Norma Legal Oficial del día 14 de septiembre del año 2017 (14/09/2017)
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TEXTO DE LA PÁGINA 23
El Peruano / Jueves 14 de setiembre de 2017
NORMAS LEGALES
OBJETIVOS ESPECÍFICO 1:
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la necesidad de incorporar el diseño de una estrategia integral de lucha contra la corrupción en un conjunto de reformas institucionales orientadas a garantizar niveles de vida dignos para todas las personas16. Finalmente, como lineamiento de política en materia de gobernabilidad, se realiza énfasis en "luchar contra la corrupción en el país, en todos los niveles de gobierno". Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (PNMGP) (Decreto Supremo N° 004-2013PCM) es el documento orientador de la modernización de la gestión pública en el Perú, y establece la visión, los principios, los objetivos y lineamientos para una actuación coherente y eficaz del sector público, al servicio de los ciudadanos/as y el desarrollo del país. Según la Política, un Estado Moderno puede caracterizarse como aquél orientado al ciudadano/a, eficiente, unitario y descentralizado, inclusivo y abierto (transparente y que rinde cuentas). La visión de Estado Moderno de la PNMGP incorpora como cuarto principio orientador la transparencia, rendición de cuentas y ética pública, componentes que se encuentran estrechamente vinculados a la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. El cuarto principio remarca que: i. los funcionarios/ as públicos deben servir a los intereses de la Nación, procurar aumentar la eficiencia del Estado para brindar una mejor atención a los/las ciudadanos/as y actuar con probidad, idoneidad, veracidad, justicia, equidad, lealtad y respeto al Estado de Derecho y a la dignidad de las personas; ii. el Estado, sus autoridades y servidores/ as civiles deben rendir oportunamente cuentas a la ciudadanía, garantizar la transparencia en la actuación de las entidades públicas y generar canales adecuados para permitir el acceso permanente a la información pública y, por último. iii. deben promover la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre los asuntos de interés público.17 VI. OBJETIVOS DE POLÍTICA La Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción establece como objetivo general el siguiente: Objetivo General Contar con instituciones transparentes e íntegras que practican y promueven la probidad en el ámbito público, sector empresarial y la sociedad civil; y garantizar la prevención y sanción efectiva de la corrupción a nivel nacional, regional y local, con la participación activa de la ciudadanía. Se pretende dotar al Estado Peruano, de mecanismos que garanticen la prevención y sanción de la corrupción, propiciar el mejoramiento continuo de las instituciones, corrigiendo aquellas fallas del sistema que aprovecha la corrupción. De esta manera, la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción se organiza en tres ejes, en atención a las etapas de actuación en materia de integridad y lucha contra la corrupción: prevención, identificación y gestión riesgos y sanción. La articulación entre las causas de los problemas, ejes y objetivos específicos se pueden apreciar en el Anexo N°1. I. EJE 1: Capacidad preventiva del Estado frente a los actos de corrupción El primer eje en el desarrollo de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción viene dado por el despliegue de una serie de estrategias de prevención frente a las posibles prácticas de corrupción y que promuevan la construcción de una cultura de integridad transversal en la sociedad. A continuación se expone cada uno de los objetivos específicos que se busca alcanzar.
1.1 GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO A. SITUACIÓN ACTUAL En la actualidad, el marco normativo vigente que regula el régimen de transparencia de las entidades públicas y el acceso a la información pública por parte de los/las ciudadanos/as cuenta con deficiencias en su implementación que requieren ser subsanadas. De un lado, no existen mayores controles o monitoreo sobre la aplicación de este régimen al interior de la Administración Pública. Por otro lado, la evidencia sobre los factores de incumplimiento da cuenta de una ausencia de cultura de transparencia de parte de la Administración Pública. Así, muchas entidades incurren en prácticas que restringen indebidamente el derecho de acceso a la información pública estableciendo cobros ilegales o arbitrarios a cambio de la entrega de información, negándose a entregar información por excepciones no contempladas en la normativa vigente o por una incorrecta interpretación de las mismas, o incluso entregando información incompleta. En otros casos, el procedimiento de acceso no es incorporado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la entidad correspondiente o esta no cumple con designar al servidor/a civil responsable encargado/a del procedimiento, bloqueando cualquier ruta de acceso para el ciudadano/a (Defensoría del Pueblo: 2013). En el mismo sentido, es posible apreciar que todavía existen portales de transparencia que no cuentan con la información exigida por ley o que la información contenida en ellos no se encuentra debidamente actualizada (Shack: 2016). Por lo demás, no puede dejar de tomarse en cuenta que, según los análisis realizados, el incumplimiento de estas obligaciones se presenta con mayor frecuencia en los niveles regionales y locales de gobierno (Defensoría del Pueblo: 2013). Asimismo, existen determinadas actividades de la Administración Pública en las que los estándares de transparencia, o los canales formales de producción, no se encuentran correctamente definidos, en favor del desarrollo de prácticas de integridad. Así, por ejemplo, en el ejercicio de su potestad normativa a través de la aprobación de normas reglamentarias, las entidades de la Administración Pública no cuentan con canales de producción formal claramente establecidos para fomentar la participación de la ciudadanía y transparentar la intervención de grupos de interés (Comisión Presidencial de Integridad: 2016). En suma, no es posible encontrar todavía la construcción de una cultura de gobierno abierto en la mayor parte del Estado. Ello en la medida que muchos de sus mecanismos de funcionamiento y los operadores encargados de su implementación cotidiana llevan consigo las características de una gestión pública que no se desarrolla realmente en función del ciudadano/a. B. META Todas las entidades de la Administración Pública cuentan con portales de transparencia debidamente actualizados y con un sistema de acceso a la información pública que funcione correctamente debido al monitoreo de acciones de fiscalización y a la promoción de una cultura de gobierno abierto entre los/las servidores/as civiles. C. RESPONSABLES El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es responsable de aprobar los lineamientos necesarios y de promover acciones de monitoreo y fiscalización para el
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CEPLAN. (2011). Plan Bicentenario: Perú hacia el 2021, p. 115. Secretaría de Gestión Pública (SGP/PCM) (2013). Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, 24.