NORMA LEGAL OFICIAL DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 (14/09/2017)

19 NORMAS LEGALES Jueves 14 de setiembre de 2017 El Peruano / En los 123 casos de procedimientos administrativos disciplinarios se encuentran involucrados 211 servidores/as civiles, de los cuales 7 tienen más de un proceso administrativo. Por tipo de entidad, se reportó 13 implicados a nivel de ministerios, 197 a nivel de organismos público y 1 a nivel de empresas estatales. Figura N° 10: Número de procesados por tipo de entidad - 2016 197113 Organismos Públicos Empresas del Estado Ministerios Asimismo, los/las servidores/as civiles procesados se distribuyeron por régimen de contratación de la siguiente manera: 164 pertenecen al régimen de contratación perteneciente al D.L. 728, 35 al régimen del D.L. 1057 (CAS) y 12 al régimen del D.L. 276. Figura N° 11: Número de procesados distribuidos por tipo de entidad - 2016 12 35 164D.LEG. N°276 D.LEG. N°1057 (CAS) D.LEG. N°728 En relación a la función que desempeñan los/las servidores/as civiles involucrados/as, se encontró en su mayoría son profesionales (119), seguido por técnicos/as (46), funcionarios/as y directivos/as (27) y auxiliares (15). De los 211 procesados/as, 59 fueron sancionados/as, 38 absueltos/as y 114 aún están siendo investigados/as. Figura N° 12: Estado de los procesos 114 3859 EN TRÁMITE NO SI Entre las sanciones impuestas, la suspensión fue la más frecuente (37 casos), seguida por despido (12), destitución (6), amonestaciones escritas (3) y multas (1). B. Justicia penal anticorrupción El sistema de justicia penal busca garantizar la integridad pública cuando los procesos preventivos no fueron su fi cientes para evitar la comisión de actos de corrupción. Tiene como fi nalidad la sanción efectiva de los casos de corrupción y la reparación de los perjuicios ocasionados a la administración pública. Como establece el Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú “un sistema de justicia penal e fi caz es vital para combatir adecuadamente la corrupción y los crímenes contra la administración pública”. Por tanto, uno de los elementos claves a analizar es la efectividad de la aplicación de la ley, considerando el rol de cada uno de los organismos públicos involucrados en la detección, persecución, investigación, control y sanción de los delitos. Según información reportada por la Defensoría del Pueblo, a través del Reporte de la Corrupción en el Perú “Radiografía de la Corrupción en el Perú”, en base a información provista por la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción en su plataforma “Mapa de la Corrupción”, se identi fi có al 31 de diciembre de 2016, unos 32 925 casos en trámite por delitos de corrupción a nivel nacional, cifras desagregada por regiones. El estudio encontró que los Gobiernos Sub nacionales son las entidades más afectadas por la corrupción, esto se re fl eja en la cantidad de casos de corrupción en trámite registrados. La información evidencia que las Municipalidades Distritales presentan el 27,3% de los casos (8994 casos), seguido por las Municipalidades Provinciales con el 15,1% (4985 casos), Gobiernos Regionales con el 10,2% (3349 casos). Estas tres entidades representan el 52,6% del total de casos a nivel nacional, cifra que asciende a 17328 casos de corrupción, como se puede apreciar en el grá fi co siguiente. Asimismo, el Ministerio Público a través de las fi scalías provinciales especializadas en delitos de corrupción de funcionarios/as y las fi scalías provinciales penales, establecieron que en el 2016 se dictaron un total de 1284 sentencias en primera instancia por delitos de corrupción. Los hallazgos más importantes de esta información evidencian que el Distrito Judicial de Lima Norte concentró el mayor número de sentencias con un 23.4% de las mismas (301 sentencias), casi la cuarta parte del total. Le siguen los distritos judiciales de Lima con 12.5% (161 sentencias), Lima Sur y Junín, ambas con 6.2% (80 sentencias). De la información analizada en esta sección, se puede apreciar tanto a nivel administrativo como penal, una cantidad signi fi cativa de servidores civiles que se encuentran procesados por faltas administrativas y/o delitos de corrupción. A nivel Administrativo, se ha evidenciado que la distribución de los procesos administrativos disciplinarios di fi ere por régimen de contratación, lo que además incide en la duración de los mismos y en su resolución, aplicándose diferentes sanciones y plazos de prescripción. Finalmente, en el ámbito penal, la mayor parte de los casos de corrupción se distribuyen en servidores civiles a nivel regional y local representando el 52,6% del total de casos a nivel nacional, lo que evidencia la necesidad de implementar urgentes medidas de prevención de la corrupción en instancia subnacionales. Causas y efectos de la CorrupciónA. Causas 1. Escasa coordinación entre entidades encargadas de prevenir, controlar e investigar la corrupción, hace falta reforzar el trabajo en equipo en los diversos frentes de prevención, investigación, persecución y sanción de la corrupción. Si bien se han ido estableciendo algunos importantes hitos como la creación de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, es necesario fortalecer este espacio y profundizar mayores esquemas de interrelación en actividades más especí fi cas y concretas. La coordinación es un proceso continuo en el cual se intenta generar sinergias entre varios actores en un campo concreto, ésta no surge de la noche a la mañana, sino que es el resultado de un largo proceso de negociación en el que se de fi nen reglas de juego delimitadas que incentiven la acción conjunta, más allá de sus intereses (Repetto, 2005:3). Las redes de corrupción son complejas