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72 NORMAS LEGALES Sábado 24 de junio de 2023 El Peruano / acciones encaminadas a proteger la vida de las y los usuarios viales más vulnerables. Las entidades públicas que liderarán este objetivo serán el MTC, la PNP los Gobiernos Regionales y Locales, con la vinculación del sector privado como empresas de transporte de carga y personas, así como las que vinculan personal de mensajería a gran escala y domiciliarios. Para ello se trabajará en el marco de los siguientes un (01) lineamiento: L 4.1. Fomentar el uso de instrumentos normativos – técnicos y tecnología para la gestión de la velocidad Los instrumentos normativos – técnicos y tecnología para la gestión de la velocidad son importantes porque permitirán gestionar velocidades adecuadas a las características de la infraestructura vial. Dado que las condiciones del trá fi co y los vehículos se modi fi can a lo largo del tiempo, resulta indispensable la revisión periódica de estos instrumentos para su adecuación y pertinencia con el sistema actual. Se requiere complementar estas estrategias con intervenciones a la infraestructura que permitan el calmado de trá fi co mediante la aplicación de estrategias como urbanismo táctico, señalización y control electrónico de velocidades en vías que permitirán mitigar el riesgo del exceso de velocidad y la siniestralidad vial. OP 5. Disponer una infraestructura vial segura para las y los usuarios viales Disponer de vías con estándares de seguridad vial que tengan en cuenta las necesidades de los diferentes usuarios, incluidos los peatones y los ciclistas, conllevarán a un mejoramiento en los niveles de seguridad vial, así mismo, incrementar la efectividad de auditorías e inspecciones de seguridad vial, será un medio para garantizar el cumplimiento de las características y los estándares de seguridad para la infraestructura vial en proyectos viales o en las vías en uso. De acuerdo con lo anterior, el Ministerios de Transporte y Comunicaciones y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tendrán un liderazgo fundamental en la gestión de este objetivo, con el apoyo de los Gobiernos Regionales y Locales, y sus Consejos Regionales de Seguridad Vial, según corresponda. Para ello se trabajará en el marco de los siguientes dos (2) lineamientos: L 5.1. Actualizar los instrumentos técnicos de diseño y gestión de infraestructura vial La infraestructura vial desempeña un rol importante en la construcción de entornos seguros para todos los tipos de usuarios. Dado que las condiciones actuales de las vías determinan la forma en que las y los usuarios circulan y se desplazan, es necesario que esta cumpla criterios mínimos que garanticen la seguridad considerando la diversidad de las y los usuarios y los distintos modos de movilidad, criterios que deben actualizarse en los instrumentos técnicos de diseño y gestión correspondientes. L 5.2. Asegurar la implementación del proceso de evaluación de riesgo de infraestructura vial en el ámbito urbano y carretero La evaluación de riesgos de la infraestructura desde el proceso de diseño hasta su operación es un procedimiento que permite monitorear permanentemente los riesgos que la infraestructura presenta. De ese modo, estos estudios proveerán un diagnóstico oportuno de las condiciones de seguridad vial que puedan ser mitigadas a través de propuestas de intervención en el corto, mediano y largo plazo. Por ello, es importante fortalecer la realización de las auditorias e inspecciones de seguridad vial para fomentar su aplicación en proyectos nuevos de infraestructura vial, antes de ser construidos, y en proyectos en operación, para ser intervenidos para su mejora. Así mismo, impulsar la profesionalización de quienes realizan inspecciones y auditorías de seguridad vial permitirá disponer de equipos técnicos en los distintos niveles de gobierno que puedan abordar las problemáticas especí fi cas de la vía bajo estándares nacionales. OP 6. Incrementar la capacidad de respuesta frente a siniestros viales para las y los usuarios viales Según datos de la PNP, durante el 2020, a pesar de las restricciones a la movilidad por la pandemia de COVID 19, se presentaron 40,606 víctimas de siniestros viales. Asimismo, excluyendo a las personas que murieron en el lugar de los hechos, como mínimo 38,000 lesionados requirieron atención médica y de rehabilitación a causa de sus heridas, lo que genera un alto impacto al sistema de salud, a pesar de los esfuerzos aislados, en especial de ONG´s, que realizaron algún tipo de acompañamiento posterior para la rehabilitación y reinserción a la vida laboral y social de víctimas con consecuencias físicas discapacitantes severas, que por falta de sistemas de información no se registran. Este escenario se agudiza si se tiene en cuenta que hay un de fi ciente sistema de seguros, información y orientación a usuarios viales que di fi cultan los proceso de prevención, un limitado sistema de respuesta y atención prehospitalaria y hospitalaria al momento de ocurrido el evento, así como, un insu fi ciente acompañamiento posterior de víctimas de siniestros de tránsito que permitan un luto llevadero, una orientación administrativa y jurídica oportuna y un acompañamiento psicosocial y físico para una rehabilitación efectiva. Con este panorama, se hace prioritario: Fortalecer la prevención mediante procesos de información, así como garantizar una oportuna atención, por lo que se requiere evaluar el porcentaje de vehículos involucrados en siniestros viales con SOAT o CAT vigentes. Reducir el tiempo promedio de respuesta ante un siniestro vial y contar con una atención prehospitalaria efectiva, permitirán salvar la mayor cantidad de vidas de los siniestros viales. Por último, garantizar la efectividad de la atención posterior a víctimas, victimaria y sus familias para disminuir los impactos negativos generados por las lesiones discapacitantes y las secuelas psicológicas de los incidentes viales. Para el logro de este objetivo se requieren instituciones líderes en diferentes momentos del ciclo de un siniestro vial. La Asociación Peruana de Empresas de Seguros y sus empresas vinculadas, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y el Fondo de compensación SOAT entre otros, serán las entidades claves para la atención oportuna de los siniestros. De esta manera, una vez ocurrido un siniestro, el MINSA, SAMU, PNP, Bomberos y el sistema de salud y emergencias (Ambulancias, centros médicos, grupos de voluntariado) permitirán una atención oportuna y profesional a la víctima. Por último, con el fi n de ofrecer una atención y acompañamiento coordinado y articulado, es necesaria la participación activa de diversos sectores como Salud, Transporte, Justicia y Educación, en compañía de las ONG’s que representan a las víctimas, entre otras; buscando establecer estructuras institucionales y mecanismos de atención. Para ello se trabajará en el marco de los siguientes tres (3) lineamientos: L 6.1. Optimizar los procesos de aseguramiento, información y orientación a usuarios viales Prevenir las lesiones graves a causa del riesgo vial mediante estrategias de información y orientación permitirá una atención de emergencia oportuna en caso de presentarse un siniestro, logrando que la persona se reintegre a sus actividades cotidianas reduciendo el impacto económico que generaría el siniestro vial en las familias. En esta línea, la presente política busca masi fi car el uso de los seguros obligatorios contra accidentes de tránsito, para que se pueda cubrir mediante su cobertura los gastos y costos asociados al siniestro vial. L 6.2. Optimizar la gestión del sistema de respuesta y atención prehospitalaria y hospitalaria de víctimas de siniestros viales Contar con un sistema organizado, articulado e integrado de atención de emergencia prehospitalaria