NORMA LEGAL OFICIAL DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2004 (05/09/2004)

/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G37/G35/G38/G31/G38 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, domingo 5 de setiembre de 2004 mas nacionales a su realidad; y promoverán acuerdos de competitividad nacional y regional. Propuestas operativas: En el corto plazo: (i) elabo- ración de una propuesta de política de Desarrollo Ruralconcertada con el sector público y el sector privado ydefinición de acciones de corto y mediano plazo, (ii) iden-tificar su interrelación con las estrategias de seguridadalimentaria; superación de la pobreza, y competitividad,y cuantificar y diseñar el plan de acción para llevar a cabosu implementación y (iii) ajuste y desarrollo de la estra-tegia de descentralización gradual 2002-2006, de lascompetencias y atribuciones sectoriales en materia dedesarrollo rural. En el mediano plazo, se pretende apuntalar el proce- so de descentralización con la continuación del procesode transferencia de competencias en gestión a los go-biernos regionales, la concertación de los planes de or-denamiento territorial participativo, el fortalecimiento delas capacidades de gestión en las regiones y el segui-miento del desarrollo de la Estrategia de Desarrollo Ru-ral. ESTRATEGIA DE DESARROLLO RURAL ELEMENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE UNA POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL I. Introducción En los albores del siglo XXI, la sociedad peruana en su conjunto, pero especialmente la sociedad industrial yurbana, tiene una elevada deuda social con las comuni-dades y habitantes de las zonas rurales del país. Losniveles de pobreza y de exclusión que soporta el mediorural como producto del sesgo urbano que el modelo dedesarrollo, exige diseñar y aplicar una política coherentey eficaz. Dicha política debe convocar a los diferentessectores de la nación hacia un propósito que reevalúe elpapel de la sociedad rural en las actuales circunstan-cias económicas, sociales y políticas del Perú. De estemodo, conducirá a concretar la Vigésimo Tercera Políti-ca de Estado referida a la Política de Desarrollo Agrarioy Rural que establece el compromiso de impulsar el de-sarrollo agrario y rural del país, que incluya a la agricul-tura, ganadería, acuicultura, agroindustria y a la explota-ción forestal sostenible, para fomentar el desarrollo eco-nómico y social del sector. Establece también que den-tro del rol subsidiario y regulador del Estado señaladoen la Constitución, se promoverá la rentabilidad y la ex-pansión del mercado de las actividades agrarias, impul-sando su competitividad con vocación exportadora ybuscando la mejora social de la población rural. La diversidad natural, social y cultural, patrimonio del país, tiene como escenario fundamental al espacio ru-ral, pero, paradójicamente, su importancia es poco reco-nocida por el conjunto de la sociedad. No obstante, demanera creciente, la sociedad globalizada, característi-ca de los nuevos tiempos, empieza a demandar de losEstados nacionales una gran atención para estas áreasen la medida en que la crisis ambiental, el cambio climá-tico, la inminente escasez de recursos productivos, losproblemas seculares de pobreza, los niveles de inequi-dad, el acceso a alimentos de alto valor nutritivo, los con-flictos étnicos, etc., se hacen más evidentes y deterioranlas condiciones mundiales. Las diferentes conferenciasinternacionales sobre estos temas, precisamente, des-tacan la necesidad de colocar dentro de las prioridadesde las agendas políticas nacionales, los problemas in-herentes a la vida de las personas que, habitan en lasáreas rurales de los países pobres. En el Perú, el peso demográfico de los habitantes ru- rales representa la tercera parte del total de la pobla-ción; sin embargo, la base de recursos naturales y debiodiversidad, en la oferta de servicios ambientales, jue-ga un papel estratégico, no solamente para el país sinopara el mundo. De la misma manera, es indiscutible laimportancia de los sistemas productivos andinos, deCosta y de Selva, en el suministro de alimentos básicospara los consumidores urbanos. Los