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Pág. 7 SEPARATA ESPECIAL Lima, sábado 1 de junio de 2002 régimen del impuesto predial. Asimismo, implementará la incorporación de los gastos tributarios en el presupues- to de 2003 y la eliminación del Impuesto Extraordinario a la Solidaridad (IES). También propondrá la reducción de exoneraciones e incentivos tributarios regionales, lo cual ayudará a reducir la evasión y la elusión tributaria, permitiendo generar recursos adicionales para la provisión de infraestructura y servicios sociales en estas regio- nes. El gobierno no introducirá medidas tributarias adicionales que impliquen una menor recaudación de ingresos tributarios; en otras palabras, no otorgará alivios tributarios a sectores o regiones específicos ni introducirá me- dida alguna para ampliar la cobertura de los fraccionamientos de las deudas tributarias. En el ámbito de la administración tributaria se viene evaluando la implementación de: (i) un sistema de retenciones y detracciones del IGV, (ii) modificaciones al reglamento de comprobantes de pago, (iii) centros de control y fisca- lización, y (iv) el tratamiento de contribuyentes no habidos, entre otros. En concordancia con la proyección de ingresos y la meta del déficit fiscal, en el per íodo 2003-2005 los gastos no financieros del Gobierno General crecerán en promedio 1,9 por ciento anual en términos reales; cifra que considera una moderación en el aumento del gasto corriente no financiero y una mejora progresiva en el incremento del gasto de capital. El gasto público se ejecutará a través de una gestión por resultados, con competencias y responsabilidades claras de cada uno de los órganos nacionales y subnacionales de gobierno, liberando los recursos necesarios para aumentar el gasto social. Asimismo, se promoverá la introducción de una cultura de programación y evalua- ción transparente del gasto público, en la cual la ciudadanía tenga una participación activa en el control del accionar público. La inversión pública se orientará a incrementar la infraestructura básica de apoyo a la producción, así como a mantener la infraestructura actualmente existente, con el fin de bajar costos, promover una mayor eficiencia, pro- ductividad y competitividad de la economía y generar empleos permanentes. Ello permitirá beneficiarnos aún más de nuestra integración a los mercados internacionales. Asimismo, conscientes de la insuficiencia de recursos destinados a la inversión pública para mejorar la eficiencia y competitividad de nuestra economía, se continuará con el proceso de concesiones, puertos y aeropuertos, el cual generaría inversiones por aproximadamente US$ 3 000 millones en los próximos años. El Estado debe elevar la eficiencia y eficacia de los programas sociales e incrementar la productividad en el uso de los recursos públicos, concentrándose en las actividades directamente vinculadas a la prevención y protección del daño en familias de mayor riesgo, y garantizando el financiamiento de estos gastos. Para este objetivo, los ministe- rios encargados de los programas sociales deberán unificar sus criterios y programas con el fin de enfrentar la lucha contra la pobreza y de diseñar la política social teniendo en cuenta las potencialidades y no sólo las carencias de las personas. Por tanto, el gasto social, que actualmente representa cerca del 8 por ciento del PBI, deberá elevarse por encima del 10 por ciento. Estos gastos deberán ser racionalizados y priorizados, especialmente en las áreas de nutrición, salud, educación, justicia, vivienda, seguridad ciudadana e inversión social adicional que permita la transferencia de capital a nivel local en apoyo a las zonas más deprimidas y necesitadas, de tal manera que en un escenario de restricción de recursos fiscales, se evite el daño en las potencialidades humanas de las familias de alto riesgo y se garantice la prestación de servicios sociales básicos de calidad adecuada. El financiamiento de este esfuerzo fiscal requiere la elevación de la presión tributaria de la economía y la reestruc- turación de algunos gastos que puede implicar la menor participación de algunos sectores no prioritarios en el gasto público. Éste es el reto si aspiramos a mejorar el capital humano de nuestra economía y a convertir el Perú en un país más justo y al mismo tiempo más competitivo. En el campo de la política monetaria, el Directorio del BCRP ha adoptado el régimen de metas explícitas de inflación en el programa monetario para el año 2002, fijando una meta de 2,0 por ciento de inflación para este año, con un margen de maniobra de un punto porcentual. Para el cumplimiento de esta meta, el instituto emisor anunciará mensualmente el rango de la liquidez en las cuentas corrientes de la banca y la tasa de interés de sus operaciones, con el fin de orientar la tasa de interés interbancaria. La política comercial continuará orientada a lograr una mayor integración de nuestra economía en los mercados internacionales, así como a promover las actividades productivas hacia la exportación de bienes y servicios, explo- tando la posición geográfica estratégica para el desarrollo de actividades multinacionales y con el apoyo del Estado en la búsqueda de mercados a escala global.