Fuente: Diario Oficial El Peruano.
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73 NORMAS LEGALES Miércoles 14 de enero de 2026 El Peruano / mil veintitrés, de fojas cincuenta y siete a setenta y ocho, expedida por el Octavo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, en el Expediente N° 01104-2023-79-1706-JR-PE-02, en el cual falla: “3.1. CONDENO a los acusado (…) y SÁNCHEZ MENDOZA, HERNÁN JOEL, como autores del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en su fi gura de LESIONES en la modalidad de LESIONES LEVES , ilícito previsto en el numeral 1 del artículo 122° del Código Penal, en agravio de RÍOS YARLAQUE, ALBERTO , como tal se le impone DOS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD SUSPENDIDA EN SU EJECUCIÓN, POR EL PERIODO DE PRUEBA DE UN AÑO ; quedando sujeto (…) a las siguiente reglas de conducta, previstas en el artículo 58° del Código Penal (…)” . 7.5. Asimismo, esta imputación se corrobora con la revisión de la Sentencia N° 16-2024, contenida en la resolución número diez de fecha veintidós de enero de dos mil veinticuatro, de fojas ochenta a ochenta y seis, emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, mediante la cual se con fi rmó la sentencia de primera instancia, de fecha veintinueve de setiembre de dos mil veintitrés, en el extremo apelado, indicando que la sanción punitiva se ha ubicado dentro del tercio inferior, especí fi camente, en su extremo mínimo; y, la reparación civil se ha fi jado de manera razonable y prudente, teniéndose en cuenta el quantum de las lesiones según el peritaje médico legal, por requerir cuatro atenciones facultativas por quince días de incapacidad médico legal; y, por dichas consideraciones, de conformidad con el artículo cuatrocientos veinticinco, numeral tres, literal b), del Código Procesal Penal, por unanimidad se declaró: “… INFUNDADA la apelación formulada por la defensa de los sentenciados (…) y Hernán Joel Sánchez Mendoza, (…). En consecuencia: CONFIRMAN la sentencia de fecha veintinueve de setiembre de dos mil veintitrés (…)”. 7.6. Del mismo modo, esta imputación de los hechos no ha sido negada por el juez de paz investigado, toda vez que en audiencia única llevada a cabo el veinticuatro de enero de dos mil veinticinco, de fojas ciento cincuenta y nueva a ciento sesenta y tres, al concedérsele el uso de la palabra al quejado, indicó que: “(…) desconocía del tema. Si bien es cierto, el abogado que asesoraba su situación en ese problema, no le informó lo que debió ser en su momento, no sabría cómo explicarlo pues si el doctor Gonzáles no lo llama para informarle que estaba suspendido por ese motivo, él no habría estado enterado” , agrega: “(…) sabía que tenía el juicio, sí, que estaba llevando el juicio antes de postular a juez de paz, pero no sabía de la sentencia fi nal, sabía de una sentencia que el abogado apeló, pero de la última que se dio, que me está leyendo no tenía conocimiento. De modo contrario, hubiera hecho mi apelación a la Corte Superior porque hay una instancia superior más donde puedo apelar”. Continua con la a fi rmación a la pregunta de que no habría informado de esa causal sobreviniente a la Corte Superior por desconocimiento . Finalmente, indica que considera que: “(…) no es culpable de los hechos que se le imputan, no le dio interés de seguir el caso, porque creía en la justicia y pensaba que se iba a archivar; asimismo, indica que en el documento que le dan cuando lo designan Juez de Paz en ningún renglón señala que debe comunicar si tenía una sentencia en la que ha sido juzgado o no, en ese sentido, señala que debería escucharse su posición. (…)”. 7.7. De lo expuesto, con todos estos medios de pruebas acopiados en el presente procedimiento administrativo disciplinario se establece que el juez de paz investigado quebrantó su deber impuesto de: “Mantener una conducta personal y funcional irreprochable acorde con el cargo que ocupa” , al haber ocultado o no haber puesto en conocimiento de la O fi cina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz, ni de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, el contenido de la referida sentencia condenatoria en su contra, que acreditaría encontrarse inmerso en la causal de impedimento para acceder al cargo de juez de paz, como lo establece el numeral siete del artículo uno de la Ley de Justicia de Paz, ejerciendo el cargo hasta esa fecha, conforme la información del Coordinador de O fi cina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control de la referida Corte Superior. 