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59 NORMAS LEGALES Miércoles 7 de julio de 2021 El Peruano / ser rebatida mediante prueba en contrario; empero al margen de ello, se tiene, además, que en el presente caso, no se trata del cuestionamiento del voto, sino, de la participación como miembro de mesa y de todos los actos que el ejercicio de dicho cargo generan; por ende, dicha resolución deviene en impertinente a la resulta de la presente causa. 3.11. Lo expuesto también resulta aplicable para deslindar sobre la pertinencia de considerar el precedente contenido en la Resolución Nº 3277-2018-JNE, del 23 de octubre de 2018, donde, en igual sentido, se alude a la presunción de validez del voto. 3.12. Respecto de la Resolución Nº 0366-2011-JNE, del 10 de mayo de 2011, en la cual se concluyó, Sobre la carga de la prueba en los pedidos de nulidad, lo siguiente: a) “19. Este órgano colegiado ha visualizado cada una de las actas materia de impugnación, apreciando que existen algunas en las que si bien las fi rmas de los miembros de mesa no son exactamente iguales a las que fi guran en la consulta del Registro de Identi fi cación y Estado Civil, ello no signi fi ca que ellas sean falsas, pues para arribar a dicha conclusión se requieren de otros mayores elementos de juicio, con que se contaría si se tuviera una estación probatoria, y por la celeridad con la que se tramitan los procesos electorales, se carece de la misma [resaltado agregado]”. 3.13. Se aprecia que dicha resolución limita por celeridad, la existencia de una estación probatoria como etapa procesal, lo cual, no puede implicar la no actuación de pruebas objetivas, materiales e inmediatas, como lo es para el caso de las observaciones en las cuales se admite y regula lo concerniente al cotejo de las actas, conforme al artículo 16 de la Resolución No. 0331-2015-JNE publicada el 23-11-2015. Es decir, es loable que el JNE aplique el mismo criterio en estos supuestos especí fi cos de nulidad por falsedad de fi rmas, y a fi n de preservar los principios y garantías constitucionales. Por ende, tal resolución no puede ser interpretada y aplicada para limitar el ejercicio de la función de fi scalización que compete al órgano electoral. 3.14. Por lo demás, cabe referir que la necesidad de que la presente causa sea dilucidada a través del acopio de elementos de prueba inmediata y que obra en el sistema electoral; es de diferente índole; por un lado se tiene que respetar la garantía fundamental consagrada en el Art.1° de la Constitución, que conmina a todas las instituciones que conforma el estado peruano a la defensa de la dignidad de la persona; esto comprende los derechos fundamentales. Por otro lado, se trata de cumplir el deber de fi scalización de todo el proceso electoral el cual culmina con la proclamación de los ganadores, y fi nalmente evitar que se consume un ilícito penal en perjuicio del propio sistema electoral y del derecho de los electores, tan es así que este colegiado en causas idénticas viene aprobando por unanimidad que se remitan copia de los actuados pertinentes al Ministerio Público para los fi nes de ley; por el contrario, no hacerlo implicaría, además de negarse a la búsqueda de la verdad, incurrir en la posibilidad de encubrir un ilícito penal. 3.15. También tenemos que en la Resolución Nº 2972-2010-JNE, del 27 de octubre de 2010, citada en la Resolución Nº 3277-2018-JNE, del 23 de octubre del 2010, donde se señala lo siguiente: a) 12. […] Conforme lo ha manifestado este Colegiado en la Resolución Nº 893-2009-JNE de fecha 21 de diciembre de 2009: “[…] las manifestaciones de algunos ciudadanos no pueden constituir mérito su fi ciente por sí solas para incidir negativamente en los derechos fundamentales de los electores, pues, en virtud de las declaraciones de algunos ciudadanos no se puede anular el principio de soberanía y voluntad popular, ni tampoco afectar el derecho fundamental a elegir a sus representantes de los pobladores […]”. En adición a ello, cabe mencionar que la realización del proceso electoral y los actos que se expiden en dicho proceso (como las actas de escrutinio y de proclamación de resultados) se ven revestidas por los principios de presunción de legalidad y constitucionalidad, de forma que quien pretenda desvirtuar dicha presunción, debe acreditar fehacientemente que se ha incurrido en graves irregularidades [resaltado agregado]. 