Norma Legal Oficial del día 14 de septiembre del año 2017 (14/09/2017)
Si dese vizualizar el documento entero como pdf click aqui.
TEXTO DE LA PÁGINA 9
El Peruano / Jueves 14 de setiembre de 2017
NORMAS LEGALES
9
base sólida para un próximo desarrollo del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. IV. DIAGNÓSTICO Introducción La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) define la integridad como "el uso adecuado de fondos, recursos, activos y atribuciones en el sector público, para los objetivos oficiales para los que se destinaron". En ese marco, ha realizado, a través del Programa País, un estudio sobre Integridad en el Perú, dicho estudio analiza a un conjunto de instituciones, así como, prácticas que forman parte de la gobernabilidad dentro del sistema democrático del país. Como resultado del estudio, la corrupción ha sido identificada como el principal problema que debilita a los sistemas democráticos, debido a que afecta directamente el desempeño de las instituciones y la optimización de los recursos. El estudio plantea el fortalecimiento de los mecanismos de lucha contra la corrupción, tales como: el control interno y la gestión de riesgos, la promoción de la ética pública y la gestión de intereses, la protección de los denunciantes, el lobby y las finanzas públicas (OCDE, 2017: 3). Además, reconoce las iniciativas que ha tenido nuestro país, orientadas a la creación de servicios públicos eficaces y eficientes, un gobierno abierto y transparente para el fortalecimiento del sistema de integridad pública. Entre las principales tenemos la creación de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) el año 2010, la cual tiene entre sus principales funciones la coordinación, articulación y seguimiento a los planes nacionales de lucha contra la corrupción. En ese sentido, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción desde la vigencia del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016 [6] ha desplegado un conjunto de acciones dirigidas a: 1) Facilitar la articulación de las entidades responsables de la investigación y sanción de actos de corrupción; 2) Impulsar una agenda legislativa para consolidar el marco jurídico de lucha anticorrupción; 3) Hacer seguimiento al cumplimiento del Plan Nacional sobre la materia; 4) Conformar Plataformas Anticorrupción a nivel regional y 5) Cumplir con los compromisos internacionales del Estado peruano sobre lucha contra la corrupción ante foros como la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Foro de Cooperación AsiaPacífico (APEC). El desarrollo de estas labores ha permitido una aproximación profunda del fenómeno de la corrupción, la identificación de la naturaleza de los comportamientos corruptos así como su vinculación con distintas prácticas delictivas; y, a partir de esto, un análisis constante sobre la estructura y funcionamiento de la política anticorrupción en nuestro país. Finalmente, del Informe de la Evaluación Final de la implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016, se desprenden un conjunto de conclusiones que es necesario tener en cuenta, entre las cuales tenemos: 1. Falta una adecuada colaboración entre las entidades del sector público para una efectiva interoperabilidad de los sistemas. 2. Es necesario generar mecanismos que permitan la presentación de Declaraciones Juradas para la prevención de los conflictos de intereses. 3. La mayoría de entidades no cuentan con mecanismos adecuados de monitoreo y seguimiento de sus respectivos planes e instrumentos de planificación estratégica.
4. Se ha evidenciado que los mecanismos vinculados a la promoción de la integridad en la función pública requieren ser fortalecidos y complementados con especial énfasis en los gobiernos subnacionales. 5. Es necesario continuar con los procesos de adecuación legislativa a los parámetros internacionales fijados por los instrumentos internacionales en materia de integridad y lucha contra la corrupción. 6. Debe realizar mayores estudios del impacto de la efectividad del sistema punitivo del Estado. 7. Profundizar y optimizar los mecanismos de protección que facilite la denuncia por parte de los/las ciudadanos/as y los propios servidores civiles. 8. Es necesario uniformizar los criterios y el marco de acción de los órganos encargados de la lucha contra la corrupción y promoción de la integridad en cada una de las entidades públicas. 9. Debe implementarse mecanismos que permitan medir la eficacia de los programas de capacitación vinculados a áreas sensibles en la lucha contra la corrupción, como son las contrataciones públicas, prohibiciones e incompatibilidades en la función pública, régimen disciplinario y otros. 10. Es necesario promover instrumentos que regulen el procedimiento de rendición de cuentas con énfasis en la sociedad civil interesada en participar en las mismas. 11. Asegurar la participación del Perú en espacios internacionales en materia de integridad y lucha contra la corrupción. Definición de la corrupción La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, en base a los resultados obtenidos en el proceso participativo antes mencionado, define a la corrupción como: "El mal uso del poder público o privado para obtener un beneficio indebido; económico, no económico o ventaja; directa o indirecta; por agentes públicos, privados o ciudadanos; vulnerando principios y deberes éticos, normas y derechos fundamentales". En este sentido, la corrupción constituye un problema público, ya que afecta directamente la organización y las funciones de la administración pública y, por ende, del gobierno, utilizando el poder público para el beneficio privado. (Acemoglu, Simon, Robinson 2005). En esta línea, se han identificado características que describen el fenómeno de corrupción y ayudan a comprenderlo. Entre las principales tenemos: a) El uso indebido del poder o el mal uso de una posición privilegiada. Diversos autores, hoy en día, hacen la precisión de que los comportamientos corruptos están directamente asociados al mal uso de posiciones privilegiadas que no solo se configuran en la esfera pública sino que inclusive tienen implicaciones en la esfera privada. Por ejemplo Munive (2016) señala que el mal uso de una posición privilegiada o el uso indebido del poder se materializa mediante comportamientos que exceden las facultades y limitaciones que un cargo público o privado detenta, reemplazando la finalidad que da significancia a dicha posición para ser reemplazada por fines ajenos y que lindan con la transgresión de disposiciones normativas, principios administrativos y reglas formales. b) Beneficios irregulares: La búsqueda de beneficios irregulares, representa una segunda característica clave a la hora de describir los comportamientos corruptos. Esta
6
Aprobado mediante el D.S. N° 119-2012-PCM publicado en el Diario El Peruano el 9 de diciembre de 2012.