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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G33/G30/G31/G35/G35/G39 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, martes 4 de octubre de 2005 sanciones correspondientes, la reparación integral y la prevención como garantía de no repetición de los hechos. Sin embargo, en función de las modalidades preeminentes de afectación, el grado de conciencia desus derechos y los recursos materiales sociales y culturales disponibles, estas demandas y expectativas se articulan en dos perspectivas diferenciadas: /GFC Por un lado, la opción de una franja de población urbana y urbano- marginal que enfatiza las demandas desanción jurisdiccional y reparación material y social, principalmente individual y familiar; y /GFC Por otro, la opción mayoritaria de los afectados rurales, principalmente comuneros, que enfatizan las demandas de reparación colectiva; ambas opciones confluyen en el objetivo final de asegurar la reconciliación y la prevenciónde futuras experiencias similares. El Plan en esta primera fase ha priorizado la atención de la opción mayoritaria. Sin embargo, en razón de la no atención oportuna y adecuada, las secuelas se profundizan, configurándose fenómenos complejos y masivos (secuelas de secuelas)con preeminentes tendencias regresivas que ponen en cuestión las expectativas de desarrollo local y regional. A pesar del tiempo transcurrido, la reparación de losafectados y la resolución de las secuelas en lo fundamental son aun tareas pendientes. 3. El Estado en la Reparación de Secuelas La población afectada y sus organizaciones, a pesar de sus debilidades internas y particularidades sociales, culturales y territoriales, mostró en general una gran capacidad de resistencia y respuesta frente a laadversidad, levantando estrategias y experiencias creativas, muchas de ellas exitosas, logrando administrar el caos y atenuar en alguna medida impactos mayores.Sin embargo, estos esfuerzos resultaron insuficientes para revertir la situación generada, ya que la magnitud y profundidad de las secuelas ameritaba la intervenciónsostenida externa, principalmente del Estado peruano. Si bien durante el conflicto armado y primeros años de la fase post conflicto se produjeron algunos esfuerzosimportantes de apoyo externo y existen experiencias exitosas construidas en esta dirección, principalmente a través del aporte de instituciones privadas, este apoyo fuetardío, centralizado, insuficiente e ineficiente. La focalización territorial del conflicto armado en las regiones más desarticuladas del país retardó la comprensión del problema,de tal modo que tampoco fue posible el levantamiento de propuestas integrales de intervención, más aún cuando los afectados no tenían expresión ni representación política. Sin duda, el hecho más saltante durante el conflicto ha sido la abdicación del Estado y de la sociedad en su conjunto, en su responsabilidad frente al problema, expresada en suausencia y silencio durante más de una década, constatándose por el contrario tendencias de instrumentalización del tema en función de objetivos políticossubalternos, por lo que se explica la ausencia de normas y programas orientados a la resolución de las secuelas durante este período. Recién en los últimos años se han desplegadoiniciativas aún iniciales pero relevantes en esta perspectiva. El compromiso más sostenido del Estado se dio a través del Programa de Apoyo al Repoblamiento y Desarrollo deZonas de Emergencia-PAR, (entidad adscrita ahora al MIMDES) principalmente durante el período 2001-2004. En este período de transición democrática, el PAR reorientósu acción hacia la búsqueda de respuestas a las demandas reales del proceso, siendo sus aportes principales la definición de un marco programático especializado, ellevantamiento de información sobre las secuelas del conflicto armado como base para la definición de políticas publicas, la validación de un plan piloto de reparacionesmarco en el que se atendió a 60 mil afectados en siete departamentos y el diseño de un plan nacional de reparaciones. Lamentablemente, estos aportes no fueronsuficientemente valorados y menos institucionalizados. Sin embargo, en términos generales, podemos afirmar que la intervención del Estado en el tema de las reparaciones,si bien se ha ido ampliando en los últimos años, es aún insuficiente. Las primeras acciones de impacto nacional han estado relacionadas con la asignación de reparacionesdinerarias individuales, de un lado en cumplimiento de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en los casos específicos de Barrios Altos y LaCantuta) y de otro lado, una