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NORMAS LEGALES El Peruano Lima, sábado 20 de diciembre de 2008 385594 ORGANISMOS AUTONOMOS DEFENSORIA DEL PUEBLO Aprueban el Informe Defensorial Nº 139 “A cinco años de los procesos de reparación y justicia en el Perú. Balance y desafíos de una tarea pendiente” RESOLUCIÓN DEFENSORIAL Nº 037-2008/DP Lima, 17 de diciembre de 2008VISTO:El Informe Defensorial Nº 139, “A cinco años de los procesos de reparación y justicia en el Perú. Balance y desafíos de una tarea pendiente”, elaborado por la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo; CONSIDERANDO: Primero.- Labor de supervisión de la Defensoría del Pueblo, durante cinco años, de los procesos de reparación y justicia. Desde agosto del 2003, la Defensoría del Pueblo encaminó sus esfuerzos para contribuir, de manera decidida, a la implementación de un plan de reparaciones para las víctimas e impulsar la judicialización de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el período 1980-2000. Además, con su labor decidió mantener vigente en la agenda pública la importancia de estos temas, a fi n de que fuesen atendidos por el Estado de manera integral, oportuna, transparente y sostenida. En el marco de su mandato constitucional, establecido en los artículos 162º de la Constitución Política del Perú y el 1º de la Ley Nº 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, la institución supervisó ambos procesos y realizó diversas actuaciones con el propósito de conocer el avance y las difi cultades en los referidos procesos. Durante estos cinco años, la Defensoría del Pueblo ha mantenido un contacto permanente con las víctimas, sus familiares y las asociaciones que las agrupan, así como con las organizaciones de derechos humanos y la Iglesia. Estos intercambios permitieron conocer las expectativas de este sector y sus apreciaciones sobre la situación de los procesos de reparación y justicia. Los resultados de la supervisión se encuentran contenidos en los siguientes informes: Informe Defensorial Nº 86, titulado “A un año de la Comisión de la Verdad y Reconciliación” (2004), Informe Defensorial Nº 97, titulado “A dos años de la Comisión de la Verdad y Reconciliación”(2005), Informe Defensorial Nº 112, titulado “El difícil camino de la reconciliación. Justicia y reparación para las víctimas de la violencia” (2006) y e Informe Defensorial Nº 128, titulado “El Estado frente a las víctimas de la violencia. ¿Hacia dónde vamos en políticas de reparación y justicia?” (2007). Estos documentos han servido de referente importante para las autoridades, víctimas y organizaciones de derechos humanos, y han permitido la implementación de diversas medidas destinadas a superar las difi cultades advertidas. En la continuación de dicha tarea, en el presente año se ha elaborado el Informe Defensorial Nº 139, titulado “Acinco años de los procesos de reparación y justicia en el Perú. Balance y desafíos de una tarea pendiente”, donde se presenta un balance sobre la labor de supervisión realizada en los temas de reparación y justicia. Además, el Informe analiza las quejas por la presunta afectación a la integridad personal recibidas en el período 2003-2008, y da cuenta de los resultados del seguimiento de los casos del Estado peruano ante el Sistema Interamericano. Finalmente da cuenta de la labor realizada por la Defensoría del Pueblo sobre las personas desaparecidas, en el marco de la Ley Nº 28413. Renovando su compromiso con la atención de las demandas de reparación y justicia de todas las víctimas, a partir del año 2009, la Defensoría del Pueblo realizará esta labor con un nuevo esquema de seguimiento y monitoreo de las recomendaciones pendientes de cumplimiento por parte del Estado, cuyos resultados serán puestos a disposición de las autoridades, las víctimas, las organizaciones de derechos humanos y el público en general. Segundo.- Balance del proceso de reparaciones. Durante estos cinco años, el proceso de reparaciones en el Perú ha registrado importantes avances, entre los que destacan los siguientes: el diseño de un marco normativo para los programas de reparación y la creación de entidades encargadas de su monitoreo, la inscripción de las primeras víctimas individuales y benefi ciarios colectivos en el Registro Único de Víctimas, y el inicio de las reparaciones colectivas y de las reparaciones en salud. Sin embargo es preciso reconocer que, en forma simultánea a estos avances, subsisten tareas pendientes para consolidar este proceso, como el fortalecimiento del Sistema del Plan Integral de Reparaciones (PIR) y la asignación de recursos sufi cientes para el funcionamiento de los organismos que lo integran, así como la ejecución oportuna y efectiva de los siete programas de reparación, que permitan garantizar su sostenibilidad en el tiempo. La supervisión realizada por la Defensoría del Pueblo ha centrado su actuación en cuatro temas: (i) programación de actividades y presupuesto de los órganos ejecutores del PIR, (ii) niveles de coordinación entre las instancias encargadas de la implementación del PIR, (iii) Registro Único de Víctimas, y (iv) ejecución de los programas de reparación. Respecto de la programación de actividades y el presupuesto de los órganos ejecutores se registra un mayor interés por parte de los Gobiernos Regionales, que han realizado esfuerzos en la ejecución de acciones de reparación para las víctimas, aunque en su mayoría éstas no han implicado gastos presupuestales. En razón de ello es necesario reiterar que la implementación del PIR es responsabilidad de los tres niveles de gobierno (Central, Regional y Local), debiéndose destinar recursos para esta tarea. En lo que concierne a la coordinación entre las entidades del Sistema del PIR, continúa pendiente el fortalecimiento de la labor de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), en su condición de ente rector y coordinador del PIR. Es conveniente que la CMAN incorpore en la Programación Multianual 2009-2011 los lineamientos que permitan articular las iniciativas regionales con las del Gobierno Central, siendo urgente la conformación del Grupo de Apoyo a la CMAN integrado por representantes de cada Gobierno Regional. Del mismo modo es responsabilidad de la CMAN coordinar las acciones necesarias para implementar las recomendaciones de la Comisión Especial de Asistencia a los Indultados Inocentes (CEAII), creada por D.S. Nº 002-2002-JUS, y de la Comisión de Trabajo Interinstitucional para el Seguimiento de las Recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conformada mediante D.S. Nº 005-2002-JUS. En lo que toca a la elaboración del Registro Único de Víctimas (RUV) se han producido importantes avances por parte del Consejo de Reparaciones, principalmente la aprobación de los instrumentos de gestión, la creación de ofi cinas descentralizadas y la califi cación de más de 19,900 víctimas individuales y 3,634 centros poblados. No obstante, se debe acelerar este proceso e implementar un mecanismo de comunicación de alcance nacional que permita a los solicitantes contar con información actualizada sobre el estado de sus solicitudes. Asimismo, está pendiente la acreditación de los familiares de las víctimas fallecidas y desaparecidas, así como la aprobación del protocolo de integración del Registro de Acreditación de Desplazados Internos (RADI) al RUV. El programa de reparaciones colectivas constituye el mayor avance registrado en materia de reparaciones. No obstante, todavía hay tareas pendientes con relación a las comunidades benefi ciadas en los años 2007 y 2008. Se deben superar, además, las difi cultades referidas a la falta de apoyo técnico a las comunidades y reforzar los Comités de Gestión de dichas comunidades. Según lo señalado por la CMAN, el programa de reparaciones en salud comenzará a implementarse el próximo año junto al programa de educación. Sin embargo, se debe resaltar que, desde el 2005, el Ministerio de Salud está desarrollando una política de atención en Descargado desde www.elperuano.com.pe