dosi fi car la ya determinada. 8.7. Siendo así, bajo esas premisas se observa que en relación a la gravedad de los hechos, se aprecia el accionar doloso del investigado, quien: a) Tuvo un grado de participación directa en la conducta disfuncional, al ocultar y no informar a la O fi cina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz, ni de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, el contenido de la referida sentencia condenatoria en su contra, encontrándose inmerso en la causal de impedimento para acceder al cargo de juez de paz, como lo establece el numeral siete del artículo uno de la Ley de Justicia de Paz, ejerciendo el cargo hasta la fecha en que se conoció del hecho. b) El investigado no tiene estudios en el campo del derecho; sin embargo, del expediente se desprende que tiene grado de instrucción “secundaria completa”, situación que lo conlleva a comprender la gravedad de su conducta, quien tenía conocimiento y su fi ciente capacidad para comprender la irreprochabilidad de las conductas disfuncionales advertidas y el correcto accionar con que debió haber actuado en las mismas, incumpliendo el requisito de idoneidad establecido en la Ley de Justicia de Paz, no siendo pasible aplicarle el principio de juez lego 6, entendiéndose que tenía la capacidad de leer y comprender la Ley de Justicia de Paz; además, de contar con la capacidad técnica para comprender las normas y disposiciones dictadas por el Poder Judicial. Sin embargo, actuó infringiendo su deber de mantener una conducta personal y funcional reprochable, acorde con el cargo que ocupa, desacatando las disposiciones de carácter administrativo del Poder Judicial; desacreditándose con ello su argumento de que no comprendía la gravedad de su conducta disfuncional que generó un grave perjuicio en la correcta actuación administrativa y de justicia, generando desmedro en la imagen del Poder Judicial; por lo que, su conducta se subsume en falta muy grave prevista en el numeral doce del artículo veinticuatro del Reglamento de Régimen Disciplinario del Juez de Paz (de conformidad con el artículo cincuenta de la Ley de Justicia de Paz), por: “12. Ocultar alguna prohibición, impedimento o incompatibilidad, señalados en los artículos 2°, 3° y 7° de la Ley de Justicia de Paz, para el acceso o ejercicio de la función de juez de paz, o abstenerse de informar una causal sobrevenida” , trayendo consigo que estas acciones contrarias a la norma, ejercidas por parte del juez de paz investigado, generen descon fi anza por parte de la sociedad, en desmedro de la imagen del Poder Judicial, debiendo ser sancionado drásticamente. 8.8. Corresponde, ahora, realizar el control de proporcionalidad de la sanción individualizada para las conductas disfuncionales acreditadas, para lo cual se desarrollará los siguientes subprincipios: a) idoneidad o adecuación , en este estadio del análisis se indagará si la restricción constituye un medio idóneo o adecuado para contribuir a la obtención de una fi nalidad legítima. Toda medida que implique una intervención en los derechos fundamentales debe ser adecuada para contribuir a la obtención de un fi n constitucionalmente legítimo; b) de necesidad , se deben examinar las alternativas existentes para alcanzar el fi n legítimo perseguido y precisar la mayor o menor lesividad de aquellas; y, c) de proporcionalidad en sentido estricto , en este último paso del análisis se considera si la restricción resulta estrictamente proporcional, de tal forma que el sacri fi cio resulta inherente a aquella no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal limitación. 8.8.1. En cuanto al subprincipio de idoneidad o adecuación , si bien el artículo cincuenta y cuatro de la Ley número veintinueve mil ochocientos veinticuatro, Ley de Justicia de Paz; así como, el artículo veintinueve del Reglamento del Régimen Disciplinario del Juez de Paz, aprobado mediante Resolución Administrativa número doscientos noventa y siete guion dos mil quince guion CE guion PJ, prevén como única sanción para los casos de comisión de faltas muy graves, la sanción de destitución. Sin embargo, la mera acreditación de la comisión de una falta muy grave no determina automáticamente la adopción de esta medida. 8.8.2. En ese sentido, en atención al subprincipio de necesidad corresponde evaluar si dado el nivel o grado en que se materializó la falta muy grave, la única medida posible para restablecer la norma quebrantada es la sanción de destitución. Por lo que, en el presente caso, se ha acreditado el grado de participación directa del juez de paz investigado en la falta que se le atribuye: “al haber ocultado o no haber puesto en conocimiento de la O fi cina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz, ni de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, el