altos niveles de ex-clusión, pobreza, vulnerabilidad y conflictos políticos yla presencia de cultivos ilícitos que se registran en las zonas rurales, reclaman la aplicación de políticas y me-didas que trasciendan la temporalidad de un período degobierno. La gobernabilidad del país, en buena parte,pasa por el logro de mejoras económicas, sociales ypolíticas que eleven las condiciones de existencia de loshabitantes rurales y que los incluyan en los procesos detoma de decisiones. Desde la década de los años cuarenta se inició un persistente desplazamiento de peruanos del cam-po hacia las ciudades y simultáneamente del interiordel país hacia el litoral. Este proceso contribuyó alagravamiento de la pobreza, en la medida que con-forme va saliendo población de un departamento, con-comitantemente, va disminuyendo el Producto BrutoInterno (PBI) departamental, lo que contribuye a agu-dizar el proceso de expulsión de la población. De estamanera se genera un círculo de ruptura constante delbalance territorio-población-economía. Este procesoha derivado en que, luego de 60 años, 27% de la po-blación ocupe el 62% de los distritos rurales y el 73%de la población se encuentre asentada en áreas ur-banas. El escaso progreso económico del país, que se veri- fica en un crecimiento de sólo 1% promedio anual delPBI per cápita, entre 1950 y el 2000, se encuentra agra-vado por la concentración económica en Lima que tieneuna participación creciente (cercana al 50% del produc-to) frente al decrecimiento de la generación de bienes yservicios de los otros departamentos del país. La conse-cuencia natural fue el aumento de la pobreza en las zo-nas rurales. En el Perú de hoy, los centros urbanos dependen en gran medida de las dinámicas y los procesos que se danen las áreas rurales, cuyo desarrollo productivo y socialtendrá impacto en el bienestar de la población urbana.La sostenibilidad de los ecosistemas y de la biodiversi-dad del país, así como el patrón de ocupación del territo-rio peruano van a depender, a largo plazo, del bienestaren las áreas rurales. El mejoramiento de las condicionesde vida en el campo está relacionado al crecimiento deciudades intermedias con capacidad de dinamizar loscircuitos económicos regionales, e integrar a poblacio-nes aisladas a los beneficios de la economía de merca-do. A partir del año 2001, el Gobierno del Presidente To- ledo ha instado a la sociedad al impulso de grandes re-formas que conduzcan a la disminución de los índicesde pobreza en el país, a garantizar la seguridad en elabastecimiento de alimentos para la población, a la mo-dernización del aparato estatal, a la descentralizaciónde las decisiones en materia política y administrativa, ya incidir en las causas de la exclusión de los habitantesrurales. La Política General de Gobierno anunciada en la Carta de Política Social, establece que “la lucha contra la po-breza constituye el eje central de la acción del Gobiernoy su primera prioridad” y que “el mercado y el Estadodeben estar al servicio de los ciudadanos y no al revés.La seguridad o estabilidad jurídica debe corresponder ybeneficiar a la mayoría de la población, y no a una mino-ría”. Consiguientemente, la política general de Gobiernoplantea como principales aspectos el crecimiento eco-nómico sostenido y sustentable, a la vez que un desa-rrollo descentralizado que permitan generar trabajo dig-no y productivo; dar acceso a todos a salud y educaciónbásicas, nutrición y saneamiento; la reforma y moderni-zación del Estado para hacerlo eficiente, transparente yponerlo al servicio de la sociedad; y, un nuevo modo derelaciones sociales, económicas y políticas basadas enla ética. En su exposición al Congreso de la República, en enero de 2004, el Dr. Carlos Ferrero, Presidente del Con-sejo de Ministros, detalló la Política Social a ejecutar, asícomo aspectos importantes de la política social, esta-bleciendo, entre las principales prioridades, la promociónde oportunidades económicas para los pobres. Esto sig-nifica que el Gobierno impulsará el desarrollo humanoen el espacio rural con criterios de sostenibilidad econó-mica, social y ambiental, equidad, y democratización delas decisiones locales.