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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G33/G30/G32/G31/G35/G32 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, jueves 13 de octubre de 2005 vulnerados y la supervisión de las acciones que desarrolla el Estado en esta materia, constituyen una de las tareasprioritarias que desarrolla la institución en el marco de su mandato constitucional. CONSIDERANDO: Primero.- Supervisión de los 47 casos presentados por la CVR al Ministerio Público. Características generales, víctimas y presuntos responsables. a. Estado actual de los casos.- Dos años después de culminada la labor de la CVR, se constata que de los 47 casos presentados, 22 tienen procesos penales en diversasinstancias judiciales del país. Adicionalmente, un único caso - “Asesinato de 32 campesinos en Socos” - se encuentra en ejecución de sentencia dictada antes de la creación de laCVR. Otros 24 casos aún se encuentran en investigación preliminar a cargo del Ministerio Público. “ El caso de Rafael Salgado Castilla” constituye el primero en el que se ha dictado una sentencia, que es además absolutoria. Indebidamente fue calificado como unhomicidio simple y, por ello, se tramitó como un proceso penal sumario ante el Segundo Juzgado Penal de Lima. Dicha sentencia sería nula pues ha sido dictada por unainstancia incompetente para conocer y resolver casos de presunta vulneración de derechos humanos, conforme a lo señalado por la Resolución Administrativa Nº 170-2004-CE-PJ. Los familiares de la víctima nunca se constituyeron en parte civil. b. Información sobre los presuntos responsables.- Los 22 casos judicializados comprenden a 378 procesados. De ellos, 273 pertenecen al Ejército, 64 a la Policía Nacionaly 15 a la Marina de Guerra. Asimismo, 22 procesados son civiles, 10 de los cuales están encausados por terrorismo en el caso “Masacre de Lucanamarca” . No se ha podido determinar la situación de 4 procesados. Los 352 procesados son o han sido miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. 96 seencuentran en actividad, 133 en retiro y respecto de 123 de ellos no se ha podido determinar la situación actual, pues en la época en que ocurrieron los hechos la mayoríade estas personas cumplían el servicio militar obligatorio, desconociéndose si al término del mismo continuaron prestando servicios en el Ejército. En total, los/las jueces han dictado 131 mandatos de comparecencia y 252 mandatos de detención. Se ha constatado que durante los procesos penales 28 mandatosde detención fueron variados a comparecencia al considerarse, principalmente, que aquella medida no reunía los criterios establecidos en la ley procesal. Asimismo, se aprecian dificultades para hacer efectivos los mandatos de detención dictados por la autoridad judicial. Se han ejecutado sólo 43 de estos mandatos mientras que209 no se han cumplido a pesar de que 109 de ellos tienen la correspondiente orden de captura (requisitoria). Otros 100 casos no tienen requisitoria vigente pues, en la mayoríade los casos, la autoridad judicial no ha cumplido con los requisitos exigidos para dictar tales medidas o ha habido demora en la remisión de los oficios correspondientes a laPolicía. De la misma forma, tampoco se observa que las autoridades correspondientes del Ministerio de Defensa y, en menor proporción, de la Policía Nacional del Perú, tomenmedidas para poner a disposición de los/as jueces a los miembros de dichas instituciones que se encuentran en actividad y con requisitorias vigentes. c. Situación de las víctimas.- El número de víctimas comprendidas en los 47 casos de la CVR asciende a 1512.Sólo 364 cuentan con patrocinio legal. 1148 víctimas carecen de dicho patrocinio, lo cual afecta seriamente sus derechos e impide una intervención más activa en losprocesos penales. Ayacucho es el departamento que registra el mayor número de víctimas sin defensa judicial (639), seguido de Junín (211) y Lima (159). d. Casos presentados por la Defensoría del Pueblo. Por otro lado, de los 12 casos presentados por la Defensoríadel Pueblo, en 4 se ha iniciado proceso penal, comprendiendo a 22 procesados. Contra 6 de ellos se ha dictado mandato de detención. Sin embargo, ninguno estácumpliendo en forma efectiva dicho mandato, pese a que cinco procesados cuentan con requisitoria. La mayor partede víctimas y familiares en los casos presentados por la Defensoría del Pueblo tampoco cuenta con defensa legal (61 víctimas). Sólo 8 víctimas o familiares son patrocinadospor organismos de derechos de humanos. Segundo.