NORMA LEGAL OFICIAL DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 (27/09/2023)

31 NORMAS LEGALES Miércoles 27 de setiembre de 2023 El Peruano / Ley Nº29807, Ley de Creación del Consejo Nacional de Política Criminal. (Artículo 1; artículo 4, incisos 1.2.6). Ley Nº29809, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (Artículo 5, artículo 6 b-c). Decreto legislativo N.º 1266, Ley de organización y Funciones del Ministerio del Interior. Decreto Supremo N.º 026-2017-IN. - Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú Decreto Legislativo Nº1299, Decreto que trans fi ere el Sistema Nacional de Reinserción Social del Adolescente en Con fl icto con la Ley Penal al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (artículo1, artículo 4-h, artículo 7- e). Decreto Legislativo N.º 1350, Decreto Legislativo de Migraciones (Título Preliminar, artículo VI; artículo 11; artículo 53). Ley Nº 27891, Ley del Refugiado (Capítulo II. Del Refugiado, Artículo 5; Capítulo VI. De las Sanciones, Artículo 32). Decreto Legislativo Nº1348, Decreto que aprueba el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. (Título Preliminar. Artículo I inciso 1 y 2, artículo II inciso 1, artículo V incisos 1 y 2, Sección I numeral 1.1, artículo 1. Artículo 5). Decreto Supremo Nº008-2012-JUS, que aprueba el Reglamento del Consejo Nacional de Política Criminal. Decreto Supremo Nº092-2017-JUS, que aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Decreto Supremo Nº011-2020-JUS, que aprueba la Política Nacional Penitenciaria al 2030 Decreto Supremo Nº013-2017-JUS, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Decreto Supremo Nº029-2018-PCM, que aprueba el Reglamento que regula las Políticas Nacionales y sus modi fi catorias mediante Decreto Supremo Nº038-2018- PCM, Decreto Supremo Nº023-2019-PCM, Decreto Supremo Nº168-2020-PCM, Decreto Supremo Nº031-2021-PCM, y Decreto Supremo Nº064-2021-PCM. Decreto Supremo Nº042-2023-PCM, que aprueba la Política General de Gobierno para el presente periodo presidencial. Decreto Supremo Nº042-2023-PCM, que aprueba la Política General de Gobierno para el presente periodo presidencial Decreto Supremo Nº006-2022-IN, que aprueba la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030 Resolución Ministerial Nº0290-2019-JUS, que aprueba la lista de las Políticas Nacionales bajo la rectoría o conducción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, modi fi cado mediante Resolución Ministerial Nº0286-2022-JUS en su artículo 1. Resolución de Pres idencia de Consejo Directivo Nº00030-2023/CEPLAN/PCD que aprueba la actualización de la Guía de Políticas Nacionales. Enunciado del problema público.El problema público que debe atender la presente Política Nacional es la “ Persistencia del contexto criminógeno en los y las adolescentes en riesgo delictivo y en con fl icto con la ley penal ” el cual se ha determinado considerando información estadística, investigación académica y las posturas de los principales actores a nivel privado y público, así como a los y las adolescentes en con fl icto con la ley penal. La variable principal del problema público es el contexto criminógeno el cual se de fi ne como la exposición continua a entornos de riesgo delictivo los cuales no son inherentes al individuo, sino que forman parte de su ambiente físico y social en el cual se desarrolla y son la fuente principal de su proceso de socialización a lo largo de su vida, todo ello en el marco del paradigma de los factores de riesgo conceptualizado como el correlato que precede al comportamiento antisocial y predice aumento u ocurrencia de comportamiento antisocial a través de un efecto directo o principal, así como los factores protectores los cuales actúan como moderadores que disminuyen la magnitud de un predictivo relacionado a un factor de riesgo y el comportamiento antisocial. En este sentido, a nivel nacional, determinada población adolescente en situación de vulnerabilidad compleja habita en contextos de socialización violenta y en delincuencia ocasionando que, siendo una de las etapas del desarrollo humano más sensibles para su bienestar futuro, haya una presencia constante de factores de riesgo que incrementan la probabilidad de involucrarse en infracciones a la ley penal; de igual modo, cuando un/una adolescente ingresa a un proceso dentro del sistema de justicia penal juvenil se enfrenta con insu fi cientes espacios para su resocialización o integración a la vida familiar, educativa y social. Estructuración del problema público.El involucramiento en conductas infractoras a la ley por parte de los y las adolescentes se origina y consolida por la presencia de múltiples factores de riesgo criminógenos social, individual y familiar los cuales acompañan al adolescente desde su niñez favoreciendo la construcción de un trayecto de vida vinculado al crimen principalmente a las infracciones a la ley penal vinculadas a los delitos patrimoniales, trá fi co ilícito de drogas, violencia sexual, homicidio y otros delitos violentos; asimismo, los factores varían de forma signi fi cativa para los casos de violencia sexual priorizándose los riesgos a nivel de la formación psicosexual toda vez que esta población adolescente no necesariamente presenta condiciones de vulnerabilidad y exclusión social. Cabe resaltar que, todas estas condiciones de riesgo a nivel de la delincuencia se desarrollan en un espacio urbano en condiciones de desigualdad social y económica, provocando el incremento de la violencia y delincuencia general en todas las regiones del Perú, particularmente en los núcleos urbanos. A nivel nacional, múltiples factores de riesgo criminógeno se agrupan reproduciendo escenarios o contextos criminógenos los cuales conllevan a que un número importante de adolescentes realicen conductas antisociales y violentas. Al mismo tiempo, ello conlleva a que en algunos casos ingresen al sistema de justicia penal juvenil el cual presenta diversas limitaciones para garantizar los derechos fundamentales; asimismo, estas personas vulnerables pueden llegar a los servicios de los Centros Juveniles o la Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa, los cuales no tienen las condiciones sufi cientes para garantizar la reinserción social efectiva o menguar las condiciones de riesgo criminógeno, entre diversas razones por la falta de cobertura nacional de dichas estrategias y mejora en la efectividad de su intervención. En consecuencia, un número importante de adolescentes transitan por los contextos en riesgo delictivo de desarrollo social primario y secundario, sistema de justicia penal juvenil, y centros juveniles o la Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa manteniendo, en diversos casos, una trayectoria orientada a continuar con actividades criminales durante su juventud y adultez en las diversas modalidades de conducta delictiva o infracción a la ley penal: delincuencia común, y violencia sexual. Bajo este marco de comprensión del problema público, y tal como se describe en la Figura 1, la estructuración de dicho problema público obedece a la interacción entre tres causas directas: Concentración de factores de riesgo criminógeno en relación a las y los adolescentes, defi ciente Sistema de Justicia Penal Juvenil y limitada intervención para la reinserción social. Por tanto, el problema general posee tres dimensiones: 1) Los sistemas de socialización más importantes del sujeto no cumplen su función generando factores de riesgo criminógeno y no promoviendo factores protectores; 2) El sistema de justicia penal juvenil tiene un carácter sancionador y no orientado hacia la resocialización vulnerando derechos fundamentales; y 3) Los servicios de reinserción social de los y las adolescentes en con fl icto con la ley penal poseen diversas limitaciones a nivel de las estrategias y recursos humanos-materiales conllevando a la debilidad en la efectividad de sus intervenciones en los centros juveniles, así como en la Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa. Todo ello estructurado en el siguiente árbol del problema público: