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Pág. 6 SEPARATA ESPECIAL Lima, lunes 4 de junio de 2001 cultura; con un Sector Privado, motor del desarrollo y competitivo internacionalmente; con un Sector Público moderno y eficiente; y en el cual, toda persona que nazca en el país, tenga acceso a servicios básicos de calidad adecuada en nutrición, salud, educación, justi- cia y vivienda, que le permita desarrollar plenamente sus capacidades, realizarse y disfrutar de una vida sana, creativa, libre y productiva, es indispensable la aplicación de una política de Estado que poniendo al ser humano en el centro de las decisiones, integre plena- mente la política económica y la política social, y ponga en marcha una red de protección social efectiva, bajo una perspectiva de desarrollo integral, que vincule armoniosamente los equilibrios de mediano y largo plazo entre la población, necesidades, recursos y capa- cidades productivas, la familia, el hogar y su medio ambiente, los procesos de consumo y acumulación de capital humano y físico, la seguridad social y la protec- ción al consumidor, entre otros aspectos. Ello significa, por un lado, implementar medidas que en el corto plazo permitan incrementar la demanda agre- gada y recuperar niveles de crecimiento que acerquen el PBI efectivo al PBI potencial, y que en el mediano y largo plazo, permitan aumentar los niveles de inver- sión, atrayendo agresivamente capitales nacionales y extranjeros; así como mejorar la calificación de nuestra fuerza laboral y la rentabilidad de nuestros recursos naturales renovables y no renovables dentro de una estrategia de aprovechamiento sustentable, a través de la implementación de reformas estructurales de segun- da generación de amplio espectro que nos permitan salir con rapidez de la fase recesiva del ciclo económico iniciado en 1998 y que al incrementar la productividad general de los factores, aumenten significativamente el nivel de competitividad de nuestro sector productivo en el contexto de una economía abierta y plenamente integrada al mercado mundial. Debemos encaminarnos hacia un sector productivo moderno y empresarial de escala apropiada y tecnológi- camente robusto que genere impactos importantes en su entorno geográfico, a partir de su relación con los recursos naturales disponibles de la zona y las ciudades intermedias. En este sentido, es necesario promover el diseño e implementación de estrategias de desarrollo que tomen a la provincia como unidad socioeconómica de referencia que permita una articulación adecuada con unidades geopolíticas de mayor alcance como los departamentos y las macroregiones. Con tal propósito, el Gobierno de Transición ha venido adoptando medi- das destinadas a fortalecer la autonomía y capacidades de los gobiernos locales, ha constituido comisiones intersectoriales y ha promovido la creación de mesas de concertación con la participación de representantes de las distintas agrupaciones del sector privado, la socie- dad civil, las agencias de cooperación y el sector público, creando así espacios que permitan la construcción de consensos y resolución de conflictos, sobre la base de la mutua tolerancia, respetando la diversidad y las mino- rías con un enfoque intercultural. Evidentemente, éste será un esfuerzo progresivo y complejo, y en consecuencia, debemos ser conscientes que el déficit actual de satisfacción de necesidades se mantendrá, aunque en términos porcentuales la ten- dencia será decreciente. Asimismo, cabe destacar que este esfuerzo se hará en un contexto internacio- nal no tan propicio como el que se presentó durante la década pasada (1993-1998) que hizo posible la entrada de US$ 16 100 millones de dólares de inver- sión extranjera, que junto con la aplicación de refor- mas estructurales de primera generación permitie- ron un crecimiento importante del PBI. El crecimiento requiere una política moderna, consis- tente y responsable de privatización y concesiones. La participación del sector privado permite alcanzar mejo- ras de eficiencia en la gestión, proporciona estabilidad en las inversiones, asegura la generación de recursos para la reinversión en ampliación de infraestructura y conlleva a mejores resultados de calidad de servicio, transferencias de tecnología y más fuentes de trabajo vía industrias y servicios conexos. Por ello, es necesario que la inversión pública esté acompañada de un amplioy eficiente programa de concesiones, mecanismo que permite retener la propiedad de los bienes en manos del Estado y a la vez hace posible la ejecución de obras y prestación de servicios importantes para la ciudadanía, y su gestión y mantenimiento, así como la adopción de medidas que propendan al fortalecimiento jurídico e institucional del país, con normas más eficientes y mejores organizaciones, especialmente en el ámbito público, capaces de afrontar los ciclos económicos, de combatir con éxito los procesos de corrupción y de actuar como seguros institucionales ante el poder del gobierno de turno, otorgando así estabilidad, continui- dad y gobernabilidad al sistema. En este orden de ideas, el Gobierno de Transición ha respetado la autonomía del BCR y ha avanzado en la consolidación de la autonomía de los organismos regu- ladores y supervisores frente al poder central, así como en el inicio del fortalecimiento de las capacidades técni- cas en los distintos sectores de la administración públi- ca, particularmente en el MEF y en la coordinación interministerial vinculada al CIAEF-CIAS. Asimismo, el desafío antes referido, requiere de un Estado que promueva el desarrollo integral a nivel provincial, eficiente en la prestación descentralizada de los bienes y servicios públicos, especialmente en el área social, transparente y políticamente neutral en el uso de los recursos públicos, eficaz en el desempeño de su rol subsidiario respecto al papel del mercado como mecanismo de asignación de recursos en una economía social de mercado. En este entendimiento, se requiere de normas de Pru- dencia y Transparencia Fiscal y de Acceso Ciudadano a la Información sobre Finanzas Públicas, así como el respeto a las normas anticorrupción, de transparencia, neutralidad política y buen uso de recursos que el Gobierno de Transición ha promovido. Se dará priori- dad las actividades del sector público vinculadas direc- tamente a la reducción del déficit de consumo de la población, en particular de aquellas familias que se encuentran en inminente peligro de daño del potencial humano de sus miembros, a través de acciones en nutrición, salud, educación, justicia, vivienda, seguri- dad ciudadana e inversión social adicional en apoyo a las zonas de menor desarrollo relativo. A fin de asegurar la adecuada asignación de los recursos públicos de acuerdo con estos lineamientos y priorida- des, el mayor ingreso por cualquier fuente de financia- miento será destinado a la mejora de la gestión, calidad y cobertura en la provisión de bienes y prestación de servicios en los siguientes doce programas funcionales del Presupuesto General de la República: salud colecti- va e individual, educación inicial, primaria y secunda- ria, justicia, saneamiento, orden interno, promoción y asistencia social y comunitaria, promoción de la pro- ducción agraria, transporte terrestre y energía. 3.P ROGRAMA ECONÓMICO Y PRINCIPIOS DE POLÍTICA FISCAL El principal objetivo del programa económico es alcan- zar un crecimiento económico alto y sostenido en el mediano y largo plazo, junto con bajas tasas de inflación y un nivel de reservas internacionales que garantice la sostenibilidad de las cuentas externas, promoviendo la inversión y generación de empleo productivo perma- nente a cargo del sector privado, que permita cerrar progresivamente los déficits de consumo de la población y aumentar su nivel de vida de manera sostenible, preservando el medio ambiente. El cumplimiento de este objetivo requiere de una polí- tica fiscal prudente, que genere los espacios necesarios para una creciente participación del sector privado, el cual, a través de la inversión, se constituye en el motor principal del crecimiento económico. La política fiscal buscará el equilibrio fiscal, cuidando de no poner freno al crecimiento de la actividad económica, con el fin de no restarle recursos al sector privado y no ejercer presión sobre el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Ello no sólo permitirá ampliar el campo de acción del sector privado en sus decisiones de inversión y