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Pág. 14 SEPARATA ESPECIAL Lima, lunes 4 de junio de 2001 Recuadro 2 PRIORIDADES DE GASTO PÚBLICO Durante los últimos años, a pesar que el gasto público en programas sociales se ha incrementado significativamente y del esfuerzo realizado por las organizaciones de base, las organizaciones no guberna- mentales y la cooperación internacional, la pobreza sigue siendo una situación vivida por una mayoría creciente de peruanas y peruanos. Es indispensable minimizar el carácter predominantemente asistencial de los programas sociales y orientar la política social a la generación y fortalecimiento de habilidades económicas, sociales, políticas y culturales, que permitan aprovechar creativamente las oportunidades cambiantes que las personas, y en especial las menos favorecidas, hallan en sus entornos ambientales, culturales, sociales y económicos. En tal sentido y bajo un estricto cumplimiento de la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal y de la Ley de Acceso Ciudadano a la Información sobre Finanzas Públicas, así como el respeto a las normas anti corrupción, de transparencia, neutralidad política y buen uso de recursos que el Gobierno de Transición ha promovido, debe darse prioridad a las actividades del sector público vinculadas directamente a la reducción del déficit de consumo de la población, en particular de aquellas familias que se encuentran en inminente peligro de daño del potencial humano de sus miembros, a través de acciones en: Nutrición : Nutrición, promoción, prevención y complementos alimentarios para familias en alto riesgo, sobre todo en niños menores de 5 años (con énfasis en aquellos de 0 a 3 años), madres gestantes y lactantes. Se introducirán los incentivos necesarios para que las familias de menores recursos utilicen los programas alimentarios dirigidos a niños solamente cuando sean necesarios. Se implantarán acciones de educación en nutrición y de seguridad alimentaria y se mejorarán los sistemas de vigilancia en nutrición con participación directa de la comunidad. Salud : Garantizar el acceso y la atención de calidad a toda la población, en servicios básicos de salud con criterio de equidad, mejorando el entorno ambiental así como previniendo y controlando los riesgos y daños asociados a enfermedades transmisibles. Fomento del intercambio de servicios entre subsectores: MINSA, ESSALUD, Sanidad de la Fuerzas Armadas y Policiales y proveedores privados. Salud básica (esencialmen- te preventiva) y atención de baja complejidad que incluye el tratamiento a los enfermos de tuberculosis y otras patologías transmisibles y el fortalecimiento de procesos de planificación familiar y paternidad responsable. Se protegerá especialmente a la mujer embarazada, otorgándole cuatro controles prenatales y suplemento alimentario para combatir la anemia. Todos los partos deben ser institucionales. Se fomentará la vigilancia social del cuidado del embarazo y se profundizarán los mecanismos para la difusión y comunicación sobre el embarazo y el cuidado del niño. El objetivo es conseguir una maternidad segura, saludable y feliz. Educación : Revalorizar la función social del maestro; mejorar la calidad del proceso de aprendizaje en el nuevo sistema educativo, cerrando los déficit de cobertura y equidad; enfatizar la educación inicial, primaria y secundaria, asegurando al menos 11 años de escolaridad y los logros educativos básicos para todos. Se generarán las condiciones para que todos los niños asistan a clases y se incorporen al sistema educativo. La problemática de la educación del niño rural debe tomar en cuenta el desafío que plantea el multilingüismo y la preservación de la diversidad cultural del país. Para ello, es necesario el fortalecimiento de mecanismos de vigilancia social. Justicia : Fortalecer el Estado de Derecho y asegurar el efectivo ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos fundamentales, luchando contra cualquier discriminación de género, etnia, sexo, color, idioma, edad, opinión política, origen social, posición económica, nacimiento, religión o cualquier otra condición. Se ampliará el acceso a la Justicia, especialmente en zonas aisladas y se pondrá énfasis en la solución de conflictos al nivel de juzgados de paz, mixtos y especializados, mediante módulos básicos que faciliten la resolución de conflictos para toda la población y aseguren el efectivo ejercicio de sus derechos fundamen- tales. Se promoverá la operación de Defensorías Comunitarias y de otras formas alternativas de resolución de conflictos, con activa participación de la comunidad, contribuyendo a la defensa de los niños, niñas y mujeres contra la violencia familiar y sexual. Vivienda : Ampliar el acceso a servicios de agua potable, saneamiento y electricidad de las poblaciones de escasos recursos y facilitar la construcción de módulos básicos de vivienda. Seguridad ciudadana : Para combatir la delincuencia y la intranquilidad pública, garantizando en estrecha vinculación con la justicia, el orden y la coexistencia pacífica en condiciones de escasez. Inversión social adicional : Transfiriendo capital a nivel local, para disminuir el déficit de consumo de las familias y mejorar la infraestructura socioeconómica de la zona en apoyo a la producción, a través del mantenimiento, construcción y mejoramiento de carreteras y caminos rurales, pequeños sistemas de riego y acciones de sanidad y promoción agropecuaria, y electrificación rural, promoviendo el surgimiento de oportunidades de negocio que el sector privado pueda aprovechar, dentro del marco de un plan estratégico de desarrollo local y regional, coordinado con la sociedad civil y las autoridades de la zona. Estos mecanismos, al estimular la demanda local, promoverán, adicionalmente, la generación de empleo. A fin de asegurar la adecuada asignación de los recursos públicos de acuerdo con estos lineamientos y prioridades, el mayor ingreso por cualquier fuente de financiamiento será destinado a la mejora de la gestión, calidad y cobertura en la provisión de bienes y prestación de servicios en los siguientes doce programas funcionales del Presupuesto General de la República: salud colectiva e individual, educación inicial, primaria y secundaria, justicia, saneamiento, orden interno, promoción y asistencia social y comunitaria, promoción de la producción agraria, transporte terrestre y energía.