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NORMAS LEGALES El Peruano Lima, viernes 27 de marzo de 2009 393229 Ministerio de Trabajo MIMDES Direcciones Regionales de Trabajo Congreso de la República Establecimiento de criterios para que el procedimiento de denuncia del hostigamiento sexual en el centro de trabajo respete la confi dencialidad de la víctima. Implementación de un cuadro progresivo de sanciones para el hostigador en los centros de trabajo. Diseño y aplicación de un sistema de protección para las víctimas ante posibles represalias del hostigador. Implementación de un servicio especializado y gratuito en el MINTRA para la atención y protección a las víctimas del hostigamiento sexual en el centro de trabajo. Diseño e implementación de una estrategia de comunicación para la prevención del hostigamiento sexual en el centro de trabajo. Criterios establecidos. Cuadro de sanciones progresivas aprobado. Sistema de protección a las víctimas implementado. Servicios especializados y gratuitos ante la autoridad de trabajo a nivel nacional y regional diseñados y validados. Estrategia comunicacional diseñada y en ejecución. Indicadores: Existencia de criterios. Cuadro de sanciones progresivas. Un diseño de servicios especializados y gratuitos validado. Una estrategia comunicacional diseñada y ejecutándose. En el 35% de las regiones del país se cuenta con servicios especializados y gratuitos ante la autoridad de trabajo de atención y protección de las víctimas de hostigamiento sexual implementados y en funcionamiento. 4 campañas comunicacionales a nivel nacional y al menos 1 campaña anual en cada región ejecutadas. Indicadores: % de regiones donde se implementa servicios especializados y gratuitos. Nº de personas atendidas. Nº de casos resueltos a favor de la víctima. Nº de campañas en cada región. En el 70% de las regiones del país cuenta con servicios especializados y gratuitos ante la autoridad de trabajo de atención y protección de las víctimas de hostigamiento sexual implementados y en funcionamiento. 2 campañas comunicacionales a nivel nacional y al menos 1 campaña anual en cada región ejecutadas. Indicadores: %de regiones donde se ofrece el servicio. Nº de personas atendidas. Nº de casos resueltos a favor de la víctima. Nº de campañas en cada región. Se cuenta con normativa ad hoc de carácter sustantivo y procesal y un servicio especializado y en funcionamiento para la atención y protección a las víctimas de hostigamiento sexual en el centro de trabajo en el 100% de las regiones del país. 8 campañas nacionales y 6 campañas comunicacionales en cada región al término del 2015. Indicadores: % de incremento de atenciones en el servicio para atención y protección de víctimas. % de incremento de casos resueltos a favor de las víctimas. Nº de campañas comunicacionales regionales y nacionales efectuadas. 2.2 Garantizar el acceso de las víctimas de violencia basada en género a la justicia, de manera efi caz y oportuna. MIMDES, Academia Nacional de la Magistratura, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia Inclusión de la violencia basada en género, en el currículo de la Academia Nacional de la Magistratura y Escuela de Formación del Ministerio Público. Currículo de formación de jueces y fi scales contiene un curso regular sobre género y derechos de las mujeres. Diseño validado de un curso regular sobre género y derechos de las mujeres y el rol de los operadores de justicia en la defensa de los derechos de las mujeres víctimas. Indicador: Nº de cursos diseñados e incluidos en la currículo. Cursos implementados. Un Módulo Educativo a distancia para la sensibilización y capacitación de operadores de justicia elaborado y difundido. 1 seminario anual en cada región y 1 bianual macrorregional sobre la problemática de la violencia basada en género. Indicadores: Nº de cursos implementados. Nº de seminarios realizados. Nº de módulos educativos a distancia difundidos. Nº de operadores de justicia sensibilizados y capacitados a nivel nacional y regional. Nº de casos en que los magistrados capacitados han ordenado acciones de protección inmediata para las víctimas en los plazos establecidos y conforme a ley. Cursos para Jueces y fi scales sobre violencia basada en género ejecutándose. Mejoramiento y difusión de los Módulos Educativos a distancia para la sensibilización y capacitación de operadores de justicia. 