7.8. En relación al principio de legalidad, el Tribunal Constitucional en sentencia recaída en el Expediente N° 00156-2012-PHC/TC del ocho de agosto de dos mil doce (caso César Humberto Tineo Cabrera) y en la sentencia recaída en el Expediente N° 2050-2002-AA/ TC del dieciséis de abril de dos mil tres (caso Carlos Israel Ramos Colque) ha establecido que: el principio de legalidad (nullum crimen, nullum poena, sine lege) “… consagrado por el ordinal “d” del numeral 24 del artículo 2° de la Constitución Política del Estado, según el cual “Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente califi cado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley” , el cual constituye un principio básico del derecho sancionador, que no sólo se aplican en el ámbito del derecho penal, sino también en el del derecho administrativo sancionador, el cual incluye, naturalmente, al ejercicio de potestades disciplinarias en el ámbito castrense. Una de esas garantías es, sin lugar a dudas, que las faltas y sanciones de orden disciplinario deban estar previamente tipi fi cadas y señaladas en la ley. 7.9. Además, el máximo intérprete de la Constitución subraya que no debe identi fi carse el principio de legalidad con el principio de tipicidad. “El primero, garantizado por el ordinal “d” del numeral 24) del artículo 2° de la Constitución, se satisface cuando se cumple con la previsión de las infracciones y sanciones en la ley. El segundo, en cambio, constituye la precisa de fi nición de la conducta que la ley considera como falta. Tal precisión de lo considerado como antijurídico desde un punto de vista administrativo, por tanto, no está sujeta a una reserva de ley absoluta, sino que puede ser complementada a través de los reglamentos respectivos, como se in fi ere del artículo 168° de la Constitución. La ausencia de una reserva de ley absoluta en esta materia, como indica Alejandro Nieto (Derecho administrativo sancionador, Editorial Tecnos, Madrid 1994, Pág. 260), “provoca, no la sustitución de la ley por el reglamento, sino la colaboración del reglamento en las tareas reguladoras, donde actúa con subordinación a la ley y como mero complemento de ella” . Asimismo, el artículo doscientos cuarenta y ocho, numeral cuatro, del Texto Único Ordenado de la Ley número veintisiete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo número cero cero cuatro guion dos mil diecinueve guion JUS, respecto a la tipicidad señala: “Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipi fi cación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especi fi car o graduar aquellas dirigidas a identi fi car las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipi fi car infracciones por norma reglamentaria”. 7.10. En base a ello, se debe precisar que la imputación contra el investigado Hernán Joel Sánchez Mendoza, versa sobre la valoración de los hechos descritos, en cuyo caso, para determinar la responsabilidad o no, se deben evaluar en forma concatenada el cargo imputado y las instrumentales obrantes en el expediente disciplinario, mereciendo especial atención los períodos y circunstancias en las que se produjeron los hechos; así como, veri fi car el grado de lesividad o perturbación al servicio judicial, cuyo análisis y control disciplinario se efectúa de la siguiente manera: 7.10.1. Se colige que, si bien el investigado Hernán Joel Sánchez Mendoza, a la fecha de adjudicación de la plaza como juez de paz de Segunda Nominación del Centro Poblado de Sipán, distrito de Zaña, provincia de Chiclayo, departamento y Corte Superior de Justicia de Lambayeque, el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés fecha de la expedición de su designación, conforme a la Resolución Administrativa número mil doscientos cuatro guion dos mil veintitrés guion P guion CSJLA diagonal PJ, de fojas noventa y siete a ciento uno, no contaba con