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NORMAS LEGALES El Peruano Lima, miércoles 31 de marzo de 2010 416503 presentadas por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y las que registra el último Censo Nacional (2007) por parte del INEI. Adicionalmente se ha constatado la inexistencia de un indicador basado en datos certeros para medir el real coefi ciente de electrifi cación nacional, tanto urbano como rural. Dicha situación afecta la adecuada identifi cación de las zonas destinatarias de los proyectos de electrifi cación rural que desarrolla el Estado. Sobre este último aspecto es necesario señalar que, a la fecha de elaboración de este documento, el MEM ha convocado a un proceso de selección para contratar a una empresa que se encargue de formular una metodología para fi jar de manera precisa el real coefi ciente de electrifi cación en el país (para ello se debería empezar por defi nir la noción o categoría de ‘ámbito rural’). Otra de las difi cultades advertidas consiste en la inexistencia de una defi nición precisa de lo que se debe entender por ‘ruralidad’. Cada servicio público enfrenta la problemática rural sobre la base de una defi nición propia. Si bien el marco legal del Sector Eléctrico, las políticas públicas que lo sustentan y los programas de inversión reconocen la importancia de desarrollar el servicio público de electricidad en zonas rurales, existe indefi nición sobre lo que constituye “lo rural”, a pesar de haberse establecido algunos criterios legales. Esta situación puede afectar a diversos tópicos, como el diseño e implementación de políticas públicas, la planifi cación, la priorización de inversiones y medidas de fomento como los subsidios. La “Estrategia Nacional de Desarrollo Rural”,10 encomendada por la Presidencia del Consejo de Ministros a la Comisión Multisectorial de Desarrollo Rural, reconoce que la coordinación entre Ministerios, instituciones y niveles de gobierno responsables de la aplicación de la política social en el sector rural es muy precaria, lo que en la práctica ha conducido a una duplicación de roles y de recursos en las regiones y los distritos. Asimismo, señala la descoordinación y operación aislada de programas y proyectos, en buena parte fi nanciados con recursos de la cooperación internacional, que adquieren dinámica propia. Aun cuando existe una coordinación efectiva por la importante iniciativa de los funcionarios de la Dirección General de Electrifi cación Rural (DGER) del MEM, no se ha implementado una estrategia conjunta de los sectores del Gobierno Nacional especializados en desarrollo rural, ni de los diferentes niveles de gobierno, lo que limita los impactos de las intervenciones relacionadas con la infraestructura rural. La pobreza y la dispersión geográfi ca de la población, en particular la rural, explican en gran medida por qué el Perú muestra uno de los niveles de prestación de servicios domiciliarios más bajos de América Latina. Esta situación implica un enorme desafío y exige avanzar a soluciones innovadoras en aquellos segmentos en donde se diluyen las economías de escala y la política de extensión de redes no parece ser la opción más viable. Constituyen las principales tareas pendientes de la electrifi cación rural, la mayor efi ciencia en la ejecución de los proyectos, en particular los destinados a las zonas más alejadas, así como su sostenibilidad. Una de las causas que afectan la sostenibilidad de los proyectos es el bajo consumo de electricidad de los usuarios rurales. Estos usuarios utilizan un foco durante una hora al día y la energía se utiliza escasamente en actividades económicas productivas. En efecto, los pobladores del ámbito rural consumen, mayoritariamente, menos de 12 Kwh mensuales, lo que representa, al 2007, el 75% de los usuarios del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) y el 68% de los usuarios de sistemas aislados. En este contexto, el acceso al servicio eléctrico no llega a ser aprovechado en todo su potencial, limitando las posibilidades de mejorar la calidad de vida de la población rural. En este escenario, no resulta extraño que los proyectos eléctricos se encuentren, en ocasiones, dentro de la frontera de la sostenibilidad. Con frecuencia, los costos de operación y mantenimiento no llegan a ser cubiertos con los ingresos tarifarios actuales porque en el sector rural existe un escaso número de consumidores, un reducido consumo por usuario (debido a los bajos ingresos per cápita) y una gran dispersión geográfi ca. Es necesario que los proyectos de electrifi cación rural