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602148 NORMAS LEGALES Sábado 22 de octubre de 2016 / El Peruano para sostener un crecimiento de 5,0% en el mediano plazo. Minimizar el sesgo pro-cíclico del gasto público, fortaleciendo la simplicidad y transparencia de las fi nanzas públicas. El seguimiento de las metas fi scales debe ser transparente y simple, de forma de comunicar a los agentes económicos los avances en cuanto a las mismas y, de ser necesario, adoptar oportunamente las medidas correctivas. Por su parte, en una economía pequeña y exportadora de materias primas, el gasto público no debe ser volátil pues esto genera costos de efi ciencia y reduce la capacidad de gestión a nivel de políticas sectoriales; por tanto, la conducción de las fi nanzas públicas debe estar aislada de la elevada volatilidad de los ingresos provenientes de las principales materias primas que exportamos. Incrementar los ingresos fi scales permanentes para asegurar el proceso de consolidación fi scal. La evidencia empírica demuestra que una mayor formalización de la economía está asociada con una base tributaria más amplia y menores niveles de evasión y elusión tributarias (índice de incumplimiento del IGV: 31,4% y del IR: 50%, ambos para el año 2014). En Perú, los ingresos fi scales del Gobierno General del 2015 son equivalentes a 20,1% del PBI, muy por debajo del promedio de nuestros socios de la Alianza del Pacífi co (Chile: 23,5%; Colombia: 26,7%; México: 23,5%). La consolidación fi scal en base a mayores ingresos fi scales permitirá que el gasto público se expanda hacia los sectores prioritarios para asegurar un alto crecimiento en el mediano plazo: salud, educación, seguridad ciudadana, infraestructura y saneamiento. Fortalecer la gestión de activos y pasivos públicos dentro de un análisis integral que contemple los riesgos fi scales subyacentes. Un entorno internacional incierto como el actual puede tener impactos inesperados y no lineales sobre las fi nanzas públicas, lo que exige una posición fi scal prudente, elemento imprescindible para preservar una buena califi cación crediticia y un atractivo perfi l de riesgo soberano. En ese sentido, es necesario continuar con una estrategia integral de fi nanciamiento que combine una gestión activa y efi ciente tanto de los activos como de los pasivos del Estado, diversifi cando las fuentes de fi nanciamiento (fi rmes y contingentes) y base de inversionistas, profundizando el mercado de capitales doméstico, mejorando el perfi l de la deuda pública, y minimizando los costos fi nancieros y riesgos asociados. Asimismo, de acuerdo al artículo 18.2 de la Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal, el Ministerio de Economía y Finanzas, desde el 2015, elabora y publica durante el segundo trimestre de cada año fi scal un informe anual que presenta y evalúa las contingencias explícitas que ha asumido el Sector Público No Financiero, como por ejemplo las garantías, avales y similares en distintos tipos de contratos, así como posibles erogaciones de resoluciones judiciales. En el contexto de una mayor priorización por impulsar la inversión en infraestructura, incluyendo iniciativas público-privadas, es imprescindible incorporar los riesgos de activación de pasivos fi rmes o contingentes provenientes de estos contratos. El registro amplio de riesgos fi scales contribuirá a diseñar una estrategia más completa del manejo de política fi scal y de sus activos y pasivos, lo cual permitirá preservar la capacidad de afrontar eventuales catástrofes naturales (terremotos, tsunamis, etc.) o por activación de otras contingencias, manteniendo altos niveles de ahorro público. Sostener un alto nivel de inversión pública, efi ciente y con adecuado mantenimiento y equipamiento. Mantener un crecimiento alto y sostenido en el mediano plazo requiere de una mayor inversión en infraestructura, así como del mantenimiento y equipamiento de dicho stock de capital. Para esto, se requiere de una amplia estrategia de inversión pública que identifi que las necesidades de infraestructura y de fi nanciamiento multianuales para su construcción y operación tanto a nivel sectorial como territorial. De esta forma, se evitará tener una inversión pública atomizada, con escasa conexión sectorial y territorial y baja rentabilidad económica y social; y, a su vez, se permitirá darle mayor predictibilidad al sector privado respecto de las preferencias y prioridades de infraestructura social y productiva del Estado. Mayor asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales. En un contexto en el que la inversión pública regional y local es alrededor de 60% (promedio 2006-2016) de la inversión pública total es imprescindible impulsar dicha inversión pública, asegurando el cumplimiento de las reglas fi scales de gasto y deuda, tomando en consideración la heterogeneidad existente. La deuda subnacional, alcanza el 4,0% del PBI (S/ 25 230 millones), principalmente generada en varias gestiones anteriores, y requiere ser abordada oportunamente a fi n de garantizar la sostenibilidad fi nanciera de los gobiernos regionales y locales en el futuro. Asimismo, es clave establecer una institucionalidad que facilite el acompañamiento a los gobiernos subnacionales para brindar asistencia técnica en materia de fi nanzas públicas. 4. Lineamientos de Política Tributaria La Política Tributaria para los siguientes años no solamente deberá buscar que el actual Sistema Tributario mantenga los principios de sufi ciencia, efi ciencia, equidad, neutralidad y simplicidad, sino también mejorar los ingresos fi scales y crear un ambiente propicio para la formalización de las pequeñas y micro empresas con el objetivo de ampliar la base tributaria. Esto, a partir de las siguientes medidas, sin que implique mayores costos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias ni afecte las expectativas de inversión de los agentes económicos: Se deberá ampliar la base tributaria, simplifi cando la estructura tributaria, unifi cando los regímenes especiales con el régimen general de tal forma que la carga y simplicidad tributaria suban de manera natural, progresiva con el tamaño de la empresa. Para esto, se efectuarán las modifi caciones correspondientes a los procedimientos y normas de nuestro ordenamiento jurídico – tributario que fomenten la formalización de las pequeñas y micro empresas, así como faciliten las labores de la Administración Tributaria. Se evaluará la implementación de una nueva estrategia que permita racionalizar las exoneraciones tributarias y los tratamientos preferenciales existentes, buscando no solo la reducción de estos sino también evitar que proliferen o sean aprobados otros nuevos. En el caso del Impuesto a la Renta se continuará con la evaluación de: i) los efectos de las modifi caciones efectuadas al Impuesto a la Renta desde el 2015, ii) los benefi cios tributarios dentro de la política de racionalización, iii) las Normas Internacionales de Información Financiera y sus efectos sobre dicho impuesto y, iv) otras medidas que fortalezcan la base tributaria además de introducir disposiciones que permitan combatir esquemas o arreglos elusivos a efectos de alcanzar mayor neutralidad y equidad tomando en cuenta, entre otros, las recomendaciones resultantes del Plan de Acción BEPS (Erosión de la Base Imponible y Traslado de Benefi cios). Por el lado del Impuesto General a las Ventas se deberá continuar con la revisión de la legislación nacional a fi n de promover una mayor efi ciencia e identifi car vacíos o falta de claridad en la norma que impidan su correcta aplicación; igualmente dotará de mayor neutralidad y efi cacia al referido impuesto. Asimismo, se continuará con el perfeccionamiento y racionalización de los sistemas de pago a fi n de asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. En el caso del Impuesto Selectivo al Consumo, se continuará con la afectación del referido impuesto en función a la externalidad negativa que genera el consumo de los bienes afectos respetando los objetivos de presión tributaria y estabilidad macroeconómica; así como su función recaudadora.