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PÆg. 297890 NORMAS LEGALES Lima, lunes 1 de agosto de 2005 cios públicos, ello implica priorizar a quienes carecen de los servicios en el ámbito urbano y rural, en tanto unacaracterística de la situación de pobreza es precisa-mente la carencia de acceso a los servicios públicos. Segundo: El derecho al agua y su exigibilidad La incorporación del enfoque de derechos en servi- cios públicos implica el reconocimiento no sólo de dere-chos de usuarios y consumidores del servicio, sino tam-bién el reconocimiento de un derecho humano al aguapotable en toda persona, esto es, a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. La existencia de este dere-cho se desprende de la aplicación de diversos instru-mentos internacionales, así como de los derechos fun-damentales consagrados en la Constitución, e implicaesencialmente su disponibilidad, calidad y accesibilidad, tanto física, económica, informativa y sin discriminación. El reconocimiento de este derecho permite el estableci-miento de mecanismos de exigibilidad al Estado, particu-larmente los poderes Ejecutivo y Legislativo, para esta-blecer el derecho al agua como uno de máxima priori-dad, y desarrollar las políticas públicas que hagan posi- ble su concreción en cada persona. Tercero: El derecho al agua en la legislación nacional El derecho al agua se debe garantizar para que pue- dan hacerse vigentes otros derechos como la vida, la salud, el medio ambiente adecuado, y el respeto a ladignidad humana, entre otros, que la Constitución reco-noce. Constituye –de acuerdo a la doctrina y jurispru-dencia Constitucional- un derecho “implícito” en razón avarios artículos de la Constitución, a saber, el artículo 1º, que pone la defensa de la persona humana y el res- peto de su dignidad como fin supremo de la sociedad ydel Estado, el artículo 3º, que abre la posibilidad a laexistencia de otros derechos que se fundan en la digni-dad del hombre, y a la Cuarta Disposición Final, queexige que las normas relativas a derechos y libertades que la Constitución reconoce se interpreten de confor- midad con la Declaración Universal de Derechos Huma-nos y con los acuerdos internacionales ratificados por elPerú. Cuarto: El agua potable y alcantarillado como servicios públicos La prestación de los servicios de agua potable y al- cantarillado constituye un servicio público, cuya titulari-dad le corresponde constitucionalmente al Estado. Ellose sustenta en la esencialidad del agua para los seres humanos y el papel que debe cumplir el Estado al cons- tituir su prestación un monopolio natural. Sin embargo,un enfoque de derechos en los servicios públicos, exigeatender el servicio público de agua y alcantarillado inclu-yendo tanto el ámbito urbano como el rural. Esto es,también debe brindarse atención a la provisión de servi- cios rurales por asociaciones comunitarias como las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento, uotras formas no empresariales que no entran en el con-cepto estricto de servicio público. Quinto: Marco institucional por superar El marco institucional de los servicios de saneamien- to presenta problemas serios y vacíos normativos, asícomo la desarticulación de las acciones sectoriales yausencia de coordinación entre las entidades del Estadoinvolucradas en la prestación, regulación y fijación de políticas. Ello se extiende también a las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, de tal forma que los escasosespacios que existen para la concertación son débiles opoco efectivos. Asimismo, existe una superposición defunciones y competencias que, apareciendo como com-partidas, terminan siendo indefiniciones que llevan a la inacción o al conflicto entre las entidades involucradas. a. SUNASS ha acentuado su posición como regula- dor de las EPS y del ámbito urbano, pero ha dejado delado el ámbito rural, donde los niveles de pobreza y, por tanto de carencia de acceso, calidad y tarifas justas,aumentan los niveles de exclusión, inequidad e injusti-cia. La dependencia de los directivos de las EPS res-pecto de las autoridades municipales ha dado lugar alpredominio de criterios no técnicos en las decisiones de gestión de las empresas. b. La actuación estatal en la prestación de los servi- cios de agua potable y alcantarillado se ha caracteriza-do por grandes ineficiencias de gestión de las empresasy su carencia de recursos para financiar las inversionesnecesarias para ampliar el acceso y mejorar la calidad de los servicios. En tal sentido, la participación de la inversión privada, siempre que sea aceptable para lapoblación, es una opción que puede permitir disponer derecursos y de capacidad empresarial para mejorar laeficiencia de gestión de las empresas, de manera quese haga posible mejorar el acceso y calidad del servicio, particularmente para aquellos que pueden pagar el cos- to real del mismo. c. La participación privada en los servicios de sanea- miento requiere el fortalecimiento del organismo regula-dor a fin de lograr un mejor cumplimiento de sus laboresde supervisión y fiscalización sobre las empresas, y evitar los problemas de tarifas altas que se han presen- tado en otros servicios privatizados. d. Existe una duplicidad de funciones por parte del organismo regulador y del Ministerio de Salud, res-pecto de la supervisión y vigilancia de la calidad delagua en el ámbito urbano, dejando sin una atención debida las otras formas de provisión de agua, sobre todo en zonas rurales. En este contexto, ninguna delas dos instituciones ha logrado el cumplimiento plenode sus obligaciones. e. La intervención del Ministerio de Economía y Fi- nanzas ha generado en algunos casos duplicidad de exigencias a las empresas en términos de cumplimien- to de metas, así como al establecer limitaciones al en-deudamiento para financiar inversiones. Asimismo, tam-bién ha reducido la capacidad de acción del organismoregulador SUNASS, al limitar su disponibilidad presu-puestal. Sexto: Acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado a. El sector de agua potable y alcantarillado ha tenido un desarrollo incompleto, que se refleja en un déficit im- portante de estos servicios en la actualidad. Sólo 74,6% (20 millones) de la población nacional cuenta con servi-cio de agua potable, mientras que un 25,4% carece deacceso al servicio (6.8 millones). Asimismo, sólo 57,1%(15.3 millones) cuenta con servicios de desagüe, mien-tras que 42,9% (11.5 millones) no lo tiene. A nivel urba- no, la cobertura de agua potable es del 83.6%, y de desagüe del 75.3%. La población que más sufre la faltade acceso a los servicios de agua y alcantarillado sonlas poblaciones rurales (38% sin agua y 70% sin sanea-miento). Con relación al servicio de alcantarillado toda-vía existe un déficit marcado en el tratamiento de aguas residuales. Las causas son múltiples pero la principal es la falta de fuentes de financiamiento para realizar lasinversiones necesarias. A ello se suma la casi nula posi-bilidad de que las empresas puedan recurrir a sus pro-pios recursos para atender la demanda de ampliación. Servicio % Millones Población Nacional 100 26.8 Con 74.6 20 Sin 25.4 6.8 Con 57.1 15.3 Sin 42.9 11.5AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Cifras al 2003 b. Las inversiones requeridas para cumplir las Metas del Milenio al 2015, según el Ministerio de Vivienda, Cons- trucción y Saneamiento, son aproximadamente 4,472 millones de dólares. Sin embargo, los planes de inver-