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Pág. 7 Lima, lunes 4 de junio de 2001 SEPARATA ESPECIAL ahorro y aliviar la carga fiscal de las generaciones futuras, sino que también contribuirá a fortalecer la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros en la economía peruana. La política tributaria, sin abandonar la prudencia fiscal y bajo los principios de neutralidad, simplicidad y equidad, tendrá como meta alcanzar una estructura tributaria que se sustente principalmente en tres tipos de impuestos: el Impuesto General a las Ventas que debe ser de aplicación general, en todas las etapas económicas; el Impuesto a la Renta que debe aplicarse equitativamente a todas las personas naturales y jurí- dicas del país sin excepciones; y el Impuesto Selectivo al Consumo que como impuesto complementario al Im- puesto General a las Ventas, debe aplicarse en forma simple, con el objeto de recaudar y reorientar el consu- mo en función a criterios de protección de la salud y/o del medio ambiente. Las políticas de gasto público serán ejecutadas a través de una gestión por resultados, liberando los recursos necesarios para aumentar el gasto social, reducir la carga de la deuda pública y aliviar la carga tributaria del sector privado. Asimismo, se promoverá la introduc- ción de una cultura de programación y evaluación transparente del gasto público, en el cual la ciudadanía tenga una participación activa en el control del accionar público. Se buscará mejorar la eficiencia y eficacia de los progra- mas sociales e incrementar la productividad en el uso de los recursos públicos, concentrándose en las activida- des directamente vinculadas a la prevención y protec- ción del daño en familias de mayor riesgo, sobre todo en niños menores de 5 años (con énfasis en aquellos de 0 a 3 años), madres gestantes, lactantes, enfermos de tu- berculosis y otras patologías transmisibles, salud bási- ca (esencialmente preventiva) y atención de baja com- plejidad, educación preescolar para niños de 5 años y educación primaria, con énfasis en el proceso de articu- lación inicial-primaria, justicia básica que asegure los derechos fundamentales de las personas y que éstas tengan acceso a formas adecuadas de prevenir y solu- cionar sus conflictos, vivienda y saneamiento esencia- les que permita ampliar el acceso a servicios de agua potable, saneamiento y electricidad de las poblaciones de escasos recursos, seguridad ciudadana para comba- tir, en estrecha vinculación con la justicia, la delincuen- cia y la intranquilidad pública, e inversión social adicio- nal, para permitir la transferencia de capital a nivel local que apoye el desarrollo en zonas deprimidas, a través de infraestructura básica para la producción como caminos rurales, mantenimiento de carreteras, pequeños sistemas de riego y acciones de sanidad y promoción agropecuaria, electrificación rural, entre otros. Esto significa que los ministerios sociales deberán uni- ficar sus criterios y programas para enfrentar la lucha contra la pobreza, y que la política social debe diseñarse teniendo en cuenta las capacidades y no sólo las caren- cias de las personas, su riqueza cultural y creativa y no sólo su pobreza de recursos materiales, y su ejecución debe contribuir a potenciar la independencia, responsa- bilidad y autonomía de las organizaciones sociales y las personas. La política económica estará encaminada a fortalecer la estabilidad económica, elemento esencial para lograr un crecimiento económico con equidad, que permita ampliar las capacidades de toda la población, incremen- te el bienestar social y consolide la gobernabilidad de nuestro sistema democrático. La estabilidad económica induce a la reducción del riesgo país y por tanto al descenso de las tasas de interés nacionales, las cuales reflejan las condiciones del mercado monetario y el riesgo asociado a las transacciones financieras, creando un entorno más propicio al crecimiento de la inversión y el empleo. A su vez, se mantendrá el régimen de flotación del tipo de cambio, permitiendo que el tipo de cambio real se ajuste de acuerdo con los fundamentos de la economía, lo que hará posible atenuar el impacto de eventualeschoques externos adversos y mantener la viabilidad de la balanza de pagos. La inversión pública permitirá incrementar la infraestructura básica de apoyo a la producción, así como mantener eficazmente la infraes- tructura actualmente existente con el fin de bajar costos y promover una mayor eficiencia, productividad y competitividad de la economía y la generación de empleo. Ello permitirá beneficiarnos aún más de nues- tra integración a los mercados internacionales. En tal sentido, la Política Comercial continuará orien- tada a lograr una mayor apertura de nuestra economía a los mercados internacionales, lo cual favorecerá el fortalecimiento del proceso competitivo y la multiplica- ción de eficiencias en la economía, en conjunción con regulaciones apropiadas y transparentes que promue- van el mejor funcionamiento de los mercados, la correc- ción de los abusos de posiciones dominantes, la elimina- ción de tratos discriminatorios y el fomento de las privatizaciones y concesiones. Respecto a la política arancelaria, el presente Marco contempla una reduc- ción de los aranceles teniendo en consideración los acuerdos de integración en que participa el país, para orientar y fomentar la competitividad de nuestra econo- mía. 4.S ITUACIÓN GENERAL Y PERSPECTIVAS EVOLUCIÓN DURANTE EL AÑO 2000 El 2000 fue un año de dificultades y cambios excepcio- nales y complejos en el país. A pesar de ello, el PBI registró un crecimiento de 3,6 por ciento, sustentado en un crecimiento del sector primario en 5,7 por ciento y del sector no primario en 3,1 por ciento. La tasa de crecimiento del PBI agregado descendió sistemática- mente durante el año debido a la expansión del gasto público del primer semestre y la contracción del mismo en el segundo semestre, y por el comportamiento de la inversión privada. El empleo en el 2000 no ha seguido la trayectoria del PBI. Según los datos del Ministerio de Trabajo y Promo- ción Social, el empleo en empresas de 10 y más traba- jadores se redujo en un 2,6 por ciento a nivel nacional y en un 2,5 por ciento en Lima Metropolitana. En las empresas de más de 100 trabajadores en Lima Metro- politana, se ha producido también una reducción del empleo, de 0,6 por ciento durante el año. Los precios al consumidor se incrementaron en 3,7 por ciento, similar a lo registrado en el año 1999, debido al alza en los precios de los combustibles, atenuada por la reducción de la tasa de devaluación y de los precios de productos agropecuarios. En el plano financiero, los bancos mantuvieron una conducta cautelosa para hacer préstamos y persistie- ron las dificultades del acceso al crédito internacional. Las tasas de interés, registraron una reducción genera- lizada, con la excepción de la tasa interbancaria en ME. Sin embargo, a pesar de la reducción de las tasas de interés real, y la consecuente reducción de la carga de la deuda del sector privado, el índice de cartera pesada de las empresas bancarias continuó elevándose, alcan- zando el 10,2 por ciento de las colocaciones totales a fines del año 2000. El déficit económico del Sector Público Consolidado alcanzó en el año 2000 el 3,2 por ciento del PBI. El gasto público no financiero del Gobierno Central se elevó durante el año en un 0,8 por ciento en términos reales. Luego de un primer semestre, donde creció en un 14,9 por ciento en términos reales con referencia al mismo semestre de 1999, el gasto no financiero se redujo fuertemente en el segundo semestre, para evitar un mayor deterioro de las cuentas fiscales. Por su lado, los ingresos tributarios del gobierno central se redujeron en 0,2 por ciento en términos reales durante el año, reflejando el debilitamiento de la actividad económica en el sector no primario de la economía. A fines del año 2000 las Reservas Internacionales Netas (RIN) del Banco Central de Reserva ascendieron a US$ 8 180 millones, US$ 224 millones por debajo del nivel