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Pág. 226149 NORMAS LEGALES Lima, jueves 11 de julio de 2002 bempleo de toda la población. En ambos casos, el su- bempleo por ingresos es el de mayor importancia. En cuanto a los ingresos laborales, en Lima Metropo- litana, durante todo el período 1986-1998, el ingreso men- sual de la población de 65 y más años ha sido menor al percibido por el grupo poblacional entre 35 y 64 años. Es decir, las personas después de su vida adulta laboral activa donde alcanzan sus máximos ingresos, al pasar a la edad legal de retiro, verían disminuidos sus ingresos pero manteniendo niveles por encima de los que tiene un joven entre 14 y 34 años. Las diferencias de ingresos entre hombres y mujeres de este grupo muestran una mejor posición de los hombres, aunque esta diferencia viene siendo menor, estimándose que en promedio, en- tre 1986 y 1989 una mujer de 65 y más años ganaba cerca de la mitad que un varón de su misma edad, en tanto que en 1998 esta diferencia era sólo de 6% menor respecto al ingreso del varón. Relacionada a la situación laboral y de ingresos de la población adulta mayor, en 1998 según distribución de la población de 60 años y más por grupo de edad, se en- cuentra que la pobreza afecta por igual a hombres y muje- res, aunque la pobreza extrema es más frecuente en los hombres entre los 60 y 64 años (55.7%) y en las mujeres entre los 70 y 74 años (59.2%). En el interior del país, particularmente en la Sierra, la situación de pobreza y pobreza extrema es más grave. En la sierra del país vive el 60.7% de la población adulta mayor pobre y el 82,4% de este grupo en pobreza extrema. A medida que se avanza en edad, la pobreza extrema tiende a ser más frecuente entre las mujeres que entre los hombres. Entre los 60 y 64 años, el 55.7% de la población en pobreza extrema está constituida por varones, mientras que en el grupo de 80 y más el 38.8% de pobres extremos son mujeres. Además de los indicadores de pobreza, se puede to- mar otro tipo de información que pueden expresar la si- tuación de precariedad o desprotección de la población adulta mayor, como la disponibilidad de una vivienda pro- pia, el acceso a los servicios básicos o el equipamiento del hogar. En 1997, a nivel nacional, el 87.7% de personas de 60 y más años vive en una vivienda propia y el 10% tiene propiedades adicionales a la vivienda que habita. En el área rural del país, el 92.2% tiene vivienda propia y el 76.3% propiedades agrícolas. Aunque gran parte de esta población contaría con la seguridad de tener una vivien- da donde habitar, se tienen evidencias de situaciones en que otros miembros de la familia hacen uso de la propie- dad de los padres o abuelos, llegándose en algunos ca- sos a situaciones de abuso por parte de la familia. Además, las viviendas de los adultos mayores pre- sentan por lo general una situación precaria. Según la ENAHO 1998, sólo el 48% de las viviendas habitadas por este grupo poblacional dispone de servicios higiéni- cos con red pública. Igualmente, el 25% de estas vivien- das no dispone de agua potable y el 33% no cuenta con electricidad. Asimismo, el equipamiento de los hogares de las personas adultas mayores también presentan una cierta precariedad donde, por ejemplo, sólo el 18.8% de estos hogares cuenta con servicio telefónico. 2.6 Situación de la Población Adulta Mayor pen- sionista En la actualidad, el Perú se encuentra en una etapa de transición de un sistema de reparto administrado por el Estado, a un sistema de capitalización individual de propiedad privada. El número de pensionistas inactivos o fuera de la PEA aumentó de 67,700 en 1972 a 97,599 en 1981 y a 312,000 en 1993, concentrándose en Lima aproximadamente la mitad de estas personas. Teniendo en cuenta la población de Lima, entre 1984 y 1996 se presentó un ligero incremento en la cobertura de las pen- siones, del 29% de la población en edad igual o mayor a la edad mínima de jubilación, al 32% en el año 1996. En el grupo de pensionistas existen fuertes diferencias entre varones y mujeres, registrándose que mientras el 53% de varones recibe una pensión, en las mujeres este porcentaje disminuye a 19%. En cuanto a la tasa de activi- dad de las personas que reciben pensión, aumenta de