NORMA LEGAL OFICIAL DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2004 (15/09/2004)

Pág. 276401 NORMAS LEGALES Lima, miércoles 15 de setiembre de 2004 2. Fortalecimiento del MIMDES como Ente Rector encargado de la formulación, dirección, coordinación, ejecución y supervisión de la Política Nacional de Fa- milia En la actualidad, el MIMDES tiene a su cargo las políti- cas de atención integral de las personas que viven en si- tuación de pobreza y pobreza extrema, violencia, discrimi- nación y exclusión social, así como la promoción de la igual- dad de oportunidades y equidad para las personas, muje- res y hombres, niños y niñas, adolescentes, personas adul- tas mayores y personas con discapacidad. Todas estas personas, provienen de una familia o es- tán insertas en una o por lo menos, lo han estado alguna vez. Si consideramos que la familia es la primera escuela, en la cual se aprenden y transmiten valores, tradiciones culturales y conocimientos, la labor del MIMDES no puede dejar de tomar en cuenta a la familia para que sus políticas a favor de su población objetivo alcancen a la mayoría de los peruanos. No pueden transmitirse valores dirigidos a que las personas entiendan cabalmente la dimensión igua- litaria de sus derechos, si ello no tiene un correlato en la familia, que es el primer espacio en donde esos derechos se expresan. Tampoco puede atenderse a las personas que viven en situación de pobreza y pobreza extrema, de ma- nera que evolucionen del asistencialismo hacia el desarro- llo de capacidades, si la persona no se apoya en la propia familia y no la conceptúa como agente de cambio y trans- formación social, aun cuando por algún motivo grave, pue- da salir temporalmente de ella. En consecuencia, el MIMDES debe liderar la Política de Familia protegiendo y promoviendo, en concordancia con el mandato constitucional, la institución familiar y haciendo los esfuerzos necesarios para que a toda persona se le asegure su derecho a pertenecer y permanecer en una familia. 3. Conciliación entre la vida familiar y las activida- des laborales tanto en los ámbitos público como priva- do De conformidad con la legislación internacional46, el Es- tado debe incluir entre los objetivos de su política nacional, el de permitir que las personas con responsabilidades fa- miliares ejerzan su derecho a desempeñar un empleo sin ser objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y labo- rales. El Estado debe promover medidas para compatibilizar la vida familiar con las ocupaciones laborales, tanto de los hombres como de las mujeres. “Es imperativo que se ase- gure a los padres que por cumplir sus obligaciones familia- res no se los penalizará con una merma en la seguridad en el empleo o en sus posibilidades de ascenso.”47 El Estado reconoce y difunde, que la conciliación entre el trabajo y la vida familiar constituyen una inversión social. 4. Reconocimiento de la familia como garante de la cohesión social y de la solidaridad intra e intergenera- cional En el V Foro de Consulta de Ministros de Desarrollo Social de América Latina y El Caribe, realizado en Santa Clara, Lima, se aludió al rol primordial en la superación de la pobreza y la exclusión que puede tener la cohesión so- cial48, respaldada por un proceso de equidad social, desa- rrollo sociocultural y desarrollo económico. En dicho esfuerzo la familia es la primera garantía tanto para la cohesión intrafamiliar como intergeneracional, en- tre familias, y entre las familias y la comunidad. “Cuando una sociedad está cohesionada, acata las le- yes y es productiva, invariablemente se puede advertir que la fuente de su fuerza estriba en la solidez de sus fami- lias.”49 5. Promoción de la familia como artífice de una cul- tura de paz, de promoción de valores y de prevención de la violencia familiar y de otras formas de violencia La familia es el primer ámbito en que se construye una cultura de paz y reconciliación. La armonía familiar, el res- peto de la dignidad y derechos de los miembros de la fami- lia, el diálogo y el afecto, contribuyen a la creación de un ambiente estable y positivo y de prevención de las