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564414 NORMAS LEGALES Viernes 23 de octubre de 2015 / El Peruano Respuesta de otros sectores. En los últimos años otras instancias gubernamentales como el Ministerio de Educación, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Justicia con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) han mostrado distintos niveles de involucramiento en la respuesta desde sus respectivas áreas de trabajo. Del mismo modo el Instituto Peruano de Seguridad Social (ESSALUD) y los Ministerios del Interior y Defensa (a través de la Sanidad de las Fuerzas Policiales y el Sistema de Salud del Ejército, La Marina y la Fuerza Aérea) han contribuido técnica y fi nancieramente con programas de prevención, atención y tratamiento para sus a fi liados en diferentes niveles. Las Fuerzas Armadas (FFAA) y Policía Nacional del Perú (PNP), cuentan con el denominado Comité de Prevención y Control del SIDA (COPRECOS, el cual propone las normas, coordina el diagnóstico y tratamiento que se realiza en los servicios asistenciales de estas instituciones y tiene un laboratorio central de referencia. El 3,3% de PVV que reciben TARGA en el país pertenece a las Fuerzas Armadas y Policiales. Respuesta de los Gobiernos Regionales. Las organizaciones de sociedad civil en coordinación con la ESNITSS y el apoyo fi nanciero del Objetivo 4 del programa de 6ta. Ronda del Fondo Mundial, bajo el liderazgo del Gobierno Regional, han impulsado el desarrollo de Planes Estratégicos Regionales Multisectoriales (PERM) y Planes Operativos Anuales a nivel regional y local. En el primer caso se ha trabajado intensamente procesos de abogacía para generar Ordenanzas y Decretos Regionales de aprobación de dichos planes que aseguren su inclusión en los planes presupuestales de los Gobiernos regionales y en el segundo caso, se han obtenido 27 planes operativos anuales en 27 gobiernos locales del interior del país. Los Gobiernos Regionales convocan a todos los actores comprometidos con las respuestas regionales al VIH/sida: instituciones sectoriales salud, educación, justicia, defensorías, organizaciones de la sociedad civil organizada en las Coordinadoras Regionales Multisectoriales de Salud (COREMUSAS), las cuales llevan a cabo el proceso de formulación de los PERM. Éstos deben corresponder con los lineamientos de política y planes de desarrollo regionales en materia de salud y con las causas o factores condicionantes, y con los efectos o consecuencias asociados a la ocurrencia de ITS y del VIH/SIDA. Respuesta de la Sociedad Civil. En el Perú la sociedad civil ha desarrollado junto a las autoridades de salud un papel protagónico en la respuesta a la epidemia de VIH y SIDA. En el sector de la Sociedad Civil identi fi camos como principales actores a las Organizaciones no Gubernamentales, el sector privado las universidades, las iglesias, las organizaciones de personas que viven con VIH (PVVS) y, más recientemente, las organizaciones de poblaciones vulnerables (gay, trans y trabajadoras sexuales); estas organizaciones se encuentran en proceso de consolidación y van teniendo una presencia cada vez más importante en los órganos de toma de decisiones como la CONAMUSA. Cabe destacar la Red Sida Perú que agrupa a catorce ONGs que invierten la mayor parte de sus esfuerzos en la problemática del SIDA, que ayudan a desarrollar intervenciones en poblaciones vulnerables, también ha contribuido con el estudio de las conductas y comportamientos en los diferentes segmentos de la población, asimismo el Colectivo por la VIDA, constituido por más de 25 instituciones de la sociedad civil, cuyo propósito es lograr el acceso universal y gratuito a la Atención integral de Calidad para PVV, que incluya tratamiento ARV. Así mismo al Consejo Empresarial Peruano en respuesta al VIH (CEVIH), conformado por 14 empresas, con el fi n de promover el liderazgo dentro del sector empresarial para trabajar en la prevención del VIH desde el lugar de trabajo y articular esfuerzos con el Estado, la sociedad civil y la cooperación internacional de carácter no reembolsable apostando