TEXTO PAGINA: 31
NORMAS LEGALES El Peruano Lima, miércoles 9 de mayo de 2012 465957 entidades estatales, que estén en poder de la entidad por otras razones, o circunstancias similares. Conforme a la verdad material, la Administración tiene el deber de adecuar su actividad probatoria a la verdad material, lo cual no solo se logra con las acciones probatorias en el procedimientos de evaluación previa, sino con la fi scalización posterior (...) en los que se convierte en el instrumento necesario para que la autoridad pueda reconocer la verdad de los hechos no obstante haber provisionalmente aceptado lo solicitado por la Administración”. 11. Atendiendo a los fundamentos expuestos en los numerales precedentes, y existiendo en el expediente el Dictámen Pericial de Grafotecnia, elaborado por Perito Judicial Grafotécnico Gustavo Eduardo Arroyo Torres, que concluye en que la fi rma a nombre Pedro José Llanos Arévalo en la Declaración Jurada de Integrantes del Plantel Técnico (Folio 05) y el Contrato de Trabajo de fecha 30 de abril de 2008 (Folio 15) es falsifi cada, a criterio de este Colegiado se ha probado fehacientemente que el Proveedor ha cometido la infracción tipifi cada en el numeral 10) del artículo 294º del Reglamento, al haberse quebrantado la presunción de veracidad de la que gozaba dicho documento. 12. En relación a la graduación de la sanción imponible, el artículo 294º del Reglamento, establece que los agentes privados de la contratación que presenten documentos falsos o inexactos serán sancionados con inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de un (1) año, la cual deberá imponerse atendiendo a los criterios para graduar la sanción establecidos en el artículo 302 del Reglamento11. 13. De esta manera, atendiendo a la naturaleza de la infracción, debe tenerse en cuenta que ésta reviste una considerable gravedad pues vulnera el Principio de Moralidad que debe regir a todos los actos vinculados a las contrataciones públicas, conforme a lo prescrito en el literal b del artículo 4 de la Ley. Por lo demás, dicho principio, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues constituyen los pilares que rigen las relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los administrados. 14. En cuanto al criterio de intencionalidad del infractor, se ha podido determinar que la conducta del Proveedor llevaba implícita la consecución de un fi n, como era la de obtener su Inscripción como Ejecutor de Obras en el registro que tiene a su cargo la Entidad. 15. En lo que atañe al daño causado, es relevante tomar en cuenta, que la presentación del aludido documento con fi rma falsifi cada que el Proveedor presentó, motivó la expedición de la Resolución de la Subdirección de Registro Nº 6195/2008-CONSUCODE/SRNP aprobando su inscripción, y que ello motivará que la Entidad pretenda la declaración de nulidad de la misma en sede judicial a través de la vía del proceso contencioso administrativo, con la consecuente generación de costas y costos procesales que ello acarrea. 16. Por otro lado, debe considerarse que la conducta realizada por la empresa infractora no es reiterativa, es decir, no ha sido sancionado previamente por incurrir en algunos de los supuestos tipifi cados como sancionables por la normativa de contrataciones. 17. De igual forma, debe recalcarse que la empresa infractora no ha reconocido su responsabilidad debido a que juega en su contra el no haberse apersonado al presente procedimiento sancionador a presentar sus descargos, pese a haber sido notifi cado válidamente mediante publicación en el Diario Ofi cial El Peruano. 18. Resulta importante, asimismo, traer a colación el Principio de Razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fi nes públicos que deba tutelar, a fi n que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 19. Por lo expuesto, este Colegiado considera que corresponde imponer al Proveedor la sanción administrativa de inhabilitación temporal en sus derechos para participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por el periodo de diez (10) meses. 20. Finalmente, es pertinente indicar que la falsifi cación de documentos constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el Código Penal, el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfi co jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la confi abilidad especialmente en las adquisiciones que realiza el Estado; por tanto, deberá ponerse en conocimiento Ministerio Público los actuados del presente procedimientos para que proceda conforme a Ley12. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Dra. Wina Isasi Berrospi y la intervención de las Vocales Dra. Ada Basulto Liewald y Dra. Patricia Seminario Zavala, atendiendo a la reconformación de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 589- 2011-OSCE/PRE de fecha 21 de setiembre de 2011; en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 63º de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo Nº 1017, y su segunda disposición complementaria transitoria, así como los artículos 18º y 19º del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Resolución Ministerial Nº 789-2011- EF/10; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; LA SALA RESUELVE: 1. Sancionar a la EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS GENERALES CHILKEY S.R.L. con diez (10) meses de inhabilitación temporal para participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por la comisión de la infracción tipifi cada en el numeral 10) del artículo 294º del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notifi cada la presente resolución, a través del Diario Ofi cial El Peruano al no conocerse domicilio cierto del infractor. 2. Poner la presente resolución en conocimiento de la Dirección del Registro Nacional de Proveedores para las anotaciones de ley correspondientes. 3. Poner en conocimiento del Ministerio Público la presente resolución, de acuerdo a los fundamentos expuestos. Regístrese, comuníquese y publíquese. SS. BASULTO LIEWALD SEMINARIO ZAVALA ISASI BERROSPI 11 Artículo 302.- Determinación gradual de la Sanción Para graduar la sanción a imponerse conforme a las disposiciones del presente Título, se considerarán los siguientes criterios: 1) Naturaleza de la infracción. 2) Intencionalidad del infractor. 3) Daño causado. 4) Reiterancia. 5) El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada. 6) Circunstancias de tiempo, lugar y modo. 7) Condiciones del infractor. 8) Conducta procesal del infractor. El Tribunal podrá disminuir la sanción hasta límites inferiores al mínimo fi jado para cada caso, cuando considere que existen circunstancias atenuantes de la responsabilidad del infractor. En caso de incurrir en más de una infracción en un proceso de selección o en la ejecución de un contrato, se aplicará la que resulte mayor. 12 Sobre el particular, según lo dispuesto en el literal i) del artículo 19 del Reglamento de Organización y Funciones - ROF del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 789-2011-EF/10, es función de Tribunal de Contrataciones del Estado: “Poner en conocimiento del Ministerio Público los casos en que detecte indicios de ilícitos penales cometidos por los empleados públicos o personas que presten servicios en las Entidades en el ejercicio de sus funciones, participantes, postores, proveedores, contratistas, árbitros o expertos independientes, según sea el caso.” 785389-3