manera sostenida, principalmente a partir de 1994, llegando a un 27.2% en el año 1996, tres veces el nivel que teníaen 1984. Esta situación se explica por los bajos niveles de pensiones que obligan a las personas mayores a conti- nuar trabajando, reciban o no una pensión. De otro lado, en los últimos años se viene presentando un incremento en la ocupación de la población pensionista. Según la ENAHO, en Lima Metropolitana los pensionistas ocupados pasaron del 17.9% en 1984 al 29% en 1996, lo cual señalaría la situación descrita de continuar en el mer- cado laboral para generar mayores ingresos. Asimismo, es necesario considerar que en 1995 se dispone un significati- vo aumento de la edad mínima para jubilarse, lo que oca- siona una desaceleración del aumento de pensionistas ocu- pados. Así, la edad de jubilación en las mujeres se incre- mentó en diez años, de 55 a 65 años, y en el caso de los hombres, aumentó de los 60 a 65 años de edad. 3. PRINCIPIOS Los Principios sobre los que descansa el Plan Nacio- nal de Acción, son los mismos que sirven de sustento a la política nacional para las personas adultas mayores, aprobada por el Decreto Supremo Nº 010-2000-PROMU- DEH. Estos principios son los siguientes: • La política para las personas adultas mayores es parte integrante del desarrollo humano sostenible del país, cuyo principal objetivo es elevar la calidad de vida de todas las personas. • El envejecimiento es un proceso que dura toda la vida, sobre el cual incide una diversidad de factores que exige la consideración de un enfoque multidisciplinario, integral y dinámico, que transforme el proceso de enveje- cimiento en un factor de desarrollo para los propios adul- tos mayores y para el conjunto de la sociedad. • La asignación de recursos necesarios para imple- mentar las políticas y acciones sobre envejecimiento y vejez deben considerarse como una inversión, por lo que es importante la coordinación de los factores económi- cos y sociales para potenciar su aporte y hacerlos más eficientes, combinando adecuadamente criterios técnicos y políticos en la toma de decisiones. • El Estado debe garantizar que los adultos mayores en situación de pobreza y aquellos más desprotegidos tengan prioridad sobre los beneficios, para disminuir las desigualdades sociales y territoriales, y lograr condicio- nes de equidad. Asimismo, se debe promover la equidad y la igualdad de los sexos y los derechos de la mujer. • En el desarrollo de la política para el envejecimiento y la vejez se debe tener en cuenta la corresponsabilidad entre el Estado, la familia y la propia población adulta mayor. El Estado debe convocar la más amplia participa- ción de los adultos mayores y otros actores sociales, y comprometerlos en el diseño y ejecución de programas y proyectos específicos, principalmente a organismos no gubernamentales y universidades. • Se debe propiciar que las personas adultas mayo- res mantengan una actividad intelectual, afectiva, física y social, por lo que es indispensable que puedan tener acceso a los servicios de salud y seguridad social, re- creación y cultura. • Es responsabilidad política y social, actual y futura, promover la solidaridad intergeneracional, no sólo de la población en general para con los mayores, sino también desde los adultos mayores hacia las generaciones más jóvenes, propiciándose la transmisión de sus conocimien- tos, habilidades y experiencias, y reconociéndose la con- tribución que prestan los adultos mayores desde el punto de vista espiritual, socioeconómico y cultural. • Los adultos mayores deberán vivir con dignidad y se- guridad recibiendo un trato digno, independientemente de la edad, sexo, raza o procedencia étnica u otras condicio- nes y han de ser valorados independientemente de su contribución económica. De manera particular, el Estado, al considerar las necesidades de los adultos mayores per- tenecientes a los diferentes grupos étnicos del país, reco- noce y apoyo su identidad, su cultura e intereses. • El Estado debe velar por la vigencia plena de los de- rechos fundamentales de las personas adultas mayores. 4. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA La política nac ional vigente para las personas adultas mayores considera los siguientes objetivos: