TEXTO PAGINA: 51
NORMAS LEGALES El Peruano Lima, jueves 7 de mayo de 2009 395553 y en el marco de su mandato constitucional, la Defensoría del Pueblo propone que para fortalecer el servicio que la PNP brinda a la ciudadanía se orienten mayores esfuerzos en las siguientes cinco áreas: a) Política de fortalecimiento de Comisarías: como unidades básicas cercanas a la población y cara visible del Estado ante la ciudadanía. b) Política de profesionalización del personal policial: mediante la implementación de la primera ley de carrera policial que contemple sus objetivos y principios, así como cada uno de sus componentes (ingreso, formación, ascensos, incentivos y término). c)Política anticorrupción: mejorando los mecanismos de prevención y combate de la corrupción, partiendo del estudio de su origen y funcionamiento, y atendiendo a sus efectos, principalmente la vulneración de los derechos fundamentales de las personas. d) Política de control disciplinario: mejorando los mecanismos de control interno que permitan separar al personal no idóneo, luego de un procedimiento que respete las garantías del derecho fundamental a un debido proceso, de acuerdo con los parámetros establecidos por la Constitución Política, los Tratados Internacionales y la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales, respecto del ejercicio de la potestad disciplinaria. e) Política de transparencia y respeto del derecho de acceso a la información pública: adecuando su organización y sus instrumentos de gestión a los requerimientos establecidos en la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sus modifi catorias y disposiciones complementarias. Quinto.- Política de fortalecimiento de comisarías. Las comisarías son la unidad básica de la PNP y cumplen un papel protagónico en el ámbito interno y externo de la institución policial: interno, en tanto que es un espacio de interacción de los diversos órganos policiales; y, externo, porque se trata del primer punto de contacto entre la población y la Policía. El servicio policial que se presta a la población en las comisarías constituye la concretización de la función policial y puede ser defi nido como el conjunto de actividades que, de manera integrada, realiza la Policía Nacional con la fi nalidad de cumplir con su misión y funciones de garantizar: a) el orden interno; b) el libre ejercicio de los derechos fundamentales de las personas; y c) el normal desarrollo de las actividades ciudadanas. En ese sentido, la razón de ser del servicio policial es servir y proteger al ciudadano y a la comunidad, por lo que un componente central en la evaluación de este servicio es la calidad de la atención que se brinda a la población en las comisarías. Esta atención se debe caracterizar por ser respetuosa de la dignidad y de los derechos de las personas. Asimismo, de acuerdo con la normativa nacional e internacional, las principales condiciones de trabajo del personal policial y especialmente de los que laboran en las comisarías son: una remuneración equitativa y digna; la seguridad e higiene en el trabajo, el descanso y el disfrute del tiempo libre, así como la protección y orientación legal. Por este motivo, estos aspectos han constituido elemento principal en la evaluación realizada por la Defensoría del Pueblo, de la que se da cuenta en el presente informe. Por otro lado, en su labor de represión de la delincuencia, el personal policial que presta servicios en comisarías está obligado a respetar determinadas garantías mínimas contenidas, principalmente, en los Principios Básicos de la Organización de las Naciones Unidas para el Tratamiento a los Reclusos, aplicables a toda persona privada de libertad en cualquier lugar donde ésta se encuentre, así como la Convención contra la Tortura, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estas garantías mínimas son: el área, la iluminación, la ventilación y las condiciones de salubridad de la celda para detenidos (sala de meditación), así como las medidas de seguridad de éstos. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo ha supervisado 300 comisarías del ámbito nacional y ha recibido 198 informes situacionales, lo que le ha permitido evaluar las condiciones laborales y materiales de su personal, la infraestructura de atención del ciudadano, en especial la accesibilidad a personas con discapacidad y las condiciones materiales de detención. Los resultados son los siguientes: En lo concerniente a los derechos de las personas que acuden a las comisarías: • El 86% (259 comisarías) no tiene un horario especial para informar a la población sobre el estado de trámite de su denuncia. • El 48% (146) no cuenta con ambientes especiales para recibir denuncias y/o testimonios que requieran privacidad (caso de violencia sexual o familiar, por ejemplo). • El 61% (184) indicó que no conocen las normas de atención al público elaboradas por la PNP. • Para el 53% (160) existen normas dispersas sobre cómo atender al público. • En el 88% (266) no existe material alguno (folletos, trípticos, entre otros) al alcance del público donde se detallen los tipos de procedimientos que se deben aplicar en las comisarías. • En el 64% (194) no se han publicado afi ches sobre los derechos del ciudadano y de otras instituciones que los tutelan. • En el 80% (240) no se ha publicado una guía sobre los distintos trámites a realizar en la comisaría. • En el 77% (233) no existen en un lugar visible indicaciones de cómo actuar ante un caso de inconducta policial. • Condiciones de accesibilidad de las personas con discapacidad: sólo el 47% de las puertas de ingreso de las comisarías supervisadas tiene la calidad de accesible, mientras que el 25% sólo permite accesibilidad limitada y el 28% cuenta con puertas de ingreso inaccesibles. Con relación a las condiciones de trabajo del personal policial de comisarías • Uniforme: En el 75% (225 comisarías) se informó que hace más de cuatro años que no se les renueva el uniforme y en el 96% (290) se indicó que la renovación de éste lo realiza el propio personal. • Material informático (computadoras, impresoras, tinta de impresoras, entre otros): Según el 25% de los informes situacionales (49) se requiere este material. Asimismo, de las 300 comisarías supervisadas, sólo el 33% (100) considera que el estado de conservación de las computadoras es buena. A esta defi ciencia se aúna la falta de interconexión entre las comisarías, la ausencia de bases de datos informatizados y la limitación para acceder directamente a la base de datos de otras instituciones para el ejercicio de la función en comisarías. Así, el 53% (161) no tiene acceso a Internet; el 67% (203) no lo tiene a la base de datos del Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil (RENIEC); el 63% (191) no lo tiene a la base de datos de requisitorias de la propia PNP; y el 86% (259) no lo tiene a otras bases de datos como Registros Públicos, Poder Judicial (antecedentes judiciales), entre otros. • Útiles de Ofi cina: Sólo en el 20% (60) se ha informado que se les brinda suficiente material de ofi cina. • Seguridad (infraestructura): El 26% (51 comisarías) demanda urgentes refacciones y el 5% (10) indica que sus condiciones son de “alto riesgo”, lo cual ha sido corroborado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). Por ello se ha constatado que las mejoras realizadas en las comisarías han sido impulsadas, en el 57% de los casos, por el Comisario y el personal policial. • Higiene en las comisarías: En el 49% (148), el estado de conservación de los servicios higiénicos es