Fuente: Diario Oficial El Peruano.
TEXTO PAGINA: 75
/G50/GE1/G67/G2E/G20/G31/G35 /G53/G45/G50/G41/G52/G41/G54/G41/G20 /G45/G53/G50/G45/G43/G49/G41/G4C Lima, jueves 14 de noviembre de 2002 82.Por su parte, el Estado señaló que la investigación de temas relacionados con la subversión implicaba un tra-bajo de inteligencia que comprendía una labor de segui- miento para conocer a otros terroristas e identificar a personas de mayor categoría dentro de las respectivasorganizaciones. Por ello consideró arbitrario que la Co- misión exigiera la mediación de una orden judicial puesto que a ese nivel implica el agotamiento de las etapas previas de las investigaciones a nivel de inteligencia, a nivel po-licial y a nivel de Fiscalía en la que debe obviarse tomar la declaración al presunto autor, a fin de forma- lizar la denuncia sin este importante elemento de in-vestigación y aperturar instrucción con mandato de detención para, con dicha orden judicial, recién po- der intervenir al implicado [...] 83.El artículo 7 de la Convención Americana, en lo per- tinente, dispone que: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. [...] 5. Toda persona detenida o retenida debe ser lleva- da, sin demora, ante un juez u otro funcionario auto- rizado por la ley para ejercer funciones judiciales ytendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar con-dicionada a garantías que aseguren su comparecen- cia en el juicio. 84.La Corte estima que aún cuando la violación del artí- culo 7.1 y 7.5 de la Convención no fuese alegada en el escrito de demanda de la Comisión, ello no impide que lamisma sea declarada por la Corte, si de los hechos pro- bados resulta que en efecto se produjo dicha violación . En consecuencia, el Tribunal analizará la forma en que se produjo la captura y la duración de la detención hasta el momento en que los detenidos fueron puestos a dis- posición de una autoridad judicial. 85.En el presente caso, como lo expuso la Comisión, los señores Durand Ugarte y Ugarte Rivera fueron deteni-dos por miembros de la policía sin mediar orden judicial ni haber sido encontrados en flagrante delito, y queda- ron incomunicados por ocho días, según señaló la se-ñora Virginia Ugarte Rivera en la declaración rendida ante la Corte. Al respecto, este Tribunal ha dicho que nadie puede ser privado de la libertad personal “sino porlas causas, casos o circunstancias expresamente tipifi- cadas en la ley (aspecto material), pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente de-finidos por la misma (aspecto formal)”. 41 86.La detención del señor Nolberto Durand Ugarte ocu-rrió el 14 de febrero de 1986 y la del señor Gabriel Pablo Ugarte Rivera el 15 del mismo mes y año. Ambos fueron puestos a disposición del órgano judicial competente el 4de marzo de 1986, fecha que se tiene por cierta debido a que ese día se les inició el proceso penal ( supra párr. 59.d) y a que el Estado no presentó documentación al-guna que demostrase lo contrario. 87.La Corte observa que los señores Durand Ugarte y Ugarte Rivera fueron detenidos por miembros de la Di- rección contra el Terrorismo, sin que mediaran flagran- cia u orden judicial. El Estado alegó que la detención nohabía sido arbitraria. La Corte, mediante nota de Secre- taría CDH-10009/178 de 25 de junio de 1999, por ins- trucciones del Presidente, solicitó al Estado el envío delexpediente iniciado contra los señores Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera por el delito de terrorismo, pero el Estado nunca aportó esta prueba,que podría haber acreditado la existencia de una orden judicial de detención y otros elementos relevantes para la determinación de los hechos relacionados con la mis-ma. Cuando se refirió a los hechos lo hizo en forma ambigua por no precisar la norma jurídica que pudo ser-vir como sustento de dicha detención. 88.Como ha sucedido en otros procesos tramitados ante la Corte, ésta tiene que formular sus conclusiones “pres- cindiendo del valioso auxilio de una participación másactiva [del Estado], que le hubiera significado, por lo de- más, proveer adecuadamente a su defensa”. 42 89.Por ello, la Corte tiene por ciertos los hechos en virtud del principio de que [...] el silencio del de- mandado o su contestación elusiva o ambigua pue- den interpretarse como aceptación de los hechos de la demanda, por lo menos mientras lo contrario noaparezca de los autos o no resulte de la convicción judicial. 43 90.La Corte observa que el artículo 2 inciso 20 literal gde la Constitución Política del Perú de 1979, entonces vigente, disponía: Nadie puede ser detenido sino por mandamiento es- crito y motivado del juez o por las autoridades policia-les en flagrante delito. En todo caso el detenido debe ser puesto, dentro de las veinticuatro horas o en el término de la distancia,a disposición del Juzgado que corresponde. Se exceptúan los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas en los que las autoridadespoliciales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales, con cargo de dar cuenta alMinisterio Público y al Juez, quien puede asumir ju- risdicción antes de vencido dicho término. 91.La Corte estima que si bien es cierto que los hechos señalados en la demanda, en cuanto a que Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera fuerondetenidos sin mediar orden judicial ni haber sido encon- trados en flagrante delito, no fueron desvirtuados por el Estado, también lo es que la propia Constitución perua-na exceptuaba de esta regla los casos de terrorismo. Por otra parte, y en lo que respecta al período de deten- ción de los imputados, conviene observar que el pre-cepto constitucional citado sólo autorizaba la detención por un término no mayor de 15 días con obligación de dar cuenta al Ministerio Público y al órgano jurisdiccionalcompetente. Como se ha precisado anteriormente ( su- pra párrs. 59.d y 86), el señor Durand Ugarte fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional competente el 4de marzo de 1986, es decir, 18 días después de la de- tención, y el señor Ugarte Rivera ese mismo día, esto es, 17 días después de la detención, en ambos casosluego de transcurrido el término de 15 días permitido por la Constitución Política del Perú y, en consecuencia, en violación del artículo 7.5 de la Convención. 92.En consecuencia, la Corte declara que el Estado vio- ló, en perjuicio de los señores Nolberto Durand Ugarte yGabriel Pablo Ugarte Rivera, el artículo 7.1 y 7.5 de la Convención Americana. XIII VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 7.6 Y 25.1 PROTECCIÓN JUDICIAL 93.En cuanto a la violación de los artículos 7.6 y 25.1 de la Convención, la Comisión alegó que: a) la Corte ha interpretado el artículo 25 de la Con- vención a fin de garantizar, inter alia, un recurso sen- cillo, rápido y efectivo para la protección de los dere- chos fundamentales de la persona; b) el derecho a la tutela efectiva incluye el hábeas corpus o amparo de la libertad, al permitir que una autoridad distinta a la que ordena y ejecuta la priva-ción de la libertad, determine la legalidad de la deten- ción. Para que un recurso sea efectivo, el mismo no solo debe ser idóneo para solucionar la violación ale-gada, sino que no debe ser ilusorio. En el caso con- creto, aun cuando el hábeas corpus era el recurso idóneo para que la autoridad judicial investigara y