NORMA LEGAL OFICIAL DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2004 (08/09/2004)

/G50/GE1/G67/G2E/G20/G32/G37/G35/G39/G34/G33 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, miércoles 8 de setiembre de 2004 tralizado. Han tenido resultados limitados porque han prestado servicios que no están adaptados a las reali- dades regionales, y han sido poco eficientes debido a que ciertas adquisiciones (contratación de personal ylos materiales como textos, medicinas) dependen de decisiones centrales, llegan a destiempo o no son de la calidad requerida. Sin embargo, la administración des-centralizada, por sí misma, tampoco es garantía de buenos resultados. En este contexto, el proceso de descentralización debe mantener en perspectiva la necesidad de que los servicios sean más adaptados a las realidades locales y más ajustados a las necesidades de la población anteuna población con mayores posibilidades de reclamar cuando los servicios son deficientes desde que el con- trol social será más directo sobre el personal y calidadde servicios de las entidades (colegios, centros de sa- lud) que los producen. En este contexto, el fortalecimiento de capacidades locales resulta fundamental en la medida que es direc- tamente complementario a la creación de oportunida- des para los pobres y al empoderamiento del ciudada-no. Es una preocupación central de la nueva estrategia de lucha contra la pobreza que dicho fortalecimiento permita la consolidación de nuevos actores que dina-micen el desarrollo local. De esta manera se busca:  Vincular estrechamente la generación de empleo con los gobiernos y actores locales en la perspectiva de la promoción del desarrollo con equidad, el fomentode la productividad y la competitividad, la creación de nuevos mercados y corredores económicos; combi- nando el bienestar económico y social de la ciudada-nía.  En la perspectiva de promover la participación, se alentará la planificación participativa que alimente la ela-boración de los planes estratégicos de desarrollo, que provean una visión de futuro y de sostenibilidad del de- sarrollo local.  Promover que los Gobiernos Locales actúen como efectivos promotores del desarrollo social concertado y participativo, fortaleciendo el proceso de descentrali-zación. c) Factores de Gobernabilidadc.1 Promoción, respeto de los derechos y debe- res de la persona y la responsabilidad de las insti-tuciones El Gobierno estará atento a evitar que los progra- mas sociales sean subordinados por intereses particu- lares o utilizados como instrumentos de clientelismo de diversa índole, desnaturalizando los propósitos origi-nales para los que fueron creados. Por tanto, estos pro- gramas se establecerán teniendo como marco de refe- rencia el respeto de esos derechos, de tal manera quecada peruano sea protagonista de su futuro y sepa exac- tamente a qué beneficios tiene derecho; que éstos se preserven independientemente de la coyuntura econó-mica -protegiéndolos durante las crisis económicas- o políticas (elecciones u otros cambios), y que existan mecanismos para que la población pueda reclamarcuando tales derechos no se cumplan. Existe una enorme separación entre las expectati- vas y necesidades de las personas y la organización ycultura prevaleciente en las instituciones públicas. Este distanciamiento es alentado por la limitada conciencia sobre los derechos y deberes de parte de las perso-nas. El Gobierno estará atento a evitar que los progra- mas sociales sean subordinados por intereses particu- lares o utilizados como instrumentos de clientelismo dediversa índole, desnaturalizando los propósitos origi- nales para los que fueron creados. Los derechos de las personas están consagrados constitucionalmente y su promoción y respeto son res- ponsabilidad del Estado. Por tanto, los programas so- ciales se establecerán teniendo como marco de refe-rencia el respeto de esos derechos, de tal manera que cada peruano sea protagonista de su futuro y sepa exac- tamente a qué beneficios tiene derecho; que éstos sepreserven independientemente de la coyuntura econó- mica -protegiéndolos durante las crisis económicas- o políticas (elecciones u otros cambios), y que existanmecanismos para que la población pueda reclamar cuando tales derechos no se cumplan. El Gobierno fomentará la aprobación consensual de compromisos sociales explícitos con las familias pe-ruanas. Se explicitará qué servicios y qué programas van a entregarse y a quiénes, así como qué mejoras se van a hacer en los programas sociales. Se estableceráclaramente las condiciones para ser beneficiarios de los distintos programas, y se publicarán esos compro- misos y condiciones asegurando un conocimiento ade-cuado de la población. Por último, se establecerán me- canismos que permitan canalizar y responder a los re- clamos ciudadanos (sistema de vigilancia social, fisca-les ad-hoc, defensoría, comités de usuarios, derecho a la revocatoria de funcionarios etc.). c.1 Empoderamiento del ciudadano y de la so- ciedad civil La participación de la propia población en las deci- siones de la lucha contra la pobreza y por lo tanto su involucramiento en la estrategia, aparte de ser un finen sí mismo y parte de la salida de la pobreza, dará lugar a una mayor eficiencia y eficacia en su ejecución. Se debe favorecer para ello la creación y fortalecimien-to de canales y espacios organizativos y participativos que potencien las capacidades de las personas para enfrentar y resolver la pobreza de recursos. Empoderar - ceder poder- es propiciar el desarrollo de las capacidades de la población para que ejerzan sus derechos a la participación y vigilancia ciudadana,desarrollen capacidad de propuesta y asuman respon- sabilidades concertadas en el desarrollo local. Una participación creciente en la elaboración de planes concertados y en presupuestos participativos así como la cogestión o la participación en procesos de vigilancia en la ejecución del gasto público y de lacobertura y calidad de los servicios básicos coadyu- vará a fortalecer una conciencia ciudadana permanen- temente amenazada por la pobreza y la precariedadde la supervivencia. La viabilidad de la política social demanda que la población desempeñe un rol activo en su ejecución. Portanto, el Gobierno buscará la participación y compro- miso del ciudadano para que opte por ser sujeto y no objeto de los programas sociales. El rol de fiscaliza-ción en el uso de los recursos públicos; la defensa de los derechos ciudadanos; la participación en la gestión de los servicios, en la determinación de los objetivos yen la realización de las evaluaciones de los programas sociales, supone que las personas conozcan y hagan uso efectivo de su derecho a decidir. Una ciudadanía empoderada obliga a la democrati- zación de los programas sociales en las diferentes ins- tancias (nacional, regional, local). Las familias y comu-nidades deben tener una participación, tanto en la ges- tión de los propios colegios y centros de salud, como en la ejecución e implementación de los programas so-ciales. Existen varias experiencias alentadoras en las cuales se ha podido demostrar los efectos positivos para los programas sociales cuando las personas y las ins-tituciones de la sociedad civil están empoderadas. La participación de la propia población en las deci- siones de la lucha contra la pobreza y por lo tanto suinvolucramiento en la estrategia, aparte de ser un fin en sí mismo y parte de la salida de la pobreza, dará lugar a una mayor eficiencia y eficacia en su ejecución.Se debe favorecer para ello la creación y fortalecimien- to de canales y espacios organizativos y participativos que potencien las capacidades de las personas paraenfrentar y resolver la pobreza de recursos. Una participación creciente en la elaboración de pla- nes concertados y en presupuestos participativos asícomo la cogestión o la participación en procesos de vigilancia en la ejecución del gasto público y de la co- bertura y calidad de los servicios básicos coadyuvaráa fortalecer una conciencia ciudadana permanentemen- te amenazada por la pobreza y la precariedad de la su- pervivencia. c.2 Equidad en la asignación de recursos Los recursos públicos, sobre todo los destinados a los programas sociales, serán aplicados con criterio de equi- dad; es decir, se asignarán más recursos a los lugares y