Diario oficial El Peruano

NORMA LEGAL OFICIAL DEL DÍA 14 DE ENERO DEL AÑO 2026 (14/01/2026)

CANTIDAD DE PAGINAS: 152

Fuente: Diario Oficial El Peruano.

TEXTO PAGINA: 68

68 NORMAS LEGALES Miércoles 14 de enero de 2026 El Peruano / artículo sesenta y tres del Reglamento de la Ley número veintinueve mil ochocientos veinticuatro, Ley de Justicia de Paz, aprobado por Decreto Supremo número cero cero siete guion dos mil trece guion JUS, ante las situaciones detalladas y su plena acreditación, corresponde aplicar la sanción de destitución conforme, también, lo contempla el artículo cincuenta y cuatro de la Ley de Justicia de Paz, tomándose en cuenta la gravedad de las conductas disfuncionales previstas como faltas muy graves, aunado a la trascendencia social del caso en el ámbito de su competencia. 7.2.4. La responsabilidad y sanción drástica de destitución determinada precedentemente, proviene de las conductas disfuncionales incurridas durante el desempeño de las funciones del entonces juez de paz Epifanio Aldana Puescas, en circunstancias en que se encontraba ejerciendo el cargo de juez de paz de Primera Nominación de San Pedro-Talara de la Corte Superior de Justicia de Sullana. Por lo que, se justi fi ca su procesamiento y sanción, aun cuando ya no labore en el Poder Judicial, dado que los procedimientos administrativos disciplinarios contra los jueces de paz tienen la fi nalidad -entre otros- de asegurar una adecuada prestación del servicio de justicia de paz, conforme a lo previsto en el artículo uno del Reglamento del Régimen Disciplinario del Juez de Paz, constituyendo ello, una fi nalidad publica de interés general en favor de la sociedad en su conjunto. Al respecto, Castañeda Otsu ha precisado: “(…) debe tenerse en cuenta que -en el ámbito disciplinario- la potestad sancionadora tiene como fi nalidad encausar la conducta de los funcionarios y servidores públicos para la protección de su organización y adecuado funcionamiento. De esta manera, quien comete un ilícito administrativo necesariamente tiene una relación de sujeción especial con el Estado (…)” 6. 7.2.5. En ese sentido, ante la falta muy grave plenamente acreditada en autos que atenta contra las funciones, imagen y respetabilidad del Poder Judicial, corresponde aplicar la sanción prevista en el artículo cincuenta y cuatro de la Ley de Justicia de Paz, que consiste en su “… separación de fi nitiva del cargo …” y que, en similares términos, recoge el artículo veintinueve del Reglamento del Régimen Disciplinario del Juez de Paz, ello en concordancia con lo establecido en el numeral seis punto uno de la Directiva: “Disposiciones para la aplicación del registro nacional de sanciones contra servidores civiles en el Poder Judicial”, aprobado por Resolución Administrativa número cero cero cero cero cincuenta y ocho guion dos mil veintiuno guion CE guion PJ, que precisa: “La inscripción, recti fi cación, retiro, modi fi cación, suspensión y consulta con el RNSSC de las sanciones registrables, impuestas a los servidores, ex servidores, directivos, funcionarios, jueces del Poder Judicial y jueces de justicia de paz, se rige por las disposiciones que regulen la materia ”. Razones por las cuales, la renuncia, suspensión o término de funciones del juez de paz, no lo eximen de responsabilidad y menos obstaculiza la imposición de la medida de destitución, en tanto que la ejecución de dicha sanción se efectúa mediante la incorporación al legajo personal del investigado y la inscripción en el registro de sanciones respectivo. 7.3. Con todo lo expuesto, obrando los medios de pruebas su fi cientes, acopiados en el presente procedimiento administrativo disciplinario, se establece de manera incuestionable que el juez de paz investigado Epifanio Aldana Puescas, quebrantó sus deberes impuestos de desempeñar sus deberes con responsabilidad y e fi ciencia, de actuar con independencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones; así también, de mantener una conducta personal y funcional irreprochable acorde con el que cargo que ocupa; además, de desempeñar sus funciones con dedicación y diligencia, al haber admitido a trámite demandas, aceptando el fraccionamiento del monto adeudado en un proceso de dar suma de dinero, con la única fi nalidad