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7 NORMAS LEGALES Lunes 12 de marzo de 2018 El Peruano / públicos para coadyuvar al pago de la reparación civil. 11.2. La obligación prevista en el párrafo 11.1 se cumple en un plazo máximo de noventa días hábiles. El fi deicomiso de garantía se realiza sobre los activos, bienes, derechos, acciones, fl ujos ciertos o participaciones cuyo valor, de manera individual o conjunta, sea igual o superior al monto estimado para coadyuvar al futuro pago por reparación civil. El plazo se cuenta desde la estimación de dicho monto conforme a las reglas establecidas en el artículo 12. 11.3. Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo 11.2, la persona incluida en el presente artículo, a partir de la entrada en vigor de la presente ley, puede presentar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el acto constitutivo del fi deicomiso, para que dicha entidad veri fi que el monto que coadyuve al pago de la reparación civil conforme a las reglas indicadas en el presente título, dentro del plazo que establezca el reglamento, bajo responsabilidad. 11.4. Cada fi deicomiso está conformado por el fi deicomitente, representado por las personas señaladas en el artículo 9, el cual trans fi ere en dominio fi duciario, activos, bienes, derechos, acciones o participaciones a otra persona, denominada Fiduciario, con la fi nalidad de constituir un patrimonio fi deicometido, sujeto al dominio fi duciario de este último y afecto al cumplimiento de cubrir el monto estimado para coadyuvar al pago de la futura reparación civil a favor del Estado por concepto de daños y perjuicios. Semestralmente, se actualiza el valor del patrimonio fi deicometido a efectos de mantener el equivalente del monto estimado de reparación civil. Este Fideicomiso es administrado por el Banco de la Nación o aquellas empresas del sistema fi nanciero autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones que no tengan con fl ictos de interés. 11.5. El fi deicomitente, previa aprobación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, puede sustituir los bienes entregados en fi deicomiso por otros activos, bienes, derechos, acciones o participaciones cuyo valor, de manera individual o conjunta, sea igual o superior al monto estimado. 11.6. En caso la persona incluida en el artículo 9 no cumpla con la constitución del fi deicomiso dentro del plazo establecido ni con el cronograma de cumplimiento de obligaciones establecido en el párrafo 12.4 del artículo 12, se sujeta a la retención prevista en el Título IV, Sección I cuyos montos son depositados en la cuenta del “Fideicomiso de Retención y Reparación - FIRR”, administrado por el Banco de la Nación. 11.7. Alternativamente, la persona a la que hace referencia el artículo 9 puede presentar una carta fi anza a favor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por el monto estimado siempre que sea emitida por una entidad autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y ostente carácter incondicional, irrevocable y de realización automática. Artículo 12. Reglas para el cálculo del monto del fi deicomiso de garantía 12.1. Tratándose de Asociaciones Público- Privadas, el monto que se garantiza es de un valor equivalente al íntegro de utilidad atribuida a la persona comprendida en este título, derivada de su participación en el contrato respectivo referido en el artículo 9, o el cincuenta por ciento del íntegro del patrimonio neto promedio correspondiente a su participación en el consorcio, asociación o contrato respectivo referido en el artículo 8, lo que resulte mayor, los cuales se actualizan semestralmente en función a los estados fi nancieros auditados. 12.2. Tratándose de contratos sujetos a la normatividad de contrataciones del Estado, el monto es de hasta el diez por ciento del monto total del contrato sin incluir el IGV. Dicho monto incluye las variaciones o modi fi caciones y en función a su participación en el respectivo contrato sujeto a las reglas de aplicación establecidas en el reglamento. 12.3. Para la aplicación del presente artículo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cuenta con la asistencia de consultores expertos, con reconocida solvencia e idoneidad, para la estimación del monto para coadyuvar al pago de la reparación civil. A efectos de dicha contratación, no es aplicable la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y sus modi fi catorias o norma que lo sustituya, salvo que esté inhabilitado para contratar con el Estado. No puede ser contratado para estos fi nes ninguna persona natural o jurídica que haya mantenido una relación jurídica con el proyecto u operación materia del contrato. 12.4. Si a la fecha prevista en el párrafo 11.2, las personas no cuentan con activos necesarios para completar el monto estimado que coadyuve el futuro pago de la reparación civil, pueden solicitar un cronograma de cumplimiento de la obligación hasta por un plazo máximo de cinco años, conforme a las disposiciones establecidas en el reglamento de la presente ley. TÍTULO III IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO Artículo 13. Implementación de programas de cumplimiento 13.1. Dentro del plazo de noventa días hábiles desde la entrada en vigor de la presente ley, las personas incluidas en el artículo 9, deben iniciar la implementación de un modelo de cumplimiento adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y características, consistente en medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir la futura comisión de delitos o para reducir signi fi cativamente el riesgo de su comisión. 13.2. Dentro del plazo previsto en el párrafo 13.1, la persona comprendida debe poner en conocimiento al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre las acciones realizadas para el cumplimiento del presente título. 13.3. El contenido del modelo de cumplimiento, atendiendo a las características de la persona jurídica, se desarrolla conforme lo dispuesto en la Ley 30424, modi fi cada por el Decreto Legislativo 1352, y su reglamento, sin perjuicio de que las personas jurídicas lo implementen con elementos adicionales basados en el ISO 19600 y 37001 u optando por mayores estándares sobre la materia. 13.4. Las personas comprendidas en la presente sección tienen la obligación de entregar periódicamente información sobre el desenvolvimiento del negocio mediante la presentación de los estados fi nancieros auditados hasta la emisión de la respectiva sentencia o resolución que pone fi n al proceso, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como la atención de las consultas formuladas por dicha entidad. 13.5. La persona incluida en el artículo 9 que incumpla con la disposición prevista en el párrafo 13.2, se sujeta a la retención prevista en los títulos III y IV de la Sección I, cuyos montos son depositados en la cuenta del “Fideicomiso de Retención y Reparación - FIRR”, administrado por el Banco de la Nación.