cumplan con la fi nalidad de su ejecución, esto es, poner a disposición de las personas el servicio de electricidad como uno de los mecanismos que les permita hacer efectivo su derecho al desarrollo. En consecuencia, se requiere prestar atención a los mecanismos que garanticen que la ejecución del proyecto no se concluya solo con la construcción de la nueva infraestructura sino que, al mismo tiempo, ayude a mejorar los niveles de vida de la población. La Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. (Adinelsa) es la empresa estatal que tiene por fi nalidad administrar las obras de electrifi cación construidas en zonas rurales y aisladas, correspondientes muchas veces a lugares con los más altos niveles de pobreza y, por cierto, defi citarios en lo referente a cubrir sus costos operativos. En tal sentido, ésta recibe las obras ejecutadas por diversas entidades del Estado y aquéllas que no son aceptadas por otras entidades, encargándose de su operación y mantenimiento. Por su parte, las empresas concesionarias sólo tienen la obligación de desarrollar infraestructura eléctrica dentro del ámbito de su concesión. Si bien esta situación asegura la continuidad del servicio y, por ende, el funcionamiento de la nueva infraestructura eléctrica rural, en la práctica, ADINELSA termina asimilando el impacto fi nanciero negativo de la operación de dicha infraestructura. Cuanto más alejadas estén las obras de la red de electricidad, más oneroso será el encargo para la empresa estatal. Por consiguiente, hace falta generar mecanismos para que el encargo no resulte tan oneroso para Adinelsa y se generen incentivos para que las empresas concesionarias asuman proyectos con baja o escasa sostenibilidad. Desde el 2003 se ha presentado una recuperación del nivel de inversión pública, más acentuada en los últimos años. En el período agosto 2006-julio 2007, la inversión total efectuada ascendió aproximadamente a USD 24 millones (S/. 77,3 millones). Con esta inversión se habría incrementado el coefi ciente de electrifi cación en 0.2% hasta alcanzar, hacia fi nales del 2007, el 78,9%. Asimismo, una nota de prensa del MEM de enero del 2008 consigna que la inversión realizada durante todo el 2007 habría sido de USD 94,3 millones (S/. 283 millones) en la ejecución de 62 proyectos de electrifi cación rural para 220 mil viviendas en 974 localidades. En lo que corresponde al año 2008 es oportuno mencionar que la inversión ascendió a USD 97 millones y, al cierre del ejercicio 2009, se proyectaba una ejecución del orden de USD 166,5 millones. La inversión total en electrifi cación rural anunciada para el período 2006-2011 asciende a USD 590 millones. Con ello se espera benefi ciar a una población de 2 millones 900 mil pobladores, dotando de suministro eléctrico a 580 mil viviendas hacia fi nales del año 2011. Por su parte, el Plan Nacional de Electrifi cación Rural 2008-2017 señala entre sus metas a mediano plazo que alcanzará un coefi ciente de electrifi cación rural del orden del 70% al 2017. Asimismo, se propone gestionar recursos por 3,000 millones de soles en el período 2008-2011 para poder alcanzar esa meta. Se aprecia que las obras correspondientes a los proyectos desarrollados por la Dirección Ejecutiva de Proyectos (DEP) del MEM demandaron inversiones importantes debido a la longitud de las líneas. Considerando los bajos consumos de los pobladores rurales, evidentemente es fundamental que se implementen mecanismos que incentiven mayores consumos. Como son el capacitar al poblador rural en el desarrollo de proyectos productivos, mostrando la efi ciencia que implica acceder a mejores tecnologías basadas en la utilización de electricidad, puede ser a su vez un mecanismo efi caz para obtener mayores consumos, al mismo tiempo que se fomenta la superación de la pobreza y un mejor nivel de vida. Existe un alto valor-promedio de inversión por usuario realmente electrifi cado y éste se incrementa conforme los usuarios se encuentran más lejos de la red. Los pobladores de las zonas más alejadas pagan tarifas más elevadas y, sin embargo, no alcanzan para cubrir los costos del servicio en las zonas rurales. Muchos servicios eléctricos rurales y de pequeñas ciudades registran una rentabilidad negativa. La Ley General de Electrifi cación Rural y el reglamento para la fi jación de la tarifa eléctrica rural del OSINERGMIN establecen un esquema tarifario orientado a reducir las tarifas eléctricas rurales, con lo cual, si bien se mejora la situación inmediata de los usuarios rurales, 10 Aprobada mediante el Decreto Supremo Nº 065-2004-PCM