que pueda conocer las medidas cautelares de los procesos principales de diecisiete expedientes, cuyos montos superan la cuantía que le correspondía conocer en su condición de juez de paz, deuda que ascendía a la suma de ciento sesenta y ocho mil ochocientos veinticinco soles con sesenta y seis céntimos (en los expedientes números 71-2019, 72-2019, 73-2019, 74-2019, 75-2019, 76-2019, 77-2019, 78-2019, 79-2019, 80-2019, 81-2019, 82-2019, 83-2019, 84-2019 y 85-2019) por montos de doce mil quinientos soles, del total a embargar por la suma de ciento sesenta y ocho mil ochocientos veinticinco soles con sesenta y seis céntimos, correspondiente a la Factura 001-N° 000013, y de los expedientes números 85-2019, 86-2019 y 87-2019, por montos de doce mil quinientos soles del total a embargar por la suma de cuarenta mil soles, correspondiente a la Factura 001- N° 000016. Además, de conceder medidas cautelares con la sola presentación de facturas en copias simples, a pesar que la norma estipula que se presentan los originales de dichas facturas; y, pese a que carecía de competencia. 7.4. En relación al principio de legalidad, el Tribunal Constitucional en sentencia recaída en el Expediente N° 00156-2012-PHC/TC del ocho de agosto de dos mil doce (caso César Humberto Tineo Cabrera) y en la sentencia recaída en el Expediente N° 2050-2002-AA/TC del dieciséis de abril de dos mil tres (caso Carlos Israel Ramos Colque) ha establecido que: el principio de legalidad (nullum crimen, nullum poena, sine lege) “… consagrado por el ordinal “d” del numeral 24 del artículo 2° de la Constitución Política del Estado, según el cual “Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente califi cado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley” , el cual constituye un principio básico del derecho sancionador, que no sólo se aplican en el ámbito del derecho penal, sino también en el del derecho administrativo sancionador, el cual incluye, naturalmente, al ejercicio de potestades disciplinarias en el ámbito castrense. Una de esas garantías es, sin lugar a dudas, que las faltas y sanciones de orden disciplinario deban estar previamente tipi fi cadas y señaladas en la ley. 7.5. Además, el máximo intérprete de la Constitución subraya que no debe identi fi carse el principio de legalidad con el principio de tipicidad. “El primero, garantizado por el ordinal “d” del numeral 24) del artículo 2° de la Constitución, se satisface cuando se cumple con la previsión de las infracciones y sanciones en la ley. El segundo, en cambio, constituye la precisa de fi nición de la conducta que la ley considera como falta. Tal precisión de lo considerado como antijurídico desde un punto de vista administrativo, por tanto, no está sujeta a una reserva de ley absoluta, sino que puede ser complementada a través de los reglamentos respectivos, como se in fi ere del artículo 168° de la Constitución. La ausencia de una reserva de ley absoluta en esta materia, como indica Alejandro Nieto (Derecho administrativo sancionador, Editorial Tecnos, Madrid 1994, Pág. 260), “provoca, no la sustitución de la ley por el reglamento, sino la colaboración del reglamento en las tareas reguladoras, donde actúa con subordinación a la ley y como mero complemento de ella” . Asimismo, el artículo doscientos cuarenta y ocho, numeral cuatro, del Texto Único Ordenado de la Ley número veintisiete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo número cero cero cuatro guion dos mil diecinueve guion JUS, respecto a la tipicidad señala: “Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipi fi cación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especi fi car o graduar aquellas dirigidas a identi fi car las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipi fi car infracciones por norma reglamentaria”. 7.6. Finalmente, se ha determinado indubitablemente la comisión de las conductas disfuncionales atribuidas al señor Epifanio Aldana Puescas, quien en su actuación como juez de paz de Primera Nominación de San Pedro-Talara de la Corte Superior de Justicia de Sullana, infringió los deberes de actuar con dedicación y diligencia, establecido el numeral cinco del artículo cinco de la Ley de Justicia de Paz, que prevé. “ El juez de paz tiene el deber