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PÆg. 314196 NORMAS LEGALES Lima, miércoles 8 de marzo de 2006 de marzo de 2006, con la finalidad de atender el programa que forma parte de la presente resolución. Artículo 2º.- La Asamblea Nacional de Rectores sufragará los gastos que se detallan: - Pago de pasajes aéreos: S/. 2,856.62 Lima – México – Lima S/. 855.29 - Viáticos de $ 200.- por día (4) S/. 2,672.00 el equivalente en nuevos soles $ 800 - Impuesto TUUA $30.25 S/. 101.04 Artículo 3º.- El egreso que ocasione la aplicación de la presente resolución, se afectará a los Grupos Genéricos y Específico de los Gastos: 5.3.11.20 “Viáticosy Asignaciones”, 5.3.11.32 “Pasajes y Gastos deTransporte", con cargo a la actividad: 1 01855“Orientación, Coordinación, Desarrollo de la PolíticaInstitucional y de Actividades Universitarias”, Componente 3 0933 “Orientación, Coordinación, Desarrollo de las Actividades Universitarias” por la Fuentede Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados(09) del Presupuesto Institucional año fiscal 2006 delPliego 540: Asamblea Nacional de Rectores. Regístrese y comuníquese. ELIO IVÁN RODRÍGUEZ CHÁVEZ Rector de la Universidad Ricardo Palma yPresidente de la Asamblea Nacional de Rectores ROCÍO RONDINEL SOSA Secretaria General de laAsamblea Nacional de Rectores 04339 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Aprueban el Informe Defensorial N” 103 "El Proyecto Camisea y sus efectos en los derechos de las personas" RESOLUCIÓN DEFENSORIAL Nº 0012-2006/DP 28 de febrero de 2006 VISTO:El Informe Defensorial Nº 103 "El Proyecto Camisea y sus efectos en los derechos de las personas", elaborado por la Adjuntía para los Servicios Públicos y elMedio Ambiente, en coordinación con el Programa deComunidades Nativas y las Oficinas Defensoriales deAyacucho, Cusco, Huancavelica, Ica y Lima. CONSIDERANDO: Primero: El Proyecto del Gas de Camisea (Lote 88) El Proyecto del Gas de Camisea es considerado como uno de gran importancia económica para el desarrollo nacional. Por sus dimensiones e impacto, constituye un proyecto emblemático, en el cual deberían reflejarse lasaspiraciones de desarrollo sostenible de nuestro país.En tal sentido, su construcción y operación deben serconducidas en el marco de respeto de los derechosconstitucionales y la concreción efectiva de los principios ambientales de equidad, responsabilidad ambiental, internalización de costos, prevención y precaución, demanera que se convierta en un modelo a seguir enproyectos similares. El reconocimiento de derechos constitucionales a la vida, la salud, la integridad, el medio ambiente adecuado para el desarrollo de la vida, entre otros, coloca al Estado en la obligación de garantizar y supervisar el empleo detecnología adecuada por parte de las empresas a cargode la explotación, transporte y distribución del recursonatural, de tal manera que se prevenga los impactosambientales en el área de influencia del proyecto; adoptarmedidas de mitigación adecuadas; respetar los derechos de las poblaciones afectadas efectuando, además, elcorrespondiente pago de las compensaciones a quehubiere lugar; y garantizar el diseño e implementaciónde mecanismos adecuados de acceso a la informaciónen condiciones de equidad para una efectiva participación ciudadana en la toma de decisiones. Segundo: Competencia de la Defensoría del Pueblo El artículo 162º de la Constitución Política de 1993 y el inciso 1) del artículo 9º de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ley Nº 26520, disponen que corresponde a la Defensoría del Pueblo defender losderechos constitucionales y fundamentales de la personay de la comunidad, así como supervisar el cumplimientode los deberes de la administración estatal y la prestaciónde los servicios públicos a la población. En cumplimiento de su mandato constitucional y conforme a lo señalado en el artículo 26º de su LeyOrgánica, la Defensora del Pueblo puede, con ocasiónde sus investigaciones, formular advertencias,recomendaciones y recordatorios de sus deberes legalesa las autoridades, funcionarios y servidores de la administración pública. Asimismo, puede sugerir la adopción de nuevas medidas en relación a los hechosque impliquen un mal funcionamiento de la administraciónestatal, la inadecuada prestación de un servicio públicoy/o la vulneración de derechos fundamentales. La Defensoría del Pueblo ha reafirmado que su misión institucional parte de un enfoque integral de derechos, lo cual orienta las prioridades para su actuacióninstitucional. En esa medida, mantiene una preocupaciónconstante por las condiciones ambientales y el equilibriode los ecosistemas, factores indispensables en el gocede los derechos constitucionales. Asimismo, este enfoque coloca en primer plano el ejercicio pleno de derechos como un medio para garantizar el bienestar delas personas y una convivencia social democrática conjusticia y equidad. De lo cual se desprende la necesidadde priorizar especialmente a aquellos cuyos derechosse encuentran más postergados, es decir los más pobres y excluidos. Tercero: Actuación de la Defensoría del Pueblo La Defensoría del Pueblo ha participado activamente en el ámbito de sus competencias, a iniciativa propia oen atención a las quejas, pedidos y consultas de la población, presentadas principalmente en nuestras Oficinas Defensoriales descentralizadas de Ayacucho,Cusco, Huancavelica, Ica y Lima, y cuya atención secoordinó con el Programa de Comunidades Nativas yla Adjuntía para los Servicios Públicos y el MedioAmbiente. Asimismo, la Defensoría del Pueblo ha recibido diversos pedidos de intervención realizados pororganizaciones indígenas amazónicas, organizacionesno gubernamentales y organizaciones internacionales,debido a la especial situación de vulnerabilidad de lospueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial en el Perú que se encuentran al interior de la Reserva del Estado a favor de los grupos étnicos Nahua-Kugapakori (el lote 88 se encuentra superpuesto a lasdos terceras partes de dicha Reserva). La Defensoría del Pueblo participó en el Programa de Fortalecimiento Institucional y de Apoyo a la Gestión Ambiental y Social del Proyecto Camisea, como integrante del Grupo Técnico de CoordinaciónInterinstitucional Camisea (GTCI CAMISEA), financiadocon recursos del Banco Interamericano de Desarrollo -BID, así como con recursos del Tesoro Público. Sinembargo, el flujo de información al interior del GTCI CAMISEA ha sido insuficiente. Asimismo, la Dirección del GTCI CAMISEA se ha limitado en gran parte a losaspectos administrativos para la ejecución del Programade Fortalecimiento Institucional y de Apoyo a la GestiónAmbiental y Social del Proyecto Camisea. El GTCICAMISEA ha funcionado sobre la base de una relación de cada institución participante con la Dirección del GTCI CAMISEA, antes que como una instancia de coordinaciónentre las instituciones encargadas de la supervisión delProyecto Camisea.