CONSORCIO TALARA

la nulidad de la referida resolución, así como se declara procedente la ampliación del plazo contractual solicitado por el Consorcio AIAT TALARA.

AIAT TALARA.

Y el tercer hecho es el pedido de pago por parte del Consorcio AIAT TALARA.

AIAT TALARA, ello en razón del vínculo de interés que ostenta con Marco Antonio Pérez Mufarech, quien es integrante del Consorcio AIAT TALARA, y con mayor participación en el contrato social (55%),

tributaria. g) Que preexiste un concierto de voluntades entre el titular del pliego, representantes del Consorcio AIAT TALARA y Petróleos del Perú a fi n de defraudar la confi anza pública y obtener un

AIAT TALARA, quienes incluso ante el Ministerio de Energía y Minas se registran como asesores del alcalde. i) La serie de sucesos acontecidos vinculados con el Consorcio AIAT TALARA y Petroperú y en

Y el tercer hecho es el pedido de pago por parte del Consorcio AIAT TALARA.

Con respecto al tercer elemento, determinó que:Se veri fi ca el interés directo de dicha autoridad en las relaciones contractuales con el Consorcio AIAT TALARA, ello en razón del vínculo de interés que

el pago. d) El alcalde tuvo una doble posición, como autoridad y como persona gestora de los intereses de Petróleos del Perú y Consorcio AIAT TALARA, por lo que se acredita su intervención, por responsabilidad

de Talara, cancele al Consorcio AIAT TALARA la suma de diez millones de soles (correspondiente al porcentaje que reclamaba), ello a razón de que la empresa Petróleos del Perú abonó la suma dineraria de

y el Consorcio AIAT TALARA, representado por José Luis Casado Pinedo.

AIAT TALARA, como es el pago de una suma dineraria, la cual, de conformidad con el artículo 56, numeral 4, de la LOM, constituye un bien municipal.

restricciones a la contratación, siendo ellos: i) La existencia de un contrato, ii) que el alcalde de la Municipalidad Provincial de Talara mostró interés particular, respecto a los bene fi cios del Consorcio

AIAT TALARA, y iii) que se ha producido un confl icto de intereses entre el interés público municipal, que el alcalde debió proteger como cabeza de la entidad edil, y el interés particular que conlleva