Fuente: Diario Oficial El Peruano.
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38 NORMAS LEGALES Viernes 21 de agosto de 2020 / El Peruano Anexo 3: Modelo de matriz de información complementaria RECOMENDACIONES DEL COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: “(...) Toma de conciencia (artículo 8) 18.Si bien toma nota de algunas medidas adoptadas por el Estado parte para concienciar acerca de los derechos de las personas con discapacidad, (...) al Comité le sigue preocupando la insu ficiencia de esas medidas y (...) El Comité señala a la atención del Estado parte que, lejos de promover los derechos de las personas con discapacidad y dotar a esas personas de medios para valerse por sí mismas, estas campañas perpetúan y reproducen los estigmas y, por tanto, obstaculizan la posibilidad de crear una cultura en la que las personas con discapacidad sean reconocidas como parte de la sociedad y la diversidad humana. 19. El Comité insta al Estado parte a que adopte medidas proactivas para promover la concienciación respecto de la Convención y su Protocolo facultativo a todos los niveles, y a que formule políticas y programas que aseguren la eliminación de estereotipos y se centren en la dignidad, la capacidad y las aportaciones a la sociedad de las personas con discapacidad. (...)Igual reconocimiento ante la ley (artículo 12) (...) 24.El Comité toma nota con preocupación de que la legislación del Estado parte (artículo 7 de la Constitución y artículos 564 y 565 del Código Civil) no está en conformidad con el artículo 12 de la Convención, ya que establece un modelo de sustitución en la toma de decisiones en lugar de un modelo de apoyo o asistencia en esa toma de decisiones y permite la suspensión de los derechos civiles de las personas con discapacidad en los casos de interdicción judicial. Preocupa también al Comité la falta de información acerca del número de personas que han estado sujetas a tutela y curatela, así como la falta de recursos y garantías jurídicas en vigor, como la realización de exámenes independientes y el derecho a recurrir, para revocar la imposición de esas medidas. 25. El Comité recomienda al Estado parte que derogue la práctica de la interdicción judicial y revise las leyes que permiten la tutela y la curatela con objeto de garantizar su plena conformidad con el artículo 12 de la Convención. Le recomienda también que adopte medidas para cambiar el modelo de sustitución en la toma de decisiones por uno de apoyo o asistencia a las personas con discapacidad en esa toma de decisiones que respete su autonomía, voluntad y preferencias. 26.Preocupa al Comité que el Código Civil del Estado parte no reconozca la capacidad para ejercer el derecho a contraer matrimonio de las personas sordomudas, sordociegas y ciegomudas, así como de las personas con discapacidad mental o que sufren deterioro mental. 27. El Comité insta al Estado parte a que modi fique el Código Civil con el fin de garantizar adecuadamente a todas las personas con discapacidad el ejercicio de sus derechos civiles, en particular el derecho a contraer matrimonio”. (Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD/C/PER/CO/1), considerandos 18-19, 24-27).MEDIDAS REPORTADAS PREVIAMENTE POR EL ESTADO PERUANO En el Informe inicial sobre aplicación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, El Estado peruano señaló que “Con la finalidad de lograr el respeto y pleno ejercicio de los derechos fundamentales sin restricciones de las personas sordas y sordociegas, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad –CONADIS ha presentado el proyecto de ley que modi fica, los artículos 43, 241 y 274 del Código Civil referidos a la voluntad indubitable que deben expresar estas personas con discapacidad. Actualmente la propuesta se encuentra en estudio. Los mencionados artículos del Código Civil señalan que las personas sordomudas, sordociegas y ciegomudas que no pueden expresar su voluntad de manera indubitable debido a su incapacidad absoluta, no pueden contraer matrimonio y es causal de nulidad del mismo. (...)” (CRPD/C/PER/1, párrafo 64). En los Informes periódicos segundo y tercero combinado, sobre capacidad jurídica, el Estado reportó que: “5.El Estado a través del Poder Judicial (en adelante, “PJ”), ha desarrollado estándares de reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en el Protocolo de Atención Judicial para Personas con Discapacidad. Adicionalmente, el Pleno Jurisdiccional Distrital de Familia de la Corte Superior de Justicia del Santa “La interdicción civil y el derecho de las personas con discapacidad al igual reconocimiento a la capacidad jurídica”, del 15 de julio de 2016, dispuso la inaplicación del Código Civil (en adelante “CC”) en lo referido a la incapacidad absoluta y relativa de ejercicio por ser incompatibles con la CDPD; y la generación de jurisprudencia que coadyuve a garantizar el referido derecho”. Además, el Estado peruano señaló que: “Igual reconocimiento como persona ante la ley (artículo 12). 63.Respecto a la modi ficación del CC, el Congreso de la República viene evaluando dos proyectos de ley que proponen modi ficar diversos artículos del CC, el Código Procesal Civil (en adelante “CPC”) y la Ley del Notariado para reconocer expresamente la plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad, eliminando limitaciones y restricciones en la celebración de actos jurídicos, reemplazando la curatela por sistemas de apoyo. Actualmente, se cuenta con un predictamen de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad de dicha instancia, el mismo que fue elaborado con los aportes recibidos de entidades públicas vinculadas al tema; así como organizaciones de personas con discapacidad. 64.Cabe resaltar que actualmente está en formulación un Decreto Legislativo por parte del Poder Ejecutivo, en el marco de las facultades delegadas otorgadas por el Poder Legislativo, para establecer medidas que promuevan la inclusión de las personas con discapacidad y garantizar el derecho al ejercicio de su capacidad jurídica en condiciones de igualdad. En esa línea, la propuesta está encaminada a superar las limitaciones legales al ejercicio de su voluntad, en atención a su discapacidad y brindar un sistema de apoyos. 