- Las instancias encargadas de la investigación y juzgamiento de casos de violaciones a los derechos humanos. Dificultades identificadas. Durante los últimos dos años el Ministerio Público y el PoderJudicial han designado instancias encargadas de investigar, juzgar y sancionar violaciones a los derechos humanos. De acuerdo a la normatividad vigente, existe una Sala PenalNacional que está conformada por cuatro colegiados, y una Fiscalía Superior Penal conformada, a su vez, por 4 fiscalías superiores. Tienen competencia para conocer casos deviolaciones a derechos humanos y terrorismo. Asimismo, en el Ministerio Público se han designado cinco fiscalías penales supraprovinciales en Lima y una fiscalíasupraprovincial en Ayacucho con igual competencia funcional. Otras 3 fiscalías penales y mixtas fueron designadas para conocer casos de violaciones a derechoshumanos con retención de su carga, en los departamentos de Huancavelica y Junín, y en la provincia de Coronel Portillo. Asimismo, mediante Resolución de la Fiscalía dela Nación Nº 1602-2005-MP-FN, se han designado otras 13 fiscalías penales y mixtas en distintos distritos judiciales del país, con competencia en derechos humanos yterrorismo, con retención de su carga procesal. Por su parte, en el Poder Judicial existen cuatro juzgados supraprovinciales en Lima y uno en Ayacucho -el SegundoJuzgado Penal de Huamanga-. Este último no tiene competencia para conocer los casos de todo el distrito judicial, sino sólo los ocurridos en Huamanga, Huanta,Cangallo y Víctor Fajardo. Además, a diferencia de los juzgados supraprovinciales de Lima, el Segundo Juzgado Penal de Huamanga retiene su carga procesal ordinaria. Adicionalmente a las citadas instancias, existen otras fiscalías y juzgados penales que también están a cargo de diversos casos de violaciones a los derechos humanos.En efecto, 18 casos se encuentran investigados por fiscalías o juzgados que no forman parte de las instancias especializadas en derechos humanos, situación que afectanotoriamente al desarrollo de las investigaciones. En la práctica hay un sistema nominal para la investigación y juzgamiento de violaciones a los derechoshumanos, pero éste resulta insuficiente pues un número relevante de magistrados/as carecen de especialización en la materia, además de no tener dedicación exclusiva, no ser titulares y no contar con los recursos y equipamiento necesarios para llevar adecuadamente las investigaciones. La Directiva Nº 001-2005-CE-PJ, dictada por la Sala Penal Nacional para dar cumplimiento a las Resoluciones Administrativas Nºs. 060-2005-CE-PJ y 075-2005-CE-PJ, precisó que sólo los juzgados penales supraprovincialesde Lima tienen competencia para casos acaecidos en cualquier lugar del país, cuando se trate de nuevas denuncias o de las pendientes de calificar por delitos contrala humanidad y delitos comunes que hayan constituido casos de violaciones a los derechos humanos, siempre que se encuentren comprendidos tres o más agraviados. Dichasdisposiciones son de dudosa compatibilidad con los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva, el derecho de prueba, el principio de inmediación y el derechoa la igualdad en el proceso. La Resolución Nº 1602-2005-MP-FN señala que en casos de extraordinaria complejidad las fiscalías podrántransferir la competencia al fiscal supraprovincial de turno en Lima, previa evaluación y aprobación de la Fiscal Superior Coordinadora. La mencionada resolución no definequé se entiende por “extraordinaria complejidad” y por lo tanto podría tratarse de un criterio distinto al establecido por el Poder Judicial para la competencia de los juzgadospenales supraprovinciales de Lima. Asimismo, la Resolución Nº 1602-2005-MP-FN tampoco precisa si las 13 fiscalías designadas se avocarán al conocimiento delos casos que actualmente se encuentran a cargo de otras fiscalías no comprendidas en la referida resolución. Asimismo, se constata que la designación de las mencionadas instancias en el Poder Judicial y en el Ministerio Público ha originado dificultades en relación a la determinación de las competencias de jueces y/o fiscales,