TEXTO PAGINA: 18
NORMAS LEGALES El Peruano Lima, martes 22 de mayo de 2007 345772 entre otros) que no se encontraban dentro del grupo objetivo previsto inicialmente. Asimismo, a partir del 2006 creó un plan semisubsidiado de acceso para personas de bajos ingresos, denominado SISALUD 2. A pesar de esta ampliación, el presupuesto no se incrementó. Por el contrario, éste fue reducido de S/. 271 millones de nuevos soles que se asignaron en el año 2006 a S/. 267 millones de nuevos soles en el 2007. Además de este problema en la asignación presupuestal se constataron problemas en la ejecución de dicho presupuesto, concretamente en los recursos que el SIS destinó a los Gobiernos Regionales para rembolsar los gastos incurridos por los establecimientos de salud por las atenciones que se brindaron a los bene fi ciarios. La información obtenida del propio SIS permitió detectar problemas en varias de las regiones estudiadas. El caso del Gobierno Regional de Huancavelica fue el de mayor gravedad, con el monto más alto sin ejecutar del presupuesto asignado por el SIS (en el 2005 ascendió a S/. 3’ 341, 157.10 nuevos soles y en el 2006 a S/. 2’ 777,022.55 nuevos soles). Asimismo, en la información recibida no se pudo determinar en qué rubro o área se utilizaron S/. 934,821.18 nuevos soles. 2. Problemas en el proceso de cali fi cación socioeconómica. El estudio realizado en el 2006 encontró un 5.8% de fi ltraciones, manteniéndose la cifra que reveló la muestra en el 2004, que era de 6%, a pesar de que se modi fi có el sistema de categorización, incorporando una nueva fi cha y variantes al proceso de afi liación. En el estudio del 2006 se atribuye esta cifra de fi ltración a diversos factores como la información falsa que brindan las personas, con la intención de forzar el sistema para acceder al SIS, por error de los responsables de la afi liación, ya sea al momento de tomar los datos o al digitalizarlos y, por último, por posibles actos de corrupción en el propio sistema de salud. Por otro lado, el estudio revela que, a pesar de los altos índices de pobreza extrema en las regiones estudiadas, el SIS no ha focalizado y, por ende, priorizado sus a fi liaciones a dicha población, toda vez que la cifra de pobres no extremos atendidos son, en el departamento de Huancavelica, el 64%, seguido del departamento de Cajamarca (con 62%), Puno (con 57%), Lima (con 51%) y Huánuco (con 39%). Existen problemas cuantitativos y cualitativos en el llenado de las Fichas de Evaluación Socioeconómica (FESE). La mayoría de las fi chas no contenía la información requerida y/o adolecía de problemas de legibilidad y precisión al momento de registrar los datos en la información, lo que generó graves problemas, toda vez que estos datos son imprescindibles para llevar a cabo una debida evaluación socioeconómica para la a fi liación. 3. El servicio brindado por el SIS y la vulneración del derecho a la salud. 3.1. Sobre disponibilidad. Se han constatado tres restricciones principales que vulneran el derecho a la salud: i) la falta de disponibilidad de establecimientos y servicios de salud, los cuales se encuentran cerrados o limitados en sus horarios para prestar el servicio; ii) la falta de disponibilidad de bienes y servicios; iii) la falta de personal de salud para atender a la población; y iv) problemas de disponibilidad de información, sobre todo en las provincias que forman parte de la muestra, a diferencia de Lima, en donde se dispone de mayor información. i) Falta de disponibilidad de establecimientos y servicios de salud. El estudio reportó que, en el 36.4% de los casos, los establecimientos y servicios de salud no se encontraban disponibles. Cabe destacar el caso de Huánuco, en el que el 100% de los entrevistados señaló que esto constituía un gran problema, debido principalmente a los pocos establecimientos de salud que existen en dicho departamento. ii) Falta de disponibilidad de bienes y servicios. La Ley General de Salud contempla la obligación de proteger la salud garantizando la atención con bienes y servicios que correspondan a las características y atributos indicados, permitiendo una atención con calidad. No obstante ello, el 17.4% del total de casos estudiados re fi ere algún problema de incumplimiento con relación a bienes y servicios, siendo los problemas más recurrentes los referidos a la falta de medicamentos e insumos. iii) Falta de personal de salud. La Ley General de Salud contempla la necesidad de garantizar la atención de salud con personal su fi ciente para atender los problemas de salud de la población. Sin embargo, el 87% de los entrevistados percibió