NORMA LEGAL OFICIAL DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 (14/09/2017)

21 NORMAS LEGALES Jueves 14 de setiembre de 2017 El Peruano / “La existencia, por tanto, de una corrupción sistémica, consecuencia de la debilidad del imperio de la ley, es la que explica los extraordinarios niveles de implantación logrados por redes criminales. En otras palabras, el crimen organizado existe en todos los lugares, pero su poder y alcance dependerán de los niveles de complicidad y protección que el Estado proporcione. De acuerdo a estas variables, cuanto mayor sea el espacio regulado por la ley, menor espacio existirá para la corrupción y, al contrario, cuanto menos rija la legalidad, se abrirán mayores espacios de informalidad y en consecuencia de corrupción. Gracias a esto quedará garantizada la impunidad para progresar en las actividades y negocios de la criminalidad organizada.” [ 11] Por lo tanto, la recurrente presencia de este binomio (corrupción – criminalidad organizada) no solo en la administración pública sino –por ejemplo– en las organizaciones políticas y otros ámbitos, conlleva a la obligación del Estado de afrontar su prevención, combate y sanción desde una política nacional que sirva como base para el desarrollo de planes, acciones y estrategias más e fi caces, pues como indica el autor Manuel Villoria Mendieta: “La forma de operar los grupos criminales ha cambiado y su conexión con el poder político corrupto se ha reforzado merced a su internacionalización. Todas estas ideas previas nos permiten recordar la naturaleza política del crimen organizado y su principal riesgo: la destrucción del Estado moderno o su aún mayor debilitamiento, de forma tal que deje de garantizar el monopolio de la violencia legítima, reduzca sus fuentes de riqueza a través de su sistemático ataque a los derechos de propiedad, y deslegitime su actuación, (…)”. [ 12] A partir de lo expuesto, conociendo la complejidad y el impacto multidimensional de esta problemática pública, surge la necesidad de fortalecer el proceso de lucha contra la corrupción, para lo cual se requiere una política pública que establezca prioridades para el logro de resultados especí fi cos en esta materia. La política es un instrumento que permite ordenar, integrar y actualizar las acciones que ha adoptado nuestro país a la fecha, y así fortalecer las acciones de las entidades vinculadas a la prevención y sanción de los actos de corrupción. Por tal motivo, los objetivos especí fi cos que establece la “Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción” se vinculan necesariamente a dichos ámbitos, pero incluyendo el fortalecimiento institucional con la fi nalidad de potenciar la capacidad de identi fi cación y gestión de los actos de corrupción, a fi n de que los indicadores fi jados permitan un adecuado seguimiento y monitoreo del impacto, lo que resulta una diferencia sustancial en relación a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM. Tabla 18: Matriz de Consistencia Causas de la Corrupción Hallazgos 1. Poco reconocimiento de los principios éticos y valores morales.• Acciones de promoción de la Ética Pública de poco impacto. 2. Alcance limitado de las acciones anticorrupción en el ámbito regional o local.• Debilidad de los mecanismos de prevención de la corrupción. • Debilidad de los mecanismos de investigación, persecución y sanción de la corrupción a nivel subnacional. 3. Escasa coordinación entre entidades encargadas de prevenir, controlar e investigar la corrupción. • Coordinación de fi ciente en el sistema de justicia penal de lucha contra la corrupción. 4. Información desigual y no estandarizada sobre corrupción.• Ausencia de bases de datos anticorrupción interoperables. 5. Escasos mecanismos para mejorar la capacidad de sanción de la corrupción.• De fi ciente diligencia de los procesos penales por delitos de corrupción.Causas de la Corrupción Hallazgos 6. Insu fi ciente capacidad de los mecanismos para la detección temprana.• Difi cultades en la implementación del Sistema de Control Interno. 7. Escaso liderazgo orientado al cumplimiento de las responsabilidades• Escaso optimismo de la población con respecto a las acciones de lucha contra la corrupción. • Descon fi anza generalizada en las entidades vinculadas a la lucha contra la corrupción. V. POLÍTICAS RELACIONADAS Las políticas nacionales de fi nen los objetivos prioritarios del gobierno, lineamientos, contenidos principales y estándares nacionales de cumplimiento. Por ello, la plani fi cación de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción debe enmarcarse en aquellos instrumentos que recogen los objetivos globales y nacionales del Estado peruano. Si bien la mayoría de las políticas nacionales han realizado énfasis en la lucha contra la corrupción como un elemento clave para contar con instituciones sólidas y efi caces, aquí solo se mencionan aquellas políticas que se encuentran directamente relacionadas con los elementos de la Política Nacional: Integridad y Lucha contra la Corrupción. Objetivos de Desarrollo SostenibleLos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 13 son de alcance mundial y de aplicación universal, tienen en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada país y se ejecutan respetando sus políticas y prioridades nacionales. Las metas expresan las aspiraciones mundiales respecto de cada uno de los objetivos. Cada gobierno fi ja sus metas y decide la forma de incorporar esas aspiraciones y metas mundiales en sus procesos de plani fi cación nacional. De la revisión de las metas de cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, se encuentran relacionados a los componentes de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, los siguientes: Objetivo 16, metas 5, 6, 7, y 10: Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. Crear a todos los niveles instituciones e fi caces y transparentes que rindan cuentas . Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades. Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. Acuerdo Nacional El Acuerdo Nacional, suscrito el 22 de julio de 2002, de fi ne 34 políticas de Estado para garantizar la democracia representativa y el Estado de derecho, como una garantía para el imperio de la justicia y la vigencia de los derechos fundamentales. El Acuerdo Nacional busca consolidar un Estado e fi ciente, transparente y descentralizado al servicio de las personas, reconociendo 11 Sonia Alda Mejías – “El combate a la corrupción para combatir el crimen organizado”. En: http://www.realinstitutoelcano.org 12 Manuel Villoria Mendieta – “Crimen Organizado y Corrupción”, publicado en “La lucha contra el crimen organizado en la Unión Europea”. Ver: http://www.defensa.gob.es 13 Aprobados por la ONU en setiembre de 2015 y entraron en vigor o fi cialmente el 1 de enero de 2016.