Diario oficial El Peruano

NORMA LEGAL OFICIAL DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DEL AÑO 2026 (14/10/2026)

CANTIDAD DE PAGINAS: 140

Fuente: Diario Oficial El Peruano.

TEXTO PAGINA: 81

81 NORMAS LEGALES Miércoles 14 de octubre de 2026 El Peruano / En la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones 1.3. El literal j del artículo 5 prescribe como una de las funciones del Jurado Nacional de Elecciones la expedición de las credenciales a los candidatos elegidos en los respectivos procesos electorales, del referéndum u otras consultas populares. 1.4. El artículo 23 dispone que las resoluciones emitidas por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en materia electoral, son dictadas en instancia fi nal, defi nitiva y no son revisables, y que contra ellas no procede recurso ni acción de garantía alguna. En la LOM1.5. El segundo párrafo del artículo 24, de aplicación supletoria para los casos de suspensión, determina que: Artículo 24º.- Reemplazo en caso de vacancia o ausencia […]En caso de vacancia del regidor, lo reemplaza: 1. Al teniente alcalde, el regidor hábil que sigue en su propia lista electoral. 2. A los regidores, los suplentes, respetando la precedencia establecida en su propia lista electoral. 1.6. El octavo párrafo del artículo 25 precisa que “en todos los casos el Jurado Nacional de Elecciones expide las credenciales a que haya lugar [resaltado agregado]”. El artículo 25 estipula:Artículo 25.- Suspensión del cargo El ejercicio del cargo de alcalde o regidor se suspende por acuerdo de concejo, en los siguientes casos: […]5. Por sentencia judicial condenatoria emitida en segunda instancia pro delito doloso con pena privativa de la libertad;; […] Concluido el mandato de detención a que se refi ere el numeral 3, el alcalde o regidor reasume sus funciones en forma automática e inmediata, sin requerir pronunciamiento alguno del concejo municipal. […] En el Reglamento de noti fi caciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales del Jurado Nacional de Elecciones 1 (en adelante, Reglamento) 1.8. El artículo 14 prescribe lo siguiente: Artículo 14.- Sujetos obligados al uso de la casilla electrónica Todas las partes de los procesos jurisdiccionales electorales y no electorales son noti fi cadas con los pronunciamientos o actuaciones jurisdiccionales emitidos por el JNE y el JEE, según corresponda, únicamente a través de sus respectivas casillas electrónicas. En caso de que los sujetos antes mencionados no cuenten con casilla electrónica o en caso de que esta se encuentre inhabilitada o desactivada, se entenderán por noti fi cados con el pronunciamiento o actuación jurisdiccional a través de su publicación en el portal electrónico institucional del JNE, surtiendo efectos legales a partir del día hábil o calendario siguiente de su publicación, en los vínculos que se indican a continuación: <https://plataformaelectoral.jne.gob.pe/bandeja/ fi ltros>, para expedientes jurisdiccionales de procesos electorales, cuya nomenclatura inicia con la sigla del respectivo proceso electoral (ejemplos: ERM, EG, EMC, CPR, etc.). <https://consultaexpediente.jne.gob.pe/>, para expedientes jurisdiccionales de procesos no electorales, cuya nomenclatura inicia con la sigla JNE.SEGUNDO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO 2.1. En los procesos de convocatoria de candidato no proclamado (también denominados de acreditación), antes de expedir las credenciales a las nuevas autoridades (ver SN 1.1. y 1.2.), este órgano electoral debe veri fi car la legalidad del procedimiento de suspensión, desarrollado en la instancia administrativa –ante el concejo municipal– y constatar si este se efectuó observando los derechos y las garantías inherentes a este. 2.2. Previo al análisis de fondo, corresponde precisar la situación jurídica de la autoridad cuestionada. Conforme a los actuados remitidos por la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra – Ventanilla, se advierte de los actuados que en contra del señor regidor se sigue un proceso penal en el cual el Juzgado Penal Unipersonal de Ancón y Santa Rosa de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra - Ventanilla, a través de la Resolución Nº Veintisiete (sentencia), del 11 de setiembre de 2025, lo condenó como autor del delito contra la administración pública en la modalidad de Usurpación de Funciones, previsto en el primer párrafo del artículo 361 del Código Penal, por lo que le impuso cuatro años (4) de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución y sujeta al cumplimiento determinadas medidas restrictivas. 2.3. Por su parte, la Sala Penal de Apelaciones de Puente Piedra de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra - Ventanilla, por medio de la Resolución Nº Treinta y Siete (Sentencia de Segunda Instancia Nº 04064-2023-3-3301-JR-PE-01), del 6 de marzo de 2026, confi rmó la sentencia contenida en la Resolución Nº veintisiete (27). 2.4. Conviene recordar que el numeral 5 del artículo 25 de la LOM (ver SN 1.7.) dispone, claramente, que el concejo debe declarar la suspensión de la autoridad que cuente con una “sentencia judicial emitida en segunda instancia por delito doloso con pena privativa de la libertad”. 2.5. Por tanto, si bien el concejo municipal está facultado para declarar la suspensión o vacancia de alguno de sus miembros, previa veri fi cación de la existencia de la causal correspondiente conforme a los artículos 22 y 25 de la LOM, en el presente caso, del contenido del Acuerdo de Concejo Nº 136, se advierte que el Concejo Metropolitano de Lima no acordó de forma expresa que se convoque al candidato no proclamado que corresponda. Sin embargo, aquello solo puede entenderse como la declaración de suspensión en tanto responde a una convocatoria que tenía dicho objeto. Y esto es así, porque la facultad de dejar sin efecto, restituir o expedir credenciales corresponde de manera exclusiva al Jurado Nacional de Elecciones, de conformidad con lo dispuesto en el literal j del artículo 5 de la LOJNE (ver SN 1.3) 2.6. Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, ello no impide que, ante la con fi guración de la causal de suspensión señalada en el numeral 5 del artículo 25 de la LOM (ver SN 1.7), basta con que se demuestre que en contra de la autoridad cuestionada se dictó una sentencia, en segunda instancia, por delito doloso con pena privativa de la libertad. Además, por su naturaleza, para el establecimiento de esta causal no se requiere que el concejo dilucide si la decisión de la instancia penal es correcta o no, o si el proceso concluyó o no, sino únicamente contar con la sentencia con fi rmatoria cursada por el órgano judicial, a fi n de veri fi car si la autoridad en cuestión se encuentra inmersa en la aludida causal de suspensión. 2.7. Por estas razones, no se puede discutir ni desconocer la situación jurídico-penal del señor regidor, quien cuenta con una condena emitida en segunda instancia con pena privativa de la libertad, sobre todo, si la propia instancia judicial ha remitido a esta sede electoral la sentencia condenatoria impuesta en su contra. 2.8. También importa tener presente que la regulación procesal de la suspensión de autoridades municipales debe ser interpretada atendiendo a la fi nalidad constitucional y legítima que persigue, esto es, garantizar el normal desarrollo de las actividades de la entidad municipal, las cuales pueden resultar entorpecidas por causal de la sentencia impuesta a uno de sus miembros.