acción similar por iniciativa propia (caso Leonor La Rosa), pensiones asignadas a familiaresde autoridades fallecidas como consecuencia del conflicto armado y un número reducido de indemnizaciones a familiares de miembros de los CADS muertos en combate,otorgadas por el Ministerio de Defensa. En los últimos años, como consecuencia de diversos factores, las iniciativas se diversificaron e incrementaronrelativamente, involucrando a diversos sectores del Estado. La Comisión de Trabajo Interinstitucional para el Seguimiento de las Recomendaciones de la CorteInteramericana de Derechos Humanos y el entonces Ministrode Justicia emiten un Comunicado de Prensa con fecha 22de febrero de 2001, mediante el cual el gobierno peruanose compromete a buscar soluciones integrales para más de la mitad de los casos que con relación al Perú se encuentran en la CIDH. Se crea una Comisión mediante el DecretoSupremo Nº 005-2002-JUS (del 25 de febrero de 2002) para"diseñar un programa integral de reparaciones no dinerarias"para este grupo de casos, dejando por resolver cualquiermedida monetaria de manera independiente. Asimismo, es a raíz del Decreto Supremo Nº 002-2002- JUS (publicado el 15 de enero de 2002) que se crea laComisión Especial de Asistencia a los Indultados Inocentes(CEAII), encargada de "diseñar y poner en práctica unPrograma Integral de Reparaciones No Dinerarias a favorde los indultados por la Comisión creada por la Ley Nº 27234 (estableciendo el indulto para personas condenadas por delitos de terrorismo o traición a la patria). Otra experiencia significativa se viene produciendo en los espacios regionales, que por iniciativa propia vienenimpulsando la elaboración de planes regionales y/omunicipales de reparación. Por último, las iniciativas de reparación simbólica provienen ahora desde los sectores público y privado del ámbito regional y nacional. Es importante destacar la puesta en marcha de los Planes de Paz y Desarrollo I y II (aprobados con el votoaprobatorio del Consejo de Ministros por Decretos SupremosNºs. 092-2003-PCM y 070-2004-PCM, respectivamente) acción que aporta significativamente en la afirmación de la presencia del Estado en las zonas afectadas por el conflictoarmado a través de la focalización y/o ampliación de lacobertura de los programas regulares del Estado. Estasmedidas tienen también un efecto reparador en tanto susprogramas y componentes incorporan, en parte, respuestas a las demandas de reparación. Finalmente, el Estado ha asumido un compromiso y responsabilidad orgánica y de alcance nacional despuésde la presentación del Informe Final de la CVR, a través dela creación de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel(Decreto Supremo Nº 011-2004-PCM) que tiene el mandato específico de diseñar las políticas y acciones de reparación, así como el monitoreo de su ejecución y cumplimiento. En virtud de lo cual la Comisión ha preparado el Plan Integral de Reparaciones para el 2005-2006. El reto que sedebe enfrentar desde la Comisión y como país, es crear lascondiciones necesarias que garanticen la implementación del presente Plan y la continuidad del proceso de reparaciones que debe constituir una verdadera política deEstado que ha ser continuada por los siguientes gobiernos. Este compromiso del Estado orientado a las reparaciones en el ámbito del Plan, tiene su expresión en el presupuestopúblico. Con la finalidad de establecer la línea de base respectiva hemos analizado el ejercicio presupuestal correspondiente al año 2004 y el presupuesto inicial deapertura (PIA) para el 2005, focalizando en las áreaspriorizadas por el Plan el gasto efectuado o presupuestado. En el Cuadro Nº 14 se observa el gasto del Estado para el año 2004, efectuado por los tres niveles de gobierno y focalizado en el ámbito del Plan en los componentes y líneas de acción del PIR. Este asciendea S/. 98.6 millones, de los cuales solamente el 25.1%corresponde al gobierno nacional, el 44.7% a losgobiernos regionales y el 30.1% a los gobiernos locales.En otras palabras si bien es competencia del gobierno nacional la definición de las políticas y estrategias para la reparación a las víctimas de la violencia, este esfuerzonecesariamente debe ser compartido por los gobiernosdescentralizados que administran la mayor cantidad derecursos que el Estado destina a estos fines. En el mismo cuadro se comprueba que el gasto público per cápita promedio en las comunidades afectadas del ámbito del Plan es de 401 soles, pero este monto varía desde S/. 602 en Ayacucho a un magro S/. 134 enHuánuco, no obstante que en ese departamento habita cerca del 22% de la población comunera afectada.