3.16. Dicho fundamento resolutivo no es pertinente al caso sub materia; pues, esta causa no se sustenta en el solo dicho de la parte recurrente, sino, que se acompañan elementos periciales, que justi fi can se active la garantía y atribución de fi scalización del proceso que compete al órgano electoral, no siendo válida la aplicación de una presunción absoluta de legalidad y constitucionalidad de los procesos electorales que no corre en ningún presupuesto normativo constitucional, como pareciera considerar el fundamento resolutivo glosado; toda vez, que admitir tal presunción como válida, implicaría negar toda posibilidad de cuestionamiento a cualquier irregularidad que pudiera ocurrir en el proceso. Asimismo, no está demás, poner énfasis en que un supuesto de falsi fi cación es de tal gravedad, que también cali fi ca como delito. 3.17. En cuanto al contenido de la Resolución Nº 3399-2018-JNE, del 9 de noviembre de 2018, informado para el desarrollo del presente, y en precisión respecto del párrafo siguiente: a) […] si bien es cierto que la nulidad de las elecciones puede declararse de o fi cio, también es cierto que, si dicha nulidad es solicitada por un tercero, este se encuentra obligado a acreditar las a fi rmaciones que sustentan su pretensión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 196 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en los procesos electorales llevados ante este Supremo Tribunal Electoral. 3.18. Se advierte curiosamente una contradicción intrínseca en la misma; pues, en principio pareciera reconocer de manera implícita que un proceso electoral tiene efectos jurídicos de interés público, y por ello alude a que pueden de o fi cio declararse nulidades en un proceso electoral, lo cual implica un reconocimiento a la garantía constitucional de fi scalización del proceso electoral; empero, en contradicción a ello, invoca una norma relativa a con fl ictos de intereses estrictamente privados, como es el de la correspondencia de la carga probatoria a quien alega un hecho invocando para ello el Art. 196 del Código Procesal Civil; desconociendo a su vez lo normado en el Art. 194 del mismo texto legal. 3.19. Lo expuesto en el párrafo 5. del citado resolutivo, narra una valoración fáctica respecto de los actuados en la causa que la motiva, y que no puede ser trasladado como precedente, por tanto, resulta impertinente al caso de autos. 3.20. También, se conoce de la existencia de criterios en relación con la Actuación de pericias grafotécnicas en el trámite de las solicitudes de nulidad, y que corresponderían a las Resoluciones: Nº 3277-2018-JNE, del 23 de octubre de 2018, En la Resolución Nº 3399-2018-JNE, del 9 de noviembre de 2018. Al respecto, cabe referir que la necesidad de la realización de una pericia la determina el órgano jurisdiccional, solo en el supuesto que la actuación de pruebas inmediatas, como la prevista para el caso de actas observadas (cotejo), y la aplicación del criterio de conciencia luego de confrontar directamente los elementos de prueba, no sean su fi cientes para dilucidar la causas; es decir, sería una prueba alternativa, y ultima, que no necesariamente es imprescindible; empero, la actividad de fi scalización no puede ser negada so pretexto de la celeridad de una elección. 3.21. Por el contrario, si resulta pertinente a los autos la aplicación del principio de fi scalización del proceso electoral, como garantía del respeto a la veracidad o autenticidad de la expresión del elector. 3.22. En cuanto a lo estimado en la Resolución Nº 3373-2018-JNE, del 6 de noviembre de 2018, se establece lo siguiente: a) 18. Frente al argumento del apelante que ante la comparación de las actas electorales estas no coinciden en las grafías y fi rmas de los miembros de mesa, se tiene que dicha a fi rmación no ha sido acreditada mediante un informe pericial grafotécnico. Sin embargo, en el supuesto negado de que efectivamente las fi rmas de los miembros de mesa se falsi fi caron, dicha actuación equivaldría la