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Pág. 206139 NORMAS LEGALES Lima, viernes 6 de julio de 2001 iría incrementando hasta alcanzar los US$ 2,734 millones en el año 2004 ” (capítulo 2 del informe FOPROBI). En el tema de la deuda ha quedado claro que si bien la actividad pesquera como un todo es una actividad renta- ble, existe aún un número de empresas cuya estructurapatrimonial les crea dificultades y en algunos casos lasvuelve inviables. Actualmente, existe un importante gru-po de empresas que representan más del 50% de la producción de harina de pescado, que han reestructurado su deuda o que no enfrentan problema alguno para servir-la. Por ello, la Comisión considera que la posición de losbancos de negociar con las empresas caso por caso, comoviene ocurriendo en la práctica, es una forma viable dereestructuración de la deuda bancaria. Los bancos ya vienen tratando en forma directa con sus clientes las alternativas de solución posible. En algunoscasos mediante la capitalización de sus acreencias, enotros, mediante condonación o refinanciación y en casosextremos, mediante la ejecución de las garantías y laliquidación de la empresa. En cualquier caso, resulta comprensible su esfuerzo por recuperar la mayor parte de sus acreencias y ello explica, en parte, por qué muchasempresas continúan subsistiendo a pesar de su debilidadpatrimonial. De hecho, aquello también prueba que aúnestas empresas económicamente inviables siguen gene-rando caja que permite reducir sus pasivos. 3. Exceso de capacidad y sobrecostos Los miembros de la Comisión comparten el diagnóstico respecto de que actualmente existe un 50% de exceso decapacidad de bodega y captura respecto de la biomasa promedio y proyectada en términos de conservación del recurso, y existe paralelamente una capacidad de procesa-miento por lo menos dos veces superior a la requerida,considerando los niveles proyectados de captura y su diver-sa ubicación a lo largo del litoral para enfrentar la aleato-riedad de la disponibilidad geográfica del recurso. El exceso de capacidad en flota y plantas genera sobre- costos que afectan negativamente el rendimiento operati-vo de las empresas pesqueras y que significan un drenajeeconómico significativo para el sector. Estos sobrecostoshan sido estimados en un promedio de US$ 50 millonesanuales, los cuales serían ahorrados por el sector si se lograra eliminar este exceso de capacidad, mejorando la eficiencia operativa y financiera de las empresas. La fuente de estos sobrecostos se encuentra en el actual sistema de cuota global y vedas biológicas que generaincentivos para que en nuestro mar se produzca una“carrera por la pesca”. La ausencia de derechos de propie- dad sobre los recursos que se extraen hace que cada armador realice un esfuerzo por llegar primero a los cardú-menes de peces y capturar lo más que se pueda, pues lacuota es común y la competencia muy intensa. De estaforma, los incentivos son claros para invertir en más ymejores lanchas. El problema es que todos los armadores tienen los mismos incentivos y ello se traduce en una carrera por más y mejor infraestructura de captura – yprocesamiento. Es por eso que hoy tenemos en el Perú unsector pesquero industrial que presenta un exceso decapacidad instalada producto de un proceso de sobre-inversión y sobre-endeudamiento, que genera menores temporadas de pesca, mayores costos unitarios de extrac- ción y procesamiento, y problemas financieros para lasempresas. 4. Alternativas Se arribó a un consenso respecto de que es necesario que los sectores público y privado encuentren algún mecanismoque logre generar este importante ahorro de sobrecostosproveniente del exceso de capacidad de flota y plantas. Lasalternativas que se analizaron en el seno de la Comisiónfueron: - Reducción de flota En los últimos dos años, se vino estudiando la posibili- dad de ejecutar un proceso de retiro de embarcaciones conel fin de reducir la capacidad de bodega existente en un30%. Ello dio lugar a los proyectos denominados Foprobi Iy II, los cuales compartían el concepto de una reducción deflota inicialmente voluntaria mediante subasta y el finan- ciamiento de dicho retiro con cargo a un autogravamen a ser pagado producto de la exportación de harina de pesca-do. Estas iniciativas, sin embargo, fracasaron ante la faltade consenso existente entre los propios armadores e indus-triales y la reticencia del Estado a participar activamenteen el proceso (sobre todo en el caso del Foprobi I).Un problema