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PÆg. 304323 NORMAS LEGALES Lima, jueves 17 de noviembre de 2005 cuenta que a pesar de la vigencia de la Resolución Ministerial Nº 389-2004-SA que establece la gratuidad del certificado de nacido vivo, algunos establecimientos de salud continuaban cobrando por la expedición de dichodocumento, constatando a su vez que existían significativas diferencias si se trataba de un parto institucional o de uno domiciliario. De otro lado, de acuerdo a la Ley Orgánica del RENIEC, el DNI constituye el documento oficial de identificación de los peruanos y peruanas mayores deedad 4, resultando necesaria su obtención para el ejercicio de otros derechos fundamentales como acceder al sistema de justicia, iniciar cualquier procedimientoadministrativo, realizar cualquier acto civil, contraer matrimonio, acceder a la seguridad social, entre otros. En el año 2003, durante las campañas itinerantes desarrolladas para promover el canje de la Libreta Electoral por el DNI, la Defensoría del Pueblo detectó que los pobladores de diversas comunidades nativas dela Amazonía peruana enfrentaban elevados índices de pobreza, por lo que el alto costo del DNI resultaba una barrera. Ello motivó la aprobación del Informe DefensorialNº 79 sobre “La legalidad del cobro y la razonabilidad del costo en la expedición del Documento Nacional de Identidad por el Registro Nacional de Identificación yEstado Civil (RENIEC)” 5. Por otro lado, hasta el año pasado en que entró en vigencia la Ley Nº 28316, la Libreta Militar constituía unrequisito obligatorio para obtener el DNI, lo cual fue cuestionado por nuestra institución en su oportunidad a través del Informe Defensorial Nº 22 “Lineamientos parala reforma del servicio militar: hacia un modelo voluntario” 6. Actualmente, el RENIEC exige en su TUPA7, como requisito para obtener el DNI, que el ciudadano presente copia certificada del acta de nacimiento, debiendo adjuntar copia del expediente administrativo si la inscripción fueextraordinaria. No obstante, en el Informe Defensorial Nº 67 “Análisis de las diferencias en las tasas por expedición de partidas de nacimiento y certificados deantecedentes policiales, según sean para uso en el Perú o el extranjero” 8, pusimos de manifiesto el alto costo que establecen las municipalidades para la expedición de lascopias certificadas de las partidas de nacimiento. Todos estos problemas se reflejan en el alto número de personas indocumentadas en nuestro país. Aúncuando no hay cifras oficiales se calcula que ascendería aproximadamente a más de 3 millones de personas 9. Esta situación revela las serias dificultades que impiden a aquellas personas ejercer sus derechos plenamente, pues carecen de un reconocimiento jurídico de parte del Estado, lo cual no sólo afecta su desarrolloindividual sino también su integración y sentido de pertenencia a la sociedad. De otro lado, al vincularse legalmente el documento de identidad al ejercicio de otrosderechos, quienes no cuenten con aquél se encuentran gravemente limitados en el ejercicio de sus derechos generando una suerte de “discapacidad ciudadana”. Esta exclusión, como lo ha reconocido la Comisión de la Verdad y Reconciliación 10, viene aparejada de inequidad e injusticia, y afecta a los sectores más pobresde nuestra sociedad. La evidencia de este problema social generó que RENIEC, en cumplimiento de su mandato constitucional,creara la Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo Social 11 y convoque a entidades del Estado, entre ellas a la Defensoría del Pueblo, y a representantes de lasociedad civil a conformar una Comisión de Alto Nivel con el encargo de elaborar el Plan Nacional de Restitución de la Identidad. Documentando a las PersonasIndocumentadas 2005 -2009 12. CONSIDERANDO:Primero: Competencia de la Defensoría del Pueblo.- La Defensoría del Pueblo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162º de la Constitución y en el artículo 1º de su Ley Orgánica, Ley Nº 26520, es un órgano constitucional autónomo encargado de defenderlos derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad, así como de supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estataly la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. Entre los derechos fundamentales que corresponde proteger a esta institución se encuentra el derecho a laidentidad, contemplado en el inciso 1º del artículo 2º de la Constitución y, en un sentido amplio, el ejercicio de la ciudadanía reconocido en el artículo 30º del mismo texto constitucional. El derecho a la identidad también seencuentra reconocido en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos respecto a los cuales el Estado se encuentra obligado. En correspondencia con el mandato conferido por la Constitución, el artículo 9º inciso 1) de la Ley Nº 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, faculta a estainstitución a iniciar y proseguir de oficio o a petición de parte, cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones de laadministración pública y sus agentes que, implicando el ejercicio ilegítimo, irregular, abusivo o excesivo, arbitrario o negligente de sus funciones, afecte la vigencia plenade los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad. Asimismo, el artículo 26º de su ley orgánica le confiere la atribución de emitir resoluciones con ocasión de sus investigaciones, a efectos de formular a las autoridades, funcionarios y servidores de la administración del Estado,advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y sugerencias para la adopción de nuevas medidas. Bajo este marco, corresponde a la Defensoría del Pueblo velar por la vigencia del derecho a la identidad, así como supervisar la labor del Estado en cumplimientode sus obligaciones. En tal sentido, la Defensoría del Pueblo consideró necesario llevar a cabo una supervisión 13 a las distintas entidades de la administración estatal con la finalidad de: a. Verificar que los establecimientos de salud del Ministerio de Salud encargados de expedir el certificado de nacido vivo den cumplimiento a la Resolución Ministerial Nº 389-2004-MINSA, entregando dichodocumento de manera gratuita; b. Verificar que las municipalidades, bajo cuya dependencia administrativa se encuentran las oficinasde registro de estado civil encargadas de inscribir los nacimientos y emitir las partidas de nacimiento, garanticen el ejercicio de dicho derecho de acuerdo a la legislación,principalmente reconociendo en su TUPA la gratuidad de la inscripción del nacimiento y de la entrega de la primera copia del acta de nacimiento, solicitando para dichoprocedimiento los documentos que acrediten la identidad de manera alternativa y no concurrente; 4Cabe resaltar el carácter progresivo de la Ley Nº 26497, que en su artículo 31º indica que el DNI será otorgado a todos los peruanos desde la fecha de su naci-miento, asignándose en dicho documento un Código Único de Identificación, invariable hasta el fallecimiento de la persona, como único referente identificatorio de la misma. 5Elaborado por la Adjuntía para la Administración Estatal y probado mediante Resolución Defensorial Nº 035-2003/DP del 14 de noviembre de 2003. 6Ley del Servicio Militar. Hacia un modelo voluntario. Defensoría del Pueblo. Lima, octubre 1999. 7Aprobado mediante Resolución Jefatural Nº 072-2004-JEF/RENIEC del 29 defebrero de 2004, modificado mediante Resolución Jefatural Nº 842-2004-JEF/RENIEC del 30 de diciembre de 2004. 8Aprobado por Resolución Defensorial Nº 025-DP-2002 del 7 de agosto de 2002. 9El Plan Nacional de Restitución de la Identidad: Documentando a las personasindocumentadas 2005 - 2009 señala que el número ascendería a 3 millones 411 mil 183 personas. RENIEC. Julio 2005. Pag. 57. 10Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (Agosto, 2003). 11A través del Programa de Protección a la Población Afectada por la ViolenciaPolítica, la Defensoría del Pueblo viene coordinando con dicha Gerencia la eje- cución de campañas de documentación, habiendo colaborado en el período enero2003 a diciembre 2004 en la documentación de 44,535 personas. 12Aprobado mediante Resolución Jefatural Nº 772-2005 JEF/RENIEC del 11 dejulio de 2005. 13La ejecución de la supervisión estuvo a cargo de las Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención, en coordinación con la Adjuntía para la Administración Estatal. Se llevó a cabo entre agosto y diciembre del 2004, en el marco de laejecución del Proyecto “Fortalecimiento Institucional de la Defensoría del Pueblo para la Protección del derecho a la identidad” , con el apoyo de OXFAM-Gran Bretaña y el Departamento para el Desarrollo Internacional - DFID - del ReinoUnido.