Fuente: Diario Oficial El Peruano.
TEXTO PAGINA: 73
/G50/GE1/G67/G2E/G20/G31/G33 /G53/G45/G50/G41/G52/G41/G54/G41/G20 /G45/G53/G50/G45/G43/G49/G41/G4C Lima, jueves 14 de noviembre de 2002 (a todos) pero teniéndolos vivos y acorralados. No hubo jamás desproporción de los medios emplea- dos, sino ejecución de un esquema de debelamiento preconcebido, que requirió de las armas y personalde la Marina de Guerra. Las operaciones realizadas se hicieron dentro del marco legal y convencional que faculta a todo Estado a defender el principio deautoridad y seguridad de sus ciudadanos; c) la existencia de 28 reclusos que resultaron ilesos luego de las operaciones de debelamiento del motín y el hecho de que durante el operativo y en los días subsiguientes aparecieran cinco reclusos entre losescombros, quienes fueron atendidos y posterior- mente internados en el centro penitenciario “Castro Castro,” corroboran que en toda circunstancia serespetó la vida e integridad física de los reclusos que se entregaron, durante y después del debelamiento; y d) la imputación de que el debelamiento del motín implicó una evidente desproporción entre el peligroque éste suponía y las acciones que se realizaron para debelarlo, resulta ser falsa por los siguientes motivos: la lucha antisubversiva realizada en esosaños se produjo en diversos niveles, el más ostensi- ble de éstos fue el enfrentamiento entre elementos del orden y terroristas; la ciudadanía vivía momentosde gran tensión; los cuadros terroristas demostra- ban una “crueldad y ferocidad increíble,” lo cual de- terminó que la nación organizase sus mecanismosde defensa para enfrentar esta situación; los terro- ristas “intervenidos” e internados en el penal convir- tieron este recinto en una “zona de nadie,” en la quese desconocía el principio de autoridad. Por todo ello, cuando se presentan casos extremos como éste, y se desborda a las fuerzas civiles, es preciso recu-rrir al apoyo de las fuerzas armadas. 64.El artículo 4 de la Convención establece, en lo con- ducente, que 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Na- die puede ser privado de la vida arbitrariamente. 65.En cuanto a la alegación del Estado sobre la carga de la prueba, esta Corte ha dicho que “en los procesossobre violaciones de derechos humanos, la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas que, en muchos casos,no pueden obtenerse sin la cooperación del Estado” 34 y, en particular, ha señalado que “[e]s el Estado quien tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridosdentro de su territorio”. 35 En ese sentido, la Corte con- sidera que en el presente caso no corresponde a la Comisión Interamericana demostrar el paradero de losseñores Durand Ugarte y Ugarte Rivera, porque los penales y las investigaciones estuvieron bajo el exclusi- vo control del Estado. En consecuencia, sobre ésterecae la carga de la prueba. 66.Según los hechos probados, los señores Durand Ugarte y Ugarte Rivera se encontraban detenidos por el delito de terrorismo en el Pabellón Azul del Centro Peni- tenciario El Frontón, el 18 de junio de 1986 ( supra párr. 59.f). 67. Para investigar los hechos relacionados con el debelamiento del motín, el Congreso de la Repúbli- ca del Perú nombró una Comisión Investigadora, la cual, al concluir su trabajo, presentó dos informes,uno en mayoría y otro en minoría. El informe de ma- yoría, en el punto 14 de sus conclusiones, indicó que “[d]el resultado logrado se infiere, sin embargo, la des-proporción del potencial bélico empleado. La demoli- ción final, luego de la rendición producida a las 14:30 horas del día diecinueve, no tendría explicación lógicay en consecuencia sería injustificada”. Asimismo, el informe de minoría señaló, en el apartado relativo a las cuestiones previas, que4. [e]stá demostrado que el gobierno, al incumplir con su obligación de proteger la vida humana, dioórdenes que trajeron como consecuencia un injustifi- cable número de muertes. a. La opción tomada de debelar los motines a travésde la fuerza militar, en el plazo más breve y perento- rio, significaba poner en grave e innecesario peligro la vida de los rehenes y los internos [y]b. [l]a fuerza militar utilizada fue desproporcionada en relación al peligro realmente existente y las formas de ataque implementadas tampoco revelaron precau-ción alguna por reducir los costos humanos del de- belamiento. 68.De acuerdo con lo expuesto, y conforme a la decla- ración de testigos y peritos, la Corte tiene por demostra- do que el Pabellón Azul fue demolido por las fuerzas dela Marina peruana, quienes hicieron un uso despropor- cionado de la fuerza en relación con el peligro que entra- ñaba el motín ( supra párr. 59.j), situación que provocó que muchos de los detenidos murieran por aplastamien- to, según se revela en las necropsias correspondientes. Asimismo se logró determinar, como lo señala el informede minoría del Congreso, que hubo desinterés, por parte de las autoridades correspondientes, en el rescate de los detenidos que quedaron con vida después de la de-molición. Además, hubo falta de diligencia para la identi- ficación de los cadáveres, pues sólo un reducido núme- ro de cuerpos fue identificado en los días siguientes a laterminación del conflicto, y el proceso de recuperación de los cadáveres duró alrededor de nueve meses. 69.Esta Corte ha señalado en otras oportunidades que [e]stá más allá de toda duda que el Estado tiene el dere- cho y el deber de garantizar su propia seguridad. Tam- poco puede discutirse que toda sociedad padece por las infracciones a su orden jurídico. Pero, por graves quepuedan ser ciertas acciones y por culpables que pue- dan ser los reos de determinados delitos, no cabe admi- tir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que elEstado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral. Ninguna actividad del Estado puede fundarsesobre el desprecio a la dignidad humana. 36 70.A pesar de aceptarse que los detenidos en el Pabe-llón Azul del penal El Frontón podían ser responsables de delitos sumamente graves y se hallaban armados, estos hechos no llega[ban] a constituir [...] elementos suficientes para justificar el volumen de la fuerza que se usó enéste y en los otros penales amotinados y que se entendió como una confrontación política entre el Gobierno y los terroristas reales o presuntos de Sen-dero Luminoso [...] lo que probablemente indujo a la demolición del Pabellón, con todas sus consecuen- cias, incluida la muerte de detenidos que eventual-mente hubieran terminado rindiéndose y la clara ne- gligencia en buscar sobrevivientes y luego rescatar los cadáveres. 37 71.De las circunstancias que rodearon la debelación delmotín en El Frontón, especialmente en cuanto al usodesproporcionado de la fuerza por parte de la Marina peruana, y del hecho de que desde hace catorce años se desconoce el paradero de los señores Nolberto Du-rand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera, se des- prende la conclusión razonable de que éstos fueron 34cfr. Caso Neira Alegría y otros , supra nota 12, párr. 65; Caso Gangaram Panday , supra nota. 10, párr. 49; Caso Godínez Cruz , supra nota. 9, párr. 141; y Caso Velásquez Rodríguez , supra nota. 9, párr. 135. 35cfr. Caso Neira Alegría y otros , supra nota 12, párr. 65; Caso Godínez Cruz , supra nota. 9, párr. 142; y Caso Velásquez Rodríguez , supra nota. 9, párr. 136. 36cfr. Caso Godínez Cruz, supra nota 9, párr. 162; y Caso Velásquez Rodríguez , supra nota 9, párr. 154. 37Caso Neira Alegría y otros , supra nota 12, párr. 74.