65.El PNDH busca “Promover la aprobación de un marco normativo que proteja e implemente el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad” y ha contemplado como indicador, que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (en adelante, “MINJUSDH”) brinde patrocinio legal para impedir que sean interdictadas o para revertir su situación de interdicción, conforme a los criterios de defensa pública; así como la formulación y/o modi ficación de normas reglamentarias que incorporen ajustes razonables y sistemas apoyos para personas con discapacidad. 66.En atención a la modi ficatoria de la normativa relacionada al sistema notarial, se ha creado una mesa de trabajo para proponer un nuevo reglamento de la Ley del Notariado, que incorpore medidas que favorezcan el ejercicio de los derechos civiles de las personas con discapacidad, sin que ello implique la disminución de la seguridad jurídica de los actos notariales que se celebren.” (CRPD/C/PER/2-3, párrafos 15, 63-67). Posteriormente en el año 2018, el Estado peruano reconoce y regula la Capacidad Jurídica de las Personas con Discapacidad en igualdad de condiciones[1], modi ficando así diversos artículos del Código Civil de 1984, mediante el cual se establece que las personas con discapacidad pueden ejercer plenamente sus derechos de manera autónoma y en igualdad de condiciones que las demás, por lo que a partir de esta norma no necesitan de alguien que los represente para poder votar, comprar, vender sus bienes, casarse, ejercer la patria potestad de sus hijos e hijas, entre otras actividades, sino que ahora lo pueden hacer ellos por sí mismos. En caso lo requieran, pueden contar con la ayuda de una persona de apoyo. Además, otro aspecto relevante es que se elimina la figura del «Curador» para las personas con discapacidad, y se crean las figuras de «Apoyos y Salvaguardias». Asimismo, se elimina el internamiento involuntario de las personas con discapacidad, y se puede solicitar la reversión de la interdicción de la persona con discapacidad, dictada con anterioridad a la entrada en vigencia de esta norma (HRI/CORE/PER/2019, Documento Básico que forma parte integrante del Informes de los Estados Parte: Perú. párrafo 79). RECOMENDACIONES DEL EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL: 111.150 Impulsar una reforma del Código Civil para proporcionar plena capacidad jurídica a las personas con discapacidad y así garantizar su autonomía y mejorar su inclusión social (Costa Rica); (Tercer ciclo del EPU: A/HRC/37/8, 2017). 111.153 Modi ficar el Código Civil para reconocer plenamente la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y garantizar su acceso a la educación inclusiva y servicios de salud adecuados (Israel); (Tercer ciclo del EPU: A/HRC/37/8, 2017)MEDIDAS REPORTADAS PREVIAMENTE POR EL ESTADO PERUANO: 109. Adicionalmente, está pendiente la modi ficación de diversos artículos del Código Civil para reconocer plenamente la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, proporcionando los apoyos y salvaguardias necesarias. Ello permite armonizar la norma nacional con la internacional, eliminando aquellas figuras legales que no brinden un reconocimiento de la capacidad jurídica de este grupo de personas. Por otro lado, se ha institucionalizado la materia de discapacidad en el marco de las Políticas nacionales de Obligatorio cumplimiento, se ha realizado la Primera Encuesta nacional especializada sobre discapacidad; se implementaron Programas Presupuestales Estratégicos (PPE) en materia de discapacidad en temas de salud, educación inclusiva y promoción del acceso laboral a personas con discapacidad, entre otros. (A/HRC/WG.6/28/PER/1, Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos*) RECOMENDACIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES: GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA CUESTIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER EN LA LEGISLACIÓN Y EN LA PRÁCTICA 88. Con respecto al acceso a la justicia, el Grupo de Trabajo recomienda: (...)l) Implementar políticas y programas transversales para abordar la discriminación múltiple que afecta varios grupos de mujeres en situación de vulnerabilidad, en particular mujeres indígenas, andinas y amazónicas, afrodescendientes, lesbianas, mujeres en zonas rurales y mujeres con discapacidad; (A/HRC/29/40/Add.2*, Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica).INFORMACIÓN RECABADA POR EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DURANTE SU MISIÓN OFICIAL: 27. El Estado peruano ha desarrollado numerosas políticas, planes y programas destinados a la realización de la igualdad de género. El plan estratégico de desarrollo “Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021” enuncia entre sus objetivos la eliminación de las discriminaciones de género. El Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-201617 cuenta entre sus objetivos la consolidación de una política pública para la igualdad de género y la eliminación de la discriminación contra las mujeres18. El Grupo de Trabajo lamenta que en el Plan de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 2009-2018 no figuren medidas para hacer frente a los problemas de las mujeres con discapacidad. 29. El Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer (2009-2015), que reconoce como formas de violencia hacia la mujer la violencia familiar, la violencia sexual, el feminicidio, el hostigamiento sexual, la trata y la homofobia, señala, entre otros objetivos, la necesidad de promover la transformación de patrones socioculturales que exacerban la violencia contra las mujeres para establecer nuevas formas de interacción. El Grupo de Trabajo lamenta que, en el Plan, las mujeres con discapacidad no gocen de protección especial21. También se adoptó en 2011 el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas en el Perú 2011-2016, que establece como principios rectores la perspectiva de género y la igualdad.(A/HRC/29/40/Add.2*, Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica, párrafos 27 y 29). 1878720-1