Norma Legal Oficial del día 14 de septiembre del año 2017 (14/09/2017)

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NORMAS LEGALES

Jueves 14 de setiembre de 2017 /

El Peruano

de contratación de bienes, servicios y obras públicas que celebra el Estado a través de los distintos regímenes legales que regulan estas prácticas. Asimismo, pese a los esfuerzos por establecer marcos normativos que impongan un conjunto de limitaciones y desincentivos al desarrollo de prácticas de corrupción en estas áreas de gestión, lo cierto es que estas se desarrollan con un alto nivel de frecuencia en las distintas entidades públicas de los tres niveles de gobierno. De ahí que la información disponible señale que existe un gran número de casos vinculados a la comisión de delitos de peculado y colusión en los que algunos servidores/as civiles desarrollan prácticas para hacer uso indebido de los recursos públicos o desvían sus atribuciones de poder para favorecer intereses privados. Es conocido, en esa medida, el desarrollo de prácticas de concertación o colusión a favor de intereses particulares (Mujica, Quinteros, Castillo, Chávez: 2014). Por lo demás, si bien estas prácticas se desarrollan en distintas entidades públicas, lo cierto es que muchos de estos casos se concentran en niveles regionales y locales, tal como ha sido advertido en los últimos años a raíz de los procesos penales que se encuentran afrontando muchas de las más altas autoridades en estos niveles de gobierno (Defensoría del Pueblo: 2017). La concertación para el otorgamiento de la buena pro, la contratación pese a impedimentos legales o las irregularidades en la ejecución de obras públicas son algunas de esas prácticas que requieren ser eliminadas para la adecuada gestión de los recursos públicos (Defensoría del Pueblo: 2017). Por último, la limitada estandarización u homologación de productos que favorezcan la mayor utilización de mecanismos de compras corporativas o el reducido uso de mecanismos electrónicos que favorezcan la trazabilidad, abren las puertas para que todavía en estos intercambios se puedan generar prácticas contrarias a la integridad (Comisión Presidencial de Integridad: 2016). B. META El sistema de contratación de bienes, servicios y obras cuenta con protocolos de prevención que reducen los espacios de negociación ilícita y facilitan la trazabilidad en las operaciones antes, durante y al finalizar la ejecución del contrato. C. RESPONSABLES El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado ­ OSCE es responsable de generar y mejorar los mecanismos que permiten el acceso a la información en materia de contrataciones de bienes, servicios y obras. La Agencia de Promoción de la Inversión Privada ­ PROINVERSIÓN es la responsable de generar y mejorar los mecanismos que permiten el acceso a la información en materia de asociaciones público-privadas. La Central de Compras ­ Perú Compras y cada entidad pública son responsables de homologar la mayor cantidad de productos posibles y de promover mayores procesos de adquisiciones por la vía de acuerdos marco, catálogos electrónicos y compras corporativas. El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE es responsable de la capacitación efectiva en materias técnicas y en prácticas de integridad del personal encargado del abastecimiento en las distintas entidades del Estado. El Ministerio de Economía y Finanzas y el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE son los responsables de diseñar metodologías para la determinación y priorización de necesidades, y para reducir los riesgos de malas prácticas en la ejecución de los contratos. D. LINEAMIENTOS A fin de cumplir con este objetivo las entidades responsables deberán considerar, como mínimo, los siguientes lineamientos: Mejorar el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado y el Registro Nacional de Proveedores, para facilitar el acceso de los/las ciudadanos/as a esta información.

Realizar procesos de homologación o estandarización de productos de modo que se reduzcan los espacios de negociación ilícita entre los agentes proveedores del mercado y los/las servidores/as civiles encargados de los procesos de contratación. Fortalecer los procesos de selección del personal encargado de las contrataciones públicas y el desarrollo de sus capacidades. Elaborar metodologías para la determinación y priorización de necesidades, investigaciones de mercado y formulación de bases. Implementar mecanismos efectivos de seguimiento a la ejecución e implementación de los contratos. OBJETIVO ESPECÍFICO 4: 2.4 FORTALECER LA GESTIÓN DE RIESGOS AL INTERIOR DE CADA ENTIDAD PÚBLICA A. SITUACIÓN ACTUAL En la actualidad, la implementación de las reglas de control interno no ha sido tomada en consideración con la rigurosidad requerida ni entendida como un adecuado sistema de prevención que contribuye a que las entidades puedan desarrollar mapas de riesgos que fortalezcan la ética en sus instituciones (Shack: 2016). Por el contrario, su implementación se ha desarrollado como un ejercicio rutinario (OCDE: 2017) y casi automático que no responde al valor que ostenta una herramienta como esta en la generación de estándares de prevención de inconductas y que exige la participación activa de los/las servidores/as civiles para la construcción de un marco de protección de cada una de sus instituciones. De este modo, no existe en la mayoría de entidades públicas el impulso necesario para el correcto desarrollo de este sistema, lo que ha reducido la posibilidad de identificar brechas de integridad o de diseñar mapas de riesgos que contribuyan a que los organismos públicos puedan llevar a cabo mecanismos de autogestión en prácticas de integridad que vayan más allá de los importantes controles exteriores o de auditoría ya previstos también en el ordenamiento legal. B. META El país cuenta con un sistema de control interno efectivo, de permanente aplicación en las entidades públicas. Esta práctica permite la identificación de brechas de integridad y el diseño adecuado de mapas de riesgos en cada institución. C. RESPONSABLES La Contraloría General de la República actualiza sus marcos normativos para la implementación de los sistemas de control interno en las entidades públicas. La Presidencia del Consejo de Ministros es responsable de emitir los lineamientos necesarios para la mejora de la gestión interna que reduzca riesgos potenciales de corrupción en las entidades de la administración pública. Cada entidad pública es responsable de implementar el control interno, de identificar sus brechas de integridad y de diseñar sus mapas de riesgos en el marco de la normativa vigente. D. LINEAMIENTOS A fin de cumplir con este objetivo las entidades responsables deberán considerar, como mínimo, los siguientes lineamientos: Identificar las brechas de integridad y de los mapas riesgos asociados, para adoptar los mecanismos de prevención necesarios. Fortalecer el Sistema de Control Interno en las entidades públicas, para reforzar su comprensión como un sistema autónomo independiente del sistema nacional de control. Implementar mecanismos de cumplimiento de normas anticorrupción.