Fuente: Diario Oficial El Peruano.
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67 NORMAS LEGALES Miércoles 14 de enero de 2026 El Peruano / la labor de administrar justicia que, solo puede tener su correlato con la realidad, si se cumplen tales garantías, lo cual conforme a lo expuesto en forma precedente no fue actuado por el juez de paz investigado; conducta que incrementa su lesividad, en tanto se veri fi ca que las diecisiete medidas cautelares y respectivas demandas fueron tramitadas, simultáneamente, con celeridad inusual, aun cuando, según obra en los respectivos escritos fi guran fi rmados por el mismo abogado “Larry W. Guevara Madueño” , quien, conforme se ha expuesto ampliamente, ha recibido un trato parcializado, en todos los casos, incluso incurriendo el juez de paz investigado, en evidente contravención de las normas que regulan su propia actuación, sin justi fi cación alguna. f) Consiguientemente, las circunstancias de la tramitación de los procesos y actuación del juez de paz investigado -ordenar y ejecutar el pago, con celeridad y sin noti fi car a la demandada y sin mandato judicial fi rme o sentencia en procesos patrocinados por el mismo abogado-, determinadas precedentemente, valoradas en su conjunto generan convicción de la existencia de relaciones extraprocesales con el abogado que patrocinó las diecisiete medidas cautelares e interpuso las demandas en todos los casos; siendo que la forma de proceder del juez de paz investigado no corresponde con las normas aludidas y resulta incompatible con el trato regular de un juez con las partes procesales. Mas aún, si se ha veri fi cado parcialización de los intereses del demandante, al no haberse noti fi cado previamente a la parte demandada. Por lo tanto, ante la concurrencia de los elementos probatorios descritos precedentemente, se acredita indubitablemente la responsabilidad del investigado por las conductas disfuncionales atribuidas. g) En tal sentido, contando el juez de paz investigado con la experiencia, puesto que durante once años ocupó el cargo de teniente gobernador 3; así como, tener contacto directo con el doctor Puelles (encargado de brindar las capacitaciones a los jueces de paz del Poder Judicial), a quien posteriormente realizó la consulta sobre sus competencias en procesos de dar suma de dinero; aunado el hecho de tener acercamiento y amistad con fi scales (conocedores del derecho), habiendo apoyado en dicha institución, sacando copias, a quienes pudo de alguna manera comentar su actuar en condición de juez de paz no letrado, en el proceso que se le estaba presentando en su judicatura, como el mismo investigado mani fi esta en su declaración. Además, de contar con el criterio su fi ciente para cumplir con su deber, por contar con secundaria completa 4, antes de adoptar decisiones como en el presente caso -no pronunciarse sobre la oposición-. Asimismo, se encontraba obligado a otorgar el derecho de defensa a la parte demandada y contar con resolución fi rme, aunque fuera según su leal saber entender; siendo que a los jueces de paz les concierne ayudar a que los vecinos de su jurisdicción puedan vivir en paz y resolver sus problemas cotidianos 5, lo que no fue cumplido por el investigado, cuando con su actuación, transgredió los principios y garantías fundamentales de imparcialidad, independencia y debido proceso, generando cuestionamientos a su actuación. Razones por las cuales, carece de justi fi cación su irregular proceder, ante la evidente contravención de las normas que regulan su actuación, ante la presentación de demandas; resultando innegable el conocimiento por el juez de paz investigado de las normas como la Ley de Justicia de Paz. En ese sentido, se veri fi ca perjuicio muy grave al sistema de judicial y menoscabo serio a la investidura del cargo ostentado, como manifestación de un servicio de impartición de justicia que coadyuve desde su comunidad al fortalecimiento del Poder Judicial; y, asegure un sistema sólido y e fi ciente que genere con fi anza en la ciudadanía, contribuyendo a la seguridad jurídica y paz social. Se advierte, además, que se ha denotando ausencia de comprensión de los principios de imparcialidad, independencia y derecho de defensa, siendo que a la parte demandante si noti fi có con todas las resoluciones, empero al demandado, solo algunas, lo cual lo desmerece para el cargo de juez de paz ostentado, ameritando ser sancionando disciplinariamente de manera drástica.7.2. A fi n de imponer una sanción adecuada ante la falta disciplinaria cometida, deben valorarse las circunstancias que podrían atenuarla o en su caso agravarla; así como, verifi car si concurren elementos que hagan necesaria la imposición de una sanción por debajo del límite señalado. 