por mejorar las relaciones laborales, aumentar la productividad y fomentar el desarrollo de una mejor calidad de vida, basada en la tolerancia y la no discriminación.Asimismo detallamos los logros alcanzados y situaciones identi fi cadas con la implementación del PEM 2007 2011, tales como: Mejora en la cobertura y acceso a las AMP, consejería y servicios de despistaje y tratamiento de ITS de HSH y TS en los respectivos CERITS y UAMP. Incremento en la cobertura de tamizaje de VIH y Sífilis en gestantes y disminución de la transmisión vertical (prueba rápida en gestantes, tratamiento profiláctico y la cesárea a todas las gestantes que viven con el VIH). Incremento de la cobertura de Atención de TARGA, incluyendo niñas, niños y adolescentes, mejorando la sobrevida de las PVVS. Incremento de la normatividad (normas y directivas) en el tema de derechos con el fin de disminuir estigma y discriminación a la población vulnerable y PVVS. Existe un limitado acceso a la información en ITS y VIH, sobre todo para las comunidades afectadas, sienten que hay datos que estos no se difunden y que no hay espacios de discusión lo cual muchas veces dificulta la importante tarea de vigilancia social de la respuesta nacional frente al VIH que dicha población tiene. No existe un monitoreo integral del PEM-VIH, no contó con el apoyo técnico ni económico para su implementación, no hubo una definición clara de los indicadores sobre todo los de nivel de resultado e impacto y no hubo una línea de base como punto de partida. Existen numerosas investigaciones referidas a satisfacción en los beneficiarios con respuestas diferentes. Por ejemplo grupos vulnerables específicamente trans y TS indican un mayor grado de insatisfacción que ha sido corroborado en los grupos focales. Existe una creciente ejecución presupuestal en tratamiento en VIH en relación a la prevención. Se logró importantes avances en la respuesta nacional contra la epidemia, particularmente en acceso a atención integral, en el momento actual financiado fundamentalmente con aporte del sector público, favoreciendo la sostenibilidad financiera de las intervenciones de VIH. En cuanto a las actitudes de discriminación hacia las comunidades de población vulnerable y PVVS, todavía existen actitudes discriminatorias en ellas, en especial en la población Trans. Las acciones de prevención y control de ITS y VIH establecidas en el PEM, no consideraron aspectos relacionados a las características y necesidades particulares para su implementación en los ámbitos regionales y locales, lo cual dificultó el desarrollo de capacidades y las condiciones para la transferencia y sostenibilidad de las acciones a nivel regional y local. Existe todavía limitada participación de los sectores públicos: como MINEDU, MINTRA, MINDE Y MINJUS-INPE, etc., que no han incorporado las actividades de prevención y control de VIH en sus presupuestos institucionales. Un aspecto importante ha sido la inclusión de las actividades de prevención y control de las ITS y VIH-Sida en el PPR desde el sector estatal MINSA, lo cual está contribuyendo a la sostenibilidad financiera de las actividades. La Multisectorialidad de la CONAMUSA presenta todavía dificultades para su articulación de los diferentes sectores, particularmente de los sectores públicos “no salud” (MININTER, MINJUS, MINDEF, MINEDU, MINDES). Dichos sectores consideran al VIH como “problema del sector salud”. Y eso se ve reflejado en la medida en que los presupuestos de estos sectores son desproporcionados en relación al MINSA el cual es el sector que tiene la mayor contribución como reflejo todavía de la visión sanitarista del VIH. La implementación de los proyectos del FM, ha tenido un rol decisivo para la respuesta del país en la prevención y control de ITS y VIH. A contribuido a mejorar el acceso universal a la atención, atención, prevención cuidado y apoyo a la población vulnerable y general, cabe destacar por ejemplo el incremento de la cobertura del tratamiento anti retroviral, que en un inicio fue cubierto por el FM y que actualmente está cubierto por el presupuesto del Estado. Asimismo