1 seminario anual en cada región y 1 bianual interregional sobre la problemática de la violencia basada en género. Indicadores: Nº de cursos regulares ejecutándose. Nº de módulos educativos mejorados y difundidos. Nº de seminarios realizados. Nº de operadores de justicia sensibilizados y capacitados a nivel nacional y regional. Nº de casos en que los magistrados capacitados han dictado sentencias condenatorias en casos de violencia contra las mujeres. Institucionalización en la formación profesional de Jueces y Fiscales de la temática sobre Violencia hacia la Mujer. Incremento del número de mujeres que son adecuadamente protegidas y resarcidas en casos de violencia hacia la mujer. Incremento de número de mujeres cuyas solicitudes de acciones de protección inmediata son tramitadas en los plazos previstos y con la debida diligencia. Gobiernos Regionales, Colegios de Abogados, MIMDES, MINJUS Fortalecer los servicios jurídicos gratuitos de los colegios de abogados y del Ministerio de Justicia para que brinden atención de calidad a mujeres víctimas de violencia. Consultorios jurídicos del 25% de Colegios de Abogados reciben asistencia técnica para la implementación y/o fortalecimiento de servicios de defensa gratuita para las mujeres victimas de violencia. 25% de consultorios jurídicos del MINJUS reciben asistencia técnica. Indicadores: % de Colegios de Abogados con convenios para que sus servicios de asesoría legal gratuita reciban asistencia técnica, suscritos y en ejecución a nivel nacional. Nº de servicios que reciben asistencia técnica. % de consultorios jurídicos del MINJUS que reciben asistencia técnica. Consultorios jurídicos del 50% de Colegios de Abogados reciben asistencia técnica para la implementación y/o fortalecimiento de servicios de defensa gratuita para las mujeres victimas de violencia. 50% de consultorios jurídicos del MINJUS reciben asistencia técnica. Indicadores: % de Colegios de Abogados con convenios para que sus servicios de asesoría legal gratuita reciban asistencia técnica, suscritos y en ejecución a nivel nacional. Nº de servicios que reciben asistencia técnica. % de consultorios jurídicos del MINJUS que reciben asistencia técnica Consultorios jurídicos del 75% de Colegios de Abogados reciben asistencia técnica para la implementación y/o fortalecimiento de servicios de defensa gratuita para las mujeres victimas de violencia. 75% de consultorios jurídicos del MINJUS reciben asistencia técnica. Indicadores: % de Colegios de Abogados con convenios para que sus servicios de asesoría legal gratuita reciban asistencia técnica, suscritos y en ejecución a nivel nacional. Nº de servicios que reciben asistencia técnica. 25% de consultorios jurídicos del MINJUS reciben asistencia técnica. Consultorios jurídicos del 100% de Colegios de Abogados reciben asistencia técnica para la implementación y/o fortalecimiento de servicios de defensa gratuita para las mujeres victimas de violencia. 100% de consultorios jurídicos del MINJUS reciben asistencia técnica. Indicadores: % de Colegios de Abogados con convenios para que sus servicios de asesoría legal gratuita reciban asistencia técnica, suscritos y en ejecución a nivel nacional. Nº de servicios que reciben asistencia técnica. % de consultorios jurídicos del MINJUS que reciben asistencia técnica. MIMDES MINSA ESSALUD Ministerio Público Aprobación e implementación de protocolo para evaluación de daño psíquico. Elaboración de guías o módulos de capacitación para médicos legistas sobre evaluación del daño psíquico. Protocolo para evaluación de daño psíquico aprobado. 100% de los peritos en psicología y psiquiatría del Instituto de Medicina Legal son capacitados en la aplicación del Protocolo. Indicadores: Protocolo aprobado. Módulo de capacitación para la aplicación del Protocolo elaborado y aplicado. Nº de regiones en las que se ejecuta el programa de capacitación. % de médicos legistas capacitados. 50% de psicólogos, psiquiatras y médicos de MINSA, ESSALUD y otras instituciones de salud autorizadas a emitir peritajes de daño psíquico, son capacitados por el IML en la aplicación del protocolo de evaluación del daño psíquico. Indicador: Nº de profesionales capacitados. 75% de psicólogos, psiquiatras y médicos del MINSA, ESSALUD y otras instituciones autorizadas son capacitados por el IML en la aplicación del protocolo de evaluación del daño psíquico. Indicador: Nº de profesionales capacitados. 100% de psicólogos, psiquiatras y médicos del MINSA, ESSALUD y otras instituciones autorizadas, capacitados por el IML en la aplicación del protocolo de evaluación del daño psíquico. Indicador: Nº de profesionales capacitados. Nº de víctimas de violencia psicológica evaluadas con el protocolo. Consejo de Reparaciones. Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN). Gobiernos Regionales. Gobiernos Locales. Ministerio de Defensa. Ministerio Público. Ministerio de Justicia. Ministerio de Salud MIMDES. Defensoría del Pueblo. Poder Legislativo. Poder Judicial. Inclusión de todas las formas de violencia sexual dentro del Plan Integral de Reparaciones - PIR. Diseño e implementación de un marco legal específi co para la protección de las víctimas de violencia sexual durante el período de violencia terrorista, así como de sus hijos. Adecuación de la normativa interna al Estatuto de la Corte Penal Internacional - Estatuto de Roma- . Ordenanzas regionales y locales asignan recursos presupuestales con metas y resultados para garantizar el acceso a la reparación individual y colectiva de las mujeres víctimas de violencia sexual durante el período de violencia terrorista. Propuesta legal que incluye todas las formas de violencia sexual en el Programa Integral de Reparaciones. Propuesta legal que adecua la normatividad interna al Estatuto de la Corte Penal Internacional elaborada. Indicador: Nº de propuestas legislativas elaboradas y presentadas. Marco legal especifi co para la protección de las mujeres victimas de violencia sexual durante el período de violencia terrorista, y de sus hijos, aprobado. Norma que adecua la normatividad interna al Estatuto de Roma aprobada. Indicadores: Nº de normas aprobadas. Nº de normas en vigencia. Nº de normas en ejecución. Nº de víctimas atendidas bajo el marco legal especifi co. El 100% de los Gobiernos regionales y locales en los que se agudizó la violencia sexual durante el período de violencia terrorista, asignan recursos presupuestales para cumplir con la reparación individual y colectiva de las víctimas. Indicadores: % de gobiernos regionales que asignan ofi cialmente recursos presupuestales para la reparación. Nº de mujeres que acceden a reparaciones individuales. Nº de mujeres que acceden a reparaciones colectivas. Mujeres víctimas de violencia sexual durante el período de violencia terrorista, acceden a la reparación individual y colectiva. Indicadores: Nº de mujeres que acceden al Programa Integral de Reparaciones de forma individual. Nº de reparaciones colectivas otorgadas. Consejo de Reparaciones. Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN). Gobiernos Regionales. Gobiernos Locales. Ministerio Público. Poder Judicial. Ministerio de Justicia. MIMDES. Defensoría del Pueblo Incorporación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en los Planes de Desarrollo Concertado (PDC) regionales y locales. Seguimiento de cumplimiento del Plan Integral de Reparaciones. Judicialización de los casos de las mujeres que fueron víctimas de violencia sexual durante el período de violencia terrorista. 25% de los Gobiernos Regionales y 15% de los Gobiernos locales afectados por la violencia terrorista, incluyen en sus PDC mecanismos para la incorporación de las recomendaciones de la CVR. Indicador: Nº de Gobiernos regionales y locales que incorporan las recomendaciones de la CVR en sus Planes de Desarollo Concertado. 50% de los Gobiernos Regionales y 30% de los Gobiernos locales afectados por la violencia terrorista, incluyen dentro de sus PDC mecanismos para la incorporación de las recomendaciones de la CVR, y colaboran con la sociedad civil en el ejercicio de vigilancia ciudadana para el cumplimiento del PIR y la judicialización de casos. Indicadores: Nº de Gobiernos regionales y locales que incorporan las recomendaciones de la CVR en sus PDC. Nº de Gobiernos regionales y locales que colaboran con la sociedad civil para el ejercicio de la vigilancia ciudadana. Nº de casos judicializados. 75% de los Gobiernos Regionales y 45% de los Gobiernos locales afectados por la violencia terrorista, incluyen dentro de sus PDC mecanismos para la incorporación de las recomendaciones de la CVR, y colaboran con la sociedad civil en el ejercicio de la vigilancia ciudadana para el cumplimiento del PIR y la judicialización de casos. Indicadores: Nº de Gobiernos regionales y locales que incorporan las recomendaciones de la CVR en sus PDC. Nº de Gobiernos regionales y locales que en alianza colaboran con la sociedad civil para el ejercicio de la vigilancia ciudadana. Nº de casos judicializados. 100% de los Gobiernos Regionales y 55% de los Gobiernos locales afectados por la violencia terrorista, incluyen dentro de sus PDC mecanismos para la incorporación de las recomendaciones de la CVR y colaboran con la sociedad civil en el ejercicio de vigilancia ciudadana para el cumplimiento del PIR y la judicialización de casos. Indicadores: Nº de Gobiernos regionales y locales que incorporan las recomendaciones de la CVR en sus PDC. Nº de casos judicializados.