7.2.1. En relación a su condición de juez de paz de Primera Nominación de San Pedro-Talara de la Corte Superior de Justicia de Sullana, el investigado Epifanio Aldana Puescas en la fecha de los hechos; esto es, el doce de setiembre de dos mil diecinueve (emisión de resoluciones en los diecisiete procesos cautelares y principales), se encuentra corroborado con la información remitida por la Jefatura de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial que, entre otros, señaló como antecedente que el investigado juramentó en el cargo de juez de paz de Primera Nominación de San Pedro-Talara de la Corte Superior de Justicia de Sullana, el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho y se mantuvo en el cargo hasta el trece de enero de dos mil veinte (haciendo referencia a la resolución número cinco del trece de enero de dos mil veinte, expedida en la Medida Cautelar N° 954-1-2018-Sullana, como obra de la resolución número seis, de fojas tres mil cuatrocientos cinco a tres mil cuatrocientos siete). 7.2.2 De lo actuado en el procedimiento administrativo disciplinario, ha quedado acreditado que el juez de paz investigado incurrió en la conducta disfuncional atribuida, descrita en los literales a) y b) del quinto considerando de la presente resolución, por disponer la entrega o endose de certi fi cados de depósito -derivados de medidas cautelares de embargos en forma de retención-, en los autos admisorio de las demandas, incumpliendo su deber establecido en el numeral cinco del artículo cinco de la Ley de Justicia de Paz, que señala que el juez de paz tiene el deber de: “Desempeñar sus funciones con dedicación y diligencia”, lo cual constituye falta muy grave prevista en los numerales tres y ocho del artículo cincuenta de la mencionada ley, que señala: “3. Conocer, in fl uir o interferir, directa o indirectamente, en causas a sabiendas de estar legalmente impedido de hacerlo, o cuando estas estén siendo conocidas o hayan sido resueltas por la justicia ordinaria o la jurisdicción especial. (…) .8. Establecer relaciones extraprocesales con las partes o terceros, que afecten su imparcialidad y/o independencia, en el desempeño de su función. (…)” ; y, conforme al artículo cincuenta y cuatro de la citada norma y el numeral tres del artículo veintiséis y el artículo veintinueve del Reglamento del Régimen Disciplinario del Juez de Paz, aprobado por Resolución Administrativa número doscientos noventa y siete guion dos mil quince guion CE guion PJ, se sanciona con destitución. 7.2.3. En tal sentido, acreditada la responsabilidad funcional del juez de paz investigado por el cargo atribuido en su contra, tipi fi cado como falta muy grave, bajo las circunstancias expuestas y evidente contravención a los deberes de imparcialidad, independencia y derecho de defensa; así como, el evidente incumplimiento de las normas que regulan su actuación, cuyo conocimiento resulta incuestionable -por estar expresamente previsto en la Ley de Justicia de Paz- y por tener secundaria completa; y, con ello, su esencia de justi fi cación para su actuación irregular; aunado a que conforme al registro de sanciones del SISANC-PJ, de fojas tres mil cuatrocientos dos a tres mil cuatrocientos tres, tiene dos medidas disciplinarias de suspensión de seis meses rehabilitadas, lo que da cuenta de su continuo proceder, contrario al cumplimiento de sus deberes; y, ante la gravedad de la infracción incurrida en autos, que no solo repercute de manera negativa en la imagen del Poder Judicial ante la sociedad, sino que también obstaculiza seriamente la misión de este Poder del Estado, el cual es: “Administrar justicia a través de sus órganos jurisdiccionales, con arreglo a la constitución y a las leyes, garantizando la seguridad jurídica y al tutela jurisdiccional, para contribuir al estado de derecho, al mantenimiento de la paz social y al desarrollo nacional” . Por lo mismo, en aplicación del principio de proporcionalidad normado por el inciso k) del