Norma Legal Oficial del día 14 de septiembre del año 2017 (14/09/2017)
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TEXTO DE LA PÁGINA 25
El Peruano / Jueves 14 de setiembre de 2017
NORMAS LEGALES
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Realizar el seguimiento al cumplimiento de las políticas, planes o estrategias en materia de lucha contra la corrupción, en el marco de sus competencias. Implementar los mecanismos necesarios para la interoperabilidad entre los sistemas de información de las entidades encargadas de la detección, investigación, persecución y sanción de la corrupción. Modernizar el Sistema Nacional de Archivo y las normas correspondientes para la gestión archivística. Implementar los mecanismos necesarios para la creación de sistemas de información que articule las bases de datos existentes de los sistemas administrativos y de las entidades encargadas de la detección, investigación, persecución y sanción de la corrupción. OBJETIVO ESPECÍFICO 3: 1.3 IMPULSAR Y CONSOLIDAR LA REFORMA DEL SISTEMA ELECTORAL EN EL PERÚ Y DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS A. SITUACIÓN ACTUAL En la actualidad, el sistema político en el Perú presenta una suma de debilidades que vienen dadas por la ausencia de reglas claras, de exigencias mínimas relevantes, de transparencia en el financiamiento de las organizaciones políticas y de sanciones efectivas que desincentiven el desarrollo de conductas contrarias al ordenamiento vigente. Esta situación hace posible que el crimen organizado y la corrupción busquen intervenir en la política con la gravedad que eso supone en el debilitamiento institucional de un país (Zovatto: 2004). Una de las problemáticas identificadas es la vinculada a los estándares para convertirse en candidato a un cargo de elección popular, los que resultan insuficientes a la hora de impedir la elección de personas involucradas en actos de corrupción y otros graves delitos. Asimismo, se ha identificado la ausencia de los mecanismos adecuados que fomenten un voto informado de la ciudadanía. Por otra parte, las organizaciones políticas no cumplen con los estándares requeridos en torno a la revelación de sus fuentes de financiamiento y aportantes, ya que no existe regulación sobre esta materia. Vale decir, el sistema normativo en la actualidad, permite que existan donaciones anónimas y no bancarizadas haciendo posible que el financiamiento pueda provenir de fuentes ilícitas sin que exista mayor información al respecto. Este problema se hace mayor si se toma en cuenta que no se encuentran garantizados adecuados procesos de democracia interna en los partidos políticos y la información sobre su funcionamiento y la información sobre los candidatos no se encuentra a plena disposición de la población, hechos que desincentivan un mayor involucramiento de la ciudadanía. De ahí que se haya advertido un elevado riesgo de captura política mediante el financiamiento de campañas y partidos políticos (OCDE: 2017). Un dato alineado con esta realidad viene dado por un 82% de la ciudadanía que percibe que el crimen organizado está infiltrado en la política, principalmente a través del financiamiento de campañas y en conexiones con funcionarios/as en puestos clave (Proética: 2015). Y es que, como se ha advertido en distintas ocasiones, no existen suficientes estímulos para que las organizaciones políticas cumplan con mejorar sus niveles de transparencia en la medida que no existen sanciones que desincentiven el incumplimiento de sus obligaciones en esta materia (Comisión Presidencial de Integridad: 2016). Los organismos electorales y las autoridades, por su parte, no cuentan con los mejores recursos y mecanismos de ayuda que les permitan hacer cumplir efectivamente el ordenamiento vigente (OCDE: 2017) ni cruzar la información necesaria para evitar fraudes o el ocultamiento de datos. Esto, además, se traduce en la ausencia de prácticas represivas que realmente incentiven a las organizaciones políticas a cumplir con las exigencias previstas por el sistema electoral. B. META El país cuenta con instrumentos normativos que regulan la actividad de las organizaciones políticas en sus obligaciones de democracia interna.
Todas las organizaciones políticas son supervisadas de acuerdo a estándares normativos y todas transparentan la información sobre sus fuentes de financiamiento y sus gastos de operación interna. C. RESPONSABLES Los organismos electorales son los responsables de establecer propuestas y promover la aprobación de cambios en el sistema actual que permitan mayor transparencia en el financiamiento de las organizaciones políticas, que garanticen la democracia interna en su interior y que permitan elevar los estándares de integridad de sus candidatos. La Presidencia del Consejo de Ministros es responsable de promover activamente mecanismos de mejora en el sistema político-electoral para el cumplimiento de estos objetivos. D. LINEAMIENTOS A fin de cumplir con este objetivo las entidades responsables deberán considerar, como mínimo, los siguientes lineamientos: Fortalecer los organismos del sistema electoral para la supervisión y fiscalización efectiva de las organizaciones políticas. Reformar la legislación electoral para garantizar la transparencia, democracia interna de las organizaciones políticas y prevenir la corrupción del sistema electoral en general. Implementar los mecanismos necesarios para transparentar la información de financiamiento de las organizaciones políticas. OBJETIVO ESPECÍFICO 4: 1.4 PROMOVER E INSTALAR UNA CULTURA DE INTEGRIDAD Y DE ÉTICA PÚBLICA EN LOS/LAS SERVIDORES/AS CIVILES Y EN LA CIUDADANÍA A. SITUACIÓN ACTUAL En la actualidad, la tolerancia de prácticas corruptas por parte de la sociedad civil ha aumentado. Así, se han reducido los niveles de cuestionamiento frente a las actividades que van en contra de cualquier noción de integridad en la gestión pública, de manera tal, que estas prácticas se admiten como si fueran condiciones intrínsecas de la vida en común. La normalización de estas conductas supone una grave crisis en la sociedad y socava la legitimidad de cualquier acción que pretenda combatir la corrupción. Afirmaciones como esta encuentran asidero cuando se advierte que según una encuesta realizada desde la sociedad civil, el 51% de los/las ciudadanos/as afirman que están de acuerdo con la idea de que los/las servidores/ as civiles corruptos/as solo sean sancionados si no hacen obras en beneficio de la población (Proética: 2015). Es decir, que la corrupción puede ser permitida mientras existan beneficios materiales para los/las ciudadanos/as. Por parte del Estado no se han desarrollado suficientes programas de educación en valores éticos que busquen construir una sólida cultura de integridad y que pongan en valor el concepto de lo público. No ha existido, en esa medida, una responsabilidad asumida para llevar a cabo estrategias permanentes y activas que busquen revertir esta tolerancia a la corrupción que hoy aparece instalada en la sociedad civil. Una situación que merece ser revertida si se considera que, en el largo plazo, una de las pocas medidas sostenibles que contribuyen a reducir la permisividad frente a la corrupción es una educación cívica en sólidos valores éticos (BID: 2013). Además, muy pocos centros de educación superior, tales como universidades o institutos técnicos, cuentan con programas integrales y efectivos de formación en valores éticos para sus alumnos. Más aún, en la mayoría de los colegios profesionales, gremios empresariales, sindicatos y asociaciones en general, no se cuentan con códigos de ética efectivos y con mecanismos que permitan su adecuado cumplimiento en cada caso concreto.