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17 NORMAS LEGALES Viernes 22 de diciembre de 2017 El Peruano / Posición PaísPaís/ TerritorioPuntuación del IPC 2016Encuestas utilizadasDesviación estándarIntervalo de confi anza de 90%Rango mínimo/máximo Min. Máx. Inferior Superior 9 Canadá 82 7 2.03 79 85 73 90 24 Chile 66 8 2.65 61 70 54 76 79 Brasil 40 8 4.34 33 47 25 61 90 Colombia 37 8 2.27 34 41 28 47 95 El Salvador 36 7 2.76 31 40 22 45 101 Perú 35 7 2.04 32 39 29 45 FUENTE: Transparency International América - 2016 Gráfi co N° 6 La corrupción no se desarrolla como un fenómeno unitario ni unidireccional, no se concentra en un solo sector económico o en una sola institución y tampoco se explica por un solo factor; por el contrario, tiene diferentes formas de aparecer de manera diversa en el escenario social, político y económico de nuestro país relacionándose con actividades criminales e ilícitas 9. Existen avances facilitados por normas jurídicas y acciones ejecutivas del Estado para la lucha contra la corrupción, como por ejemplo, el fortalecimiento de la Procuraduría Pública Anticorrupción a través del incremento de su presupuesto, también con la creación de la Comisión Nacional de Bienes Incautados – CONABI, encargada de ordenar procesos de incautación y administración de bienes nacionales. La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción - CAN-Anticorrupción, es un espacio integrado por instituciones públicas, privadas y la sociedad civil que viene realizando importantes esfuerzos de articulación, coordinación de acciones y propuestas de políticas de mediano y largo plazo dirigidas a prevenir y combatir la corrupción en el país. El registro de sancionados y destituidos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil –SERVIR, la creación del Sistema Nacional de Obras - INFOBRAS, registro de obras para monitoreo de su avance y cumplimiento; la incorporación del Perú a la Sociedad de Gobierno Abierto 10 y con ella la creación de una Comisión de Gobierno Abierto son esfuerzos que se suman y no deben estar aisladas. El escaso porcentaje de denuncias de corrupción se debe a la falta de conocimiento acerca de los medios de denuncia y a la falta de con fi anza en las instituciones encargadas de canalizar las denuncias y judicializarlas. Esto tendría un asidero en que la participación ciudadana sigue siendo de fi ciente y no logra insertarse activamente en los avances que se centran en la creación de campañas como la ha sido “Yo denuncio la corrupción”, cuya implementación del Centro de Orientación al Denunciante y elaboración de un Manual del Denunciante, no se ha realizado adecuadamente. Tampoco se tiene resultados tangibles por la aplicación de las siguientes leyes: • Ley N° 30521, que modi fi ca la Ley N° 30161, Ley que regula la presentación de Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas de los Funcionarios y Servidores Públicos del Estado con la fi nalidad de extender la referida obligación a todos los Funcionarios Públicos, Empleados de Con fi anza y Servidores Públicos para incrementar los alcances de la fi scalización que realiza la Contraloría General de la República. • Ley N° 30514, que incorpora el literal j) al artículo 9 de la Ley N° 26872, Ley de Conciliación, modi fi cada por la Ley N° 29876, mediante el cual se establece que no resulta exigible la conciliación extrajudicial a las acciones legales indemnizatorias ejercidas por la Contraloría General de la República. • Ley N° 30304, que prohíbe la suspensión de la ejecución de la pena a los delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos. • Decreto Legislativo N° 1104, que perfecciona la Ley de Pérdida de Dominio; la Ley N° 30111, que incorpora la pena de multa para los delitos cometidos por funcionarios públicos; la Ley N° 30270 que modi fi ca el artículo 21, inciso b), y el artículo 4 de la Ley N° 26367; la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, otorgando facultades para la suspensión de magistrados, entre otros. Por último, los avances del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, a cargo del CAN-Anticorrupción, se deberían ver re fl ejados en el fortalecimiento de las estructuras funcionariales, como por ejemplo en los órganos de control, Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial, hecho que bloquea cualquier política pública saludable. 4.2.6 Capacidad para efectivizar la modernización de la gestión pública Con el objeto de hacer más e fi ciente y efectiva la gestión pública, se aprobó la Política de Modernización de la Gestión Pública al 2021; el plan de implementación, iniciado en 2013, ha tenido avances favorables. Sin embargo, aún persisten los problemas de articulación con el Sistema de Presupuesto Público en los gobiernos regionales y locales, los cuales cuentan con inadecuados procesos de producción de bienes y servicios; limitada infraestructura, equipamiento y gestión logística; inadecuada política y gestión de recursos humanos por la diversidad de regímenes laborales; limitaciones en la evaluación de resultados e impactos en el seguimiento y monitoreo de los insumos, procesos, productos y resultados de proyectos y actividades; y la débil articulación intergubernamental e intersectorial propiciada en ocasiones por intereses políticos ajenos a la reforma administrativa. Uno de los más graves problemas de la gestión pública, que afecta el sistema político, es la corrupción de sus autoridades y funcionarios ya que desnaturaliza la adecuada intervención del Estado a través de sus entidades públicas. 4.2.7 Cultura de Seguridad NacionalExiste poco conocimiento por parte de los ciudadanos sobre el concepto de Seguridad Nacional. Lo más grave de esto es que algunas autoridades regionales y locales han mostrado escasos conocimientos en el tema, lo que podría explicar la ausencia de los siguientes aspectos: i. Precaria educación sobre la Seguridad Nacional en los niveles de educación secundaria, educación técnica y universitaria. ii. Falta de voluntad en impulsar la educación en las entidades educativas y en temas de Seguridad y Defensa Nacional con un enfoque integral que promueva la cohesión nacional. iii. De fi ciente difusión de la información sobre el signi fi cado, la correcta confección y el uso apropiado de los símbolos patrios. iv. Ausente difusión del rol del Estado para promover la adhesión ciudadana y la con fi anza en las instituciones en un entorno de paz, orden y respeto al Estado de derecho. El enfoque de una cultura de Seguridad Nacional que valorice e incorpore la nueva visión y enfoque de la Seguridad y Defensa Nacional, es una responsabilidad política y jurídica del Estado con la ciudadanía en todas las dimensiones sobre las cuales la seguridad y defensa se desarrollan. Esto se debe a que el Perú, a lo largo de su vida republicana, no ha consolidado una cultura de Seguridad Nacional, lo que se ve re fl ejado en que la ciudadanía 9 Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) (2014) Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción – 2012-2016. 10 La iniciativa “Open Government Partnership” (OGP, siglas en inglés) —o Sociedad de Gobierno Abierto— es una iniciativa internacional que busca promover compromisos concretos de los gobiernos que garanticen mayor acceso a la información pública, mayor participación ciudadana, lucha contra la corrupción y aprovechamiento de las nuevas tecnologías con el propósito de hacer que los gobiernos sean más transparentes, efi cientes y responsables ante los ciudadanos.