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20 NORMAS LEGALES Jueves 22 de febrero de 2024 El Peruano / se observa en el Anexo Nº 08 (“Matriz de vinculación de la política con los PESEM de las entidades”). En la segunda parte del proceso de vinculación de la Política al SINAPLAN, cada entidad interviniente vincula los servicios de la política con las acciones estratégicas institucionales (AEI) de su Plan Estratégico Institucional (PEI). En este alineamiento se identi fi can el pliego, la descripción de la AEI, su indicador y las metas, como se detalla en el Anexo Nº 09 (“Matriz de vinculación de la política con los PEI de las entidades”), donde se logra visualizar que los objetivos prioritarios 2 “Mejorar las condiciones de vida digna para las personas privadas de libertad” y 4 “Fortalecer habilidades para la reinserción de las personas privadas de su libertad que cumplen penas en los medios cerrado y libre”, son los que alinean un mayor número de AEI de las distintas entidades. Como tercer paso en el marco de la vinculación de la Política Nacional Penitenciaria al 2030 a los instrumentos de gestión del SINAPLAN, las entidades vinculan los servicios de los cuales participan con las actividades operativas (AO) de sus Planes Operativos Institucionales (POI), donde se de fi nen la descripción de la actividad, unidad de medida, nivel de gobierno, temporalidad, entidad ejecutora y metas. Esta información se presenta en el Anexo Nº 10 (“Matriz de vinculación de la política con los POI de las entidades”), en el cual se detalla a un nivel desagregado, cada actividad. En esta instrumentalización, el Instituto Nacional Penitenciario comprende gran parte de los datos alineados al participar en treinta y cuatro de los treinta seis servicios, y ser, además, la entidad rectora y administradora del ámbito penitenciario a nivel nacional. 6.4. Ruta de ejecuciónCEPLAN 5 dispone que “[a] través de este paso se elabora un instrumento que muestra los cursos de acción mediante los cuales se ejecutarán cada uno de los servicios de la política”. Esta ruta de ejecución, de gestión interna, se expresa por medio de una herramienta grá fi ca y es el principal instrumento para llevar a cabo de manera efectiva un monitoreo y seguimiento de la implementación de la política. El instrumento en cuestión, por lo tanto, describe detalladamente las tareas y subtareas más importantes a ser realizadas durante la ejecución de los servicios (en el caso de los inmediatos); y los plazos, elaboración de documentos o modi fi caciones en los instrumentos de gestión (para el caso de los progresivos). De esta forma, la ruta de ejecución abarca todo el horizonte temporal de la política y establece los responsables de las acciones, los períodos previstos para cada una y los logros que se esperan ir alcanzando en esos plazos. Este instrumento resulta en un diagrama desarrollado y consensuado por el Grupo de Trabajo Multisectorial, que marca la pauta para todo el proceso de implementación de la Política Nacional Penitenciaria al 2030. En este marco metodológico, se propone un formato de Ruta de Ejecución simple, que diferencia tres grandes pasos. Para los servicios de ejecución inmediata: i) la adecuación o elaboración de los documentos de provisión de los servicios alineados a los estándares de cumplimiento de la Política: ii) la implementación de los servicios de ejecución inmediata; y, iii) el alineamiento de los instrumentos de gestión de las entidades intervinientes en la provisión de los servicios, con la Política Nacional Penitenciaria. Por su parte, para los servicios de ejecución progresiva, los pasos corresponden a las mismas descripciones, pero la posición del paso ii) y iii) se invierte; esto particularmente, porque existen entidades que requieren en principio, plasmar actividades en los instrumentos de gestión, que les permitan, posteriormente, garantizar su implementación. El instrumento dispone de forma general, las tareas y subtareas vinculadas a la ejecución de los servicios, y en un marco de temporalidad entre el 2022 y el 2030, establece la progresividad de las acciones orientadas a alcanzar los logros esperados de la política nacional (ver Anexo Nº 11 “Ruta de ejecución de la Política Nacional Penitenciaria”). En su utilidad, esta ruta de ejecución se concibe de forma dinámica y fl exible, de modo tal que pueda ser adaptada a las distintas situaciones que se presenten y para mitigar los riesgos posibles que surjan en el futuro. VII. GOBERNANZALa Gobernanza es una parte vital y transversal a todo el proceso de diseño, formulación e implementación de las políticas públicas. En concreto, re fi ere a los acuerdos y compromisos institucionales que con fi guran la toma de decisiones políticas para intervenir sobre problemas públicos en bene fi cio de la sociedad. Estos acuerdos conforman parte de lo desarrollado en el marco del Plan Estratégico Multisectorial como los procesos, tareas, responsables, plazos y mecanismos de evaluación, de acuerdo a las competencias y capacidades de cada entidad participante. Asimismo, la gobernanza, trasciende la toma de decisiones para orientar la gestión en cuanto a los requerimientos de presupuesto, pero también, en cuanto a la ejecución de acciones vinculadas a la consecución efectiva de los objetivos, la supervisión, el seguimiento y evaluación. De manera general, la gobernanza es “el proceso social de decidir los objetivos de la convivencia y las formas de coordinarse; para realizarlos, se lleva a cabo en modo de interdependencia-asociación-coproducción / corresponsabilidad” 6. En este proceso, las funciones de la gobernanza pueden resumirse de la siguiente manera:7 - Establecer la orientación del planeamiento estratégico. - Supervisar el proceso en el marco de la gestión pública. - Comprometer de forma activa a las entidades involucradas. - Gestionar los riesgos y con fl ictos internos, así como proyectar los externos y sus posibles soluciones, en un ejercicio de control de riesgos. - Monitorear y evaluar los procesos de control en la fase de implementación y/o gestión pública. Es así como la Política Nacional Penitenciaria, como un esfuerzo multisectorial que involucra a un conjunto de entidades que forman parte del Ejecutivo, pero también, a entidades autónomas, al sector privado y la sociedad civil, representa un entorno propicio para el desarrollo de una gobernanza efectiva, donde cada parte asume de forma diferenciada algunas responsabilidades cuyo trabajo conjunto se traduce, fi nalmente, en el logro de los objetivos planteados. De esta forma, se estructura “una especí fi ca relación dialéctica entre los actores y las interacciones: los actores se integran entre ellos a través de una serie de interacciones, las cuales, a su vez, solo pueden constituirse, en función del ejercicio político que despliegan los actores” 8. En este sentido, todas y cada una de las entidades que participan de forma directa en la Política Nacional Penitenciaria, así como las entidades invitadas, se incorporan al proceso de Gobernanza en un ejercicio constante que busca facilitar el alcance de la situación futura deseada y la superación del problema público. No obstante, en este esfuerzo conjunto se desenvuelven de forma diferenciada, según el rol que representan: 7.1. Ministerio ConductorEs el ministerio que “lidera el proceso de implementación y realiza el seguimiento y evaluación de la política. Contribuye a formular las medidas de mitigación de riesgos y medidas correctivas ante las alertas de afectación a la trayectoria de implementación” 9. En el caso concreto de la Política Nacional Penitenciaria al 2030, el Ministerio conductor corresponde al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así ha quedado establecido en la Resolución Ministerial Nº 0290-2019-JUS, del 20 de julio de 2019, que aprueba la lista sectorial de las Políticas Nacionales bajo la rectoría del MINJUSDH, donde se incluye a la Política Nacional Penitenciaria. En este sentido, ha sido el sector Justicia el que ha presidido tanto el Grupo de Trabajo Multisectorial para