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Pág. 8 SEPARATA ESPECIAL Lima, sábado 1 de junio de 2002 La política arancelaria será coherente con la apertura comercial, el arancel promedio y la dispersión tenderán a reducirse en el tiempo. La actual estructura arancelaria nacional contempla cuatro tasas básicas (4, 7, 12 y 20 por ciento); alrededor de 90 por ciento de las importaciones se encuentra a tasas iguales o menores a 12 por ciento. Con miras a lograr una participación competitiva dentro de la economía internacional en los próximos años, se pretende efectuar una reducción progresiva del promedio arancelario no ponderado desde el actual 11 por ciento para llegar a 8 por ciento en el 2005, de acuerdo a los compromisos internacionales asumidos. Actualmente, el Perú mantiene negociaciones comerciales con la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC - Asian Pacific Economic Council), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), entre otros; sin embargo, aún hay una ardua tarea por concretarse en lo que respecta a consolidar la integración económica de nuestro país con sus socios regionales, además de fortalecer su inserción comercial sobre la base de acuerdos bilaterales y multilate- rales. Es necesario promover una cultura de calidad, factor importante en el comercio internacional, establecer mecanismos de apoyo a la exportación compatibles con los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de fomento de la competitividad de las exportaciones, y generar y difundir la información relacionada a esta actividad. Por último, el presente Marco supone la culminación de los procesos de privatización y concesión más importan- tes, garantizados por reguladores eficientes e independientes y por el establecimiento de normas tributarias estables y consistentes con la solvencia presupuestaria intertemporal de la economía. Las privatizaciones y concesiones, además de atraer el financiamiento externo, permiten mejorar la eficiencia y competitividad de nuestra economía. Recuadro 1: Proceso de Descentralización y Finanzas Públicas El proceso de descentralización, aprobado por la Ley Nº 27683 – Ley de Elecciones Regionales publicada el 15 de marzo por el Congreso de la República-, se realizará por etapas, en forma progre- siva y ordenada conforme a los criterios que permitan una adecuada asignación de competencias, acompañada de la transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos subnaciona- les dentro de un manejo agregado fiscalmente responsable. En este sentido, el Poder Ejecutivo se encuentra trabajando con el Congreso de la República para proponer al país la Ley de Bases de la Descentralización que contempla cuatro componentes funda- mentales: las competencias de los gobiernos regionales, las etapas del proceso, los recursos para su viabilidad y la institución rectora del proceso. Un primer paso para organizar este proceso es establecer una distribución clara de las competen- cias entre los niveles de gobierno nacional, regional y local, con el fin de determinar la transferencia necesaria de recursos a los nuevos gobiernos regionales, de tal modo que se establezca un progra- ma ordenado de transferencia de servicios y competencias del gobierno central a los gobiernos subnacionales con efectos fiscales neutros. Respecto a las etapas del proceso, las mismas serán definidas en La Ley de Bases de Descentra- lización que será aprobada por el Poder Legislativo. En principio se ha acordado un proceso gradual que se desarrollará en cinco etapas, las cuales serían: ·Una primera etapa, de junio a diciembre del presente año, en la cual se debatirán y aprobarán las leyes pertinentes y se realizará la operación piloto para el planeamiento y programación partici- pativa del presupuesto. ·Instalación y organización de los gobiernos regionales. ·Transferencia y recepción de competencias sectoriales. ·Transferencia y recepción de competencias sectoriales en educación y salud. ·Consolidación del Proceso de Regionalización. Con relación a los recursos necesarios para su viabilidad, el proceso de descentralización nos obliga a extender la concepción de política fiscal a los niveles de gobierno nacional, regional y local, por lo que resulta necesario establecer principios fiscales básicos que constituyan el marco legal para una descentralización fiscalmente responsable. En este sentido, la descentra- lización deberá producirse teniendo como marco general las reglas macro fiscales contenidas en la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal y el Programa Económico expuesto en el Marco Multianual, para evitar desequilibrios fiscales que se han observado en experiencias similares. El proceso no contempla gastos adicionales a los actualmente existentes, debido a que la Ley de Presupuesto establecerá una nueva distribución de los recursos existentes, mas no un incre- mento en el gasto.