TEXTO PAGINA: 7
Pág. 179913 NORMAS LEGALES Lima, martes 2 de noviembre de 1999 son causadas por las plagas agrícolas, muchas de las cuales son susceptibles de ser controladas. En 1996, las pérdidas económicas por incidencia de plagas y enferme- dades, alcanzó a 61 millones de dólares, de los cuales al ataque de plagas le corresponde el 63%. A los daños directos que se señalan se deben añadir los daños indirectos representados por los gastos en pestici- das, que alcanzaron a 30.6 millones de dólares en 1987 - reducidos por la recesión a sólo 27 millones de dólares en 1991 y en 1995 de 58 millones a 60 millones de dólares-, y los efectos indeseables colaterales de los mismos; resur- gencia de las plagas combatidas, provocación de plagas secundarias, selección de poblaciones de plagas resisten- tes a los plaguicidas, contaminación ambiental y de ali- mentos, daños a la vida silvestre, intoxicaciones del hom- bre y animales domésticos, y perturbación del equilibrio natural de los agroecosistemas. Dadas las dificultades actuales de la economía, el ajuste fiscal es severo y la inversión pública ha experi- mentado una drástica reducción que ha impactado en los proyectos de ampliación de la frontera agrícola. Es por ello, que el Estado viene privatizando las grandes obras de irrigación de la costa y el apoyo a la ocupación productiva de la amazonía, se ha reducido a niveles extremos. En este contexto, la expansión de las áreas de cultivo se deja únicamente a la iniciativa privada vía las inversiones, tanto en compra de tierras como en irrigaciones. Sin embargo, las actuales áreas de cultivo por presentar bajos niveles de productividad promedio, podrían ofrecer la alternativa, vía innovación tecnológica, de alcanzar ma- yores niveles de producción y productividad a un menor costo, en relación a los que se requieren en las inversiones en ampliación de la frontera. El incremento de los rendi- mientos unitarios mediante la reducción de los daños que ocasionan las plagas, utilizando alternativas tecnológicas baratas y de fácil adopción, es el propósito que este Proyecto busca alcanzar. Durante 1997, el Congreso de la República dio la Ley de Promoción del Manejo Integrado para el Control de Plagas (Ley Nº 26749). Este dispositivo tiene como objeti- vo promover el MIP en la agricultura, tomando como referencia los aspectos ecológicos de las medidas de con- trol y fundamentalmente la preservación de la vida y las personas. Según esta ley la promoción del control ecológi- co en el marco del MIP, estará dirigida al fortalecimiento de las capacidades de los agricultores, a través de las actividades que llevarán a cabo las instituciones públicas y privadas especializadas en esta materia. Finalmente el dispositivo señala que el Estado fortalecerá las institucio- nes públicas y establecerá medidas de promoción e incen- tivos para las instituciones privadas dedicadas a imple- mentar programas de control con énfasis en los aspectos ecológicos. Del mismo modo es importante destacar que el Perú ha suscrito y adherido voluntariamente al Código Inter- nacional de Conducta para la Distribución y Utilización de Plaguicidas en noviembre de 1989. 2. Estrategia del país para el desarrollo agropecuario Luego del ajuste estructural, el rol del Estado ha cambiado a normativo, promotor y orientador de la acti- vidad productiva. En este sentido, la política agraria actual busca la mayor participación del sector privado, de un lado mediante la creación de un marco jurídico que aliente y garantice la inversión de largo plazo, y de otro alienta la participación de los productores organizados en el proceso productivo, mediante el apoyo a las comu- nidades campesinas y a los pequeños productores agra- rios. El actual gobierno espera promover el desarrollo de la agricultura a través del siguiente conjunto de medidas: i) seguridad jurídica de la propiedad, especialmente en lo que se refiere a los derechos sobre las tierras y el agua, ii) programas para mejorar el manejo de los recursos hídri- cos, que comprende el reforzamiento de las organizacio- nes de los agricultores y capacitación para lograr el uso óptimo del recursos, iii) desarrollo de los servicios de sanidad agraria, iv) desarrollo de sistemas de información confiable y oportuna sobre las condiciones de los merca- dos nacionales e internacionales. Para la pequeña producción agropecuaria el gobierno se propone: i) crear mecanismos financieros para la com- pra de insumos, usando para ello recursos de las sobreta-sas arancelarias y del 5% de arancel adicional que se aplica a un grupo de productos agrícolas importados, ii) dotación de maquinarias y equipos a precios preferencia- les, a través de fondos rotatorios y proyectos especiales, iii) creación de demanda para cultivos alto-andinos y amazónicos incentivando el incremento de áreas sembra- das, y iv) apoyo a la gestión de las empresas comunales y multicomunales. Estos objetivos se vienen implementan- do mediante la dación de un conjunto de normas orienta- das a la compra directa de alimentos nacionales por parte de organismos y programas de asistencia social (Ley Nº 26746, modificatoria del Artículo 2º de la Ley Nº 26573), la creación de fondos rotatorios de fertilizantes, agroquími- cos y semillas (Decreto de Urgencia Nº 076-97), y el Decreto de Urgencia Nº 089-97, en virtud del cual el Estado asume el pago de los aranceles e impuestos por la importación y comercialización de equipos de riego, ferti- lizantes y pesticidas, excluyéndose de éste a los insectici- das. Otro programa importante es la privatización de las tierras de las grandes irrigaciones de la costa. La meta es privatizar cerca de 112 mil has. con infraestructura de riego mayor en nueve proyectos de irrigación de la costa. Los compradores deben comprometerse en este progra- ma a ejecutar en el corto plazo, un programa mínimo de inversiones en infraestructura menor de riego e instala- ción de cultivos con fines de exportación. Este proceso de privatización se inició exitosamente en 1997, con la venta de 59 lotes del Proyecto Chao, Virú, Moche, Chicama (CHAVIMOCHIC) por un total de 6, 673 has. y un monto de 32.4 millones de US dólares. Como resultado del proceso de reformas el sector público agropecuario se ha dotado de una nueva institu- cionalidad, siendo el Ministerio de Agricultura la institu- ción de mayor relevancia en este contexto. El Ministerio de Agricultura es la institución del Gobierno Central, cuya responsabilidad es promover el desarrollo sostenido del sector agropecuario. Cuenta con órganos desconcentrados, cuya función es articular los lineamientos del nivel central del Ministerio con las regio- nes y departamentos a través de las Direcciones y Subdi- recciones Regionales Agrarias respectivamente, y con las provincias y distritos a través de las Agencias y Distritos Agrarios. Estos órganos dependen funcionalmente del Ministerio de Agricultura, pero articulan su trabajo con las diferentes instituciones de la administración pública representadas en la región. El Ministerio de Agricultura, para el cumplimiento de funciones específicas, cuenta a su vez con cuatro Organismos Públicos Descentralizados, con personería jurídica de derecho público interno y autonomía administrativa, técnica, económica y financie- ra. Entre éstas se tienen a: i) El Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) : cuya función básica es normativa en cuanto a la investigación y la transferencia de tecnología, salvo el caso de proyectos pilotos que producen semilla básica y promueven la difusión de semi- llas, entregándolas a grupos de semilleristas organizados, y la de fomento de la investigación, en el caso de la Sierra y la Selva, para la cual mantiene estaciones experimenta- les constituidas, en articulación con el sector privado. ii) El Instituto Nacional de Recursos Naturales (IN- RENA) : su función es establecer normas en relación a los recursos naturales, realizar estudios y proyectos en arti- culación con el resto de instituciones públicas y el sector privado, realizar algunos proyectos piloto de ejecución medioambiental y de riego y finalmente, organizar cursos o eventos de capacitación. iii) El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) : su función es promover la calidad sanitaria de los productos agropecuarios, reco- mendar ciertos productos y estimular que las propias organizaciones los difundan. En casos de emergencia, proporciona además medicamentos y vacunas; y, iv) El Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos (CONACS) : su función es promover la producción de camélidos y fomentar los lazos de los productores con los mercados nacional e internacional. 3. Asistencia anterior o en curso El Perú fue el primer país en sufrir en gran escala las graves consecuencias del control químico intensivo (50,000 ha.), en el cultivo de algodón (Valle de Cañete - 1955/56; Valles de Chincha y Pisco - 1956/57). Fue también el primer país en aplicar en forma exitosa y en la misma escala un Programa de Manejo Integrado en ese cultivo.