diver-sas manifestaciones de violencia que se producen en las relaciones familiares50. “El aspecto principal para la reducción de la violencia intrafamiliar será ayudar a las familias antes de que surja el riesgo de violencia o aumente el descuido; es decir, se harán intervenciones de prevención enfocadas a la familia en su totalidad, y se brindará apoyo preventivo y mutuo, junto con intervenciones de crisis y de recuperación, apo- yadas por la educación y la formulación de políticas; se insistirá en vigilar el abuso de alcohol y de sustancias psi- cotrópicas.”51 De otro lado, el Estado, de acuerdo a sus posibilidades, procura eliminar la existencia o disminuir la incidencia de factores externos que afecten a la familia. Entre estos fac- tores se encuentra la exposición de los niños y adolescen- tes a los medios de comunicación social, en particular la televisión, que puede afectarlos por el consumo indiscrimi- nado de horas de televisión con contenidos no propicios para su desarrollo y bienestar.52 6. Todos los Sectores, Niveles de Gobierno y la So- ciedad, aplican en forma transversal el Enfoque de Fa- milia Plantear políticas públicas partiendo desde la óptica de la familia es una perspectiva articuladora e integral que debe aplicarse en todos los Sectores del Gobierno Nacional, de acuerdo a sus competencias y funciones, pues todos ellos tienen relación directa o indirecta con la familia. También los Gobiernos Regionales y Locales deben considerar en sus políticas, planes y programas este enfoque inclusivo. Estas responsabilidades deben ejercerse en coordinación con las organizaciones de la sociedad que estén vincula- das directa o indirectamente, con la temática familiar. La aplicación de esta perspectiva puede garantizar ma- yor eficacia en la inversión social.53 7. Impulso y difusión del derecho de toda persona a vivir en una familia. El Estado reconoce el valor de la familia y la importan- cia de esta para contar con una población sana y ética, es por ello que procura que toda persona nazca, crezca y se desarrolle en una familia. Cuando la persona por algún motivo, no vive con su familia, se debe procurar la reinser- ción familiar, en primer lugar en la familia de origen (consi- derando incluso la familia extensa). Esto vale tanto para los niños y adolescentes, como para las personas con dis- capacidad y adultos mayores. En el caso de los niños y adolescentes que no puedan reinsertarse en su familia de origen, el Estado debe promo- ver la reinserción familiar mediante la colocación familiar y la adopción, evitando en lo posible la institucionalización54. En consecuencia, corresponde al MIMDES promover la reinserción familiar, destacando sus bondades y facili- tando su acceso, mediante políticas y acciones idóneas. 46Cf. Convenio Nº 156 de la OIT47ONU, Departamento de Información Pública. 1994 Año Internacional de la Familia. 48Cf. Declaración de Santa Clara sobre Cohesión Social en América Latina y el Caribe, Mayo de 2004 49ONU. 1994 Año Internacional de la Familia. Departamento de Información Pública.50Cf. Décimo sexta política de Estado del Acuerdo Nacional; Protocolo Adi- cional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales denominado “Protocolo de San Salvador”, Art. 15º. 51OPS, La familia y la salud. CD44/10, pg. 13. 52Cf. ALFARO MORENO, Rosa María y otros. L@s Niñ@s Te Ven y ¿qué ven? Una televisión violenta que divierte y desencanta. Lima, Veeduría Ciudadana de la Comunicación Social. 2002. 53Por ejemplo en materia de salud, cf. OPS, La familia y la salud. CD44/10. Washington, 22 al 26 de setiembre de 2003, pg. 11. 54“Los países desarrollados reconocieron desde el siglo pasado que la adop- ción era preferible a la institucionalización, dado que esta última produce daños irreversibles e irreparables, sobre todo en los primeros años de vida de los niños y niñas por ser vital para ellos satisfacer su necesidad afecti- va.” LAFFOSSE, Sara. En Propuesta de Aspectos a ser considerados en un Programa de Gobierno relativo a la protección de la familia. Audiencia Pública Por las Familias del Perú. Congreso de la República 2 de julio de 2004.