la falta de personal, considerando indistintamente a médicos generales, médicos especialistas, obstetrices u odontólogos. Cabe destacar que la distribución de estos profesionales en el país no es homogénea. iv) Problemas de disponibilidad de información. No obstante que la Ley General de Salud estipula que la persona tiene derecho a recibir información veraz, oportuna, completa y en términos comprensibles sobre su proceso de atención –lo cual también está regulado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública–, el 50.4% de los usuarios manifestó que, respecto a su derecho a la salud, no contó con información disponible en los medios de comunicación ni en los establecimientos de salud. 3.2. Sobre accesibilidad. La población–objetivo del SIS enfrenta barreras de accesibilidad con relación a los siguientes aspectos: i) barreras de accesibilidad física y geográ fi ca (difícil acceso geográ fi co y falta de señalización de los establecimientos); ii) barreras económicas para acceder a este sistema debido a los costos que se deben afrontar; iii) problemas de carácter administrativo y de gestión que limitan el acceso de los bene fi ciarios, como el horario de atención o el tiempo de duración de los procesos de a fi liación; y iv) problemas de acceso a la información con relación a los bene fi cios que ofrece el SIS o a las historias clínicas de los usuarios. i) Accesibilidad física y geográ fi ca. La accesibilidad física y geográ fi ca a los establecimientos de salud supone la cercanía de la población a estos, así como la adecuada señalización de las diversas áreas administrativas y asistenciales, todo lo cual determina que el servicio sea adecuado. Sin embargo, el 9.4% de los casos estudiados señaló que existían barreras de acceso. ii) Accesibilidad económica. El factor económico es uno de los más importantes para lograr la accesibilidad a los servicios de salud debido a que la posibilidad de su uso está en función de la capacidad adquisitiva de la población. Al respecto, en el 69% de los casos estudiados se reportaron problemas para acceder al servicio de salud, siendo los costos más recurrentes los referidos a compra de medicamentos, análisis solicitados y el pago por a fi liación. El 79% de los entrevistados señaló que el ofrecimiento del SIS referente a atenciones gratuitas no se cumple en la realidad. Como parte de la atención, estos ciudadanos se vieron obligados a comprar sus medicinas, y a realizar pagos en el establecimiento o a terceros. iii) Accesibilidad administrativo/organizativa. El acceso a los servicios de salud supone la posibilidad de utilizarlos, lo cual se deriva de disposiciones de índole operativa que tienen por fi nalidad registrar el ingreso y la atención, el sistema de referencias y contrarreferencias, entre otros. Sin embargo, en el 21.2% de los casos estudiados se reportaron problemas para acceder a los servicios de salud por aspectos administrativo/organizativos, es decir, que se dan limitaciones de índole operativo o de gestión. Los problemas más recurrentes señalados fueron los trámites excesivos, las colas y la duración del proceso de a fi liación. Asimismo, hubo testimonios en los que se señalaron problemas debido a que los solicitantes no contaron con el DNI y la partida de nacimiento, documentos requeridos para a fi liarse al SIS. Por otro lado, las víctimas de la violencia –que se encuentran comprendidas en el denominado Plan E del SIS– presentaron los siguientes problemas: limitaciones para acreditarse como víctimas de la violencia ante el SIS, debido a la falta del Registro Único de Víctimas; exigencia de requisitos no contemplados en la norma, tanto para la a fi liación como para la atención; 3 la existencia de 2. De conformidad con lo anunciado por el Ministro de Salud, con fecha 7 de mayo del 2007, el seguro semisubsidiado, SISALUD, pretende ampliar el acceso a los servicios de salud a no menos de 500,000 personas y ampliar, para este año, el número de los a fi liados al SIS, seguro subsidiado, en millón y medio más de personas, con lo cual se llegaría a cinco millones y medio de afi liados. En: Diario o fi cial El Peruano. Lunes 7 de mayo del 2007. 3. Este problema fue detectado al realizar el estudio. Sin embargo, se deben destacar algunos avances, como la implementación de la Resolución Ministerial Nº 591-2006/MINSA que, entre otras disposiciones, contempla una solución transitoria para el problema de la a fi liación, aceptando las constancias que entregan FONCODES, la Defensoría del Pueblo y los Gobiernos Regionales, lo que les permite acceder a los servicios de salud que necesitan.