medular de los programas de reducción de flota era la obligatoriedad del retiro. El esquema de retiro voluntario no prosperó por la falta de confianza entre los propios empresarios pues se evidenció que nadie querríaretirar su propia flota hasta que no supiera qué haría sucompetidor. Además, existía una profunda desconfianza delos armadores frente a la autoridad respecto del compromi-so de no otorgar nuevas licencias en el futuro. La alternativa de un retiro obligatorio tampoco habría de prosperar debido a que el Estado no estaba dispuesto aasumir el costo político de discernir quiénes se retiran yquiénes se quedan, además de que un esquema obligatorioy compulsivo tampoco contaría con el apoyo necesario delsector privado. - Fortalecimiento del rol del Estado Uno de los temas que mayor consenso logró en el seno de la Comisión fue la importancia del rol del Estadorespecto del control y la supervisión de la actividad pesque- ra. Asimismo, se estableció que resulta fundamental que el Estado gane en confiabilidad frente a sus administrados,pues esto está en la base de cualquier alternativa desolución al problema del ordenamiento pesquero. El costofiscal de cualquier solución al tema del sobredimensiona-miento que había sido tradicionalmente entendido como costo en términos de recursos financieros, debía ser susti- tuido por el costo político de adoptar acciones firmes deordenamiento pesquero. Los miembros de la Comisión y, especialmente los representantes de las empresas pesqueras, concluyeronque una condición necesaria para llevar a cabo una efectiva racionalización del esfuerzo pesquero es el desarrollo de un sistema de fiscalización que garantice el cumplimiento delmarco normativo, genere credibilidad por parte de losadministrados y sea drástico, transparente y eficaz en lassanciones. En este sentido, la Comisión consideró que elMinisterio de Pesquería debe fortalecer el sistema de supervisión y vigilancia, así como revisar el actual proce- dimiento sancionador. Ello además permitiría equilibrarlas condiciones de competencia entre los agentes económi-cos. Si el Ministerio de Pesquería fuera más eficiente encontrolar todas las distorsiones que se producen por laviolación de las reglas de la pesca responsable, entonces estaría reduciendo significativamente el esfuerzo pesque- ro e incrementando la viabilidad del sector. Se acordó que las sanciones deben ser muy drásticas para los que infringen las normas, sanciones que deberíancontemplar la cancelación definitiva de los permisos depesca para los infractores reiterados, de la misma manera en que en los países desarrollados se retira las licencias de conducir a los choferes que infringen reiteradamente lasnormas de tránsito. Ello se basa en el concepto de que lospermisos de pesca no constituyen un derecho inalienablesino un privilegio que el Estado le otorga a los armadores, sujeto al cumplimiento de normas establecidas para pre- servar el bien común. - Cuotas individuales de pesca Ante la imposibilidad de avanzar en un esquema de reducción de flota, sea voluntario u obligatorio, se analizó el esquema de cuotas individuales de pesca como una opción válida que –a diferencia de los programas de reduc-ción de flota– ataca el origen del problema: la estructura deordenamiento pesquero que fomenta una “carrera por elrecurso”. En ese sentido, las cuotas individuales de pescason un sustituto a la reducción de flota, con la ventaja de que el empresario tiene la flexibilidad de optimizar su cuota con sus embarcaciones más eficientes, permitiendoademás programar adecuadamente sus zarpes y faenas depesca. En suma, devuelve al empresario las decisiones decuánto, cómo y cuándo pescar en función exclusiva de suspropios criterios de rentabilidad. En lo que respecta a los bancos, sus representantes hicieron saber que ellos no tendrían ningún problema enapoyar un esquema de cuotas individuales de pesca en lamedida que ello asegure el valor de las garantías banca-rias. Las actuales embarcaciones dadas en garantía a losbancos tienen también afectada en prenda su respectivo permiso y los derechos que éste implica se trasladarían afectados al banco en el nuevo sistema, evitando así perju-dicar el valor de las garantías actuales. La implementación de un esquema de cuotas individua- les de pesca requiere de un amplio consenso entre losarmadores (80% de la flota de acuerdo al Reglamento de la Ley General de Pesca). Tal consenso está aún lejos de lograrse pues existen serias objeciones al esquema. Estas