Fuente: Diario Oficial El Peruano.
TEXTO PAGINA: 88
/G50/GE1/G67/G2E/G20/G32/G38 /G53/G45/G50/G41/G52/G41/G54/G41/G20 /G45/G53/G50/G45/G43/G49/G41/G4C Lima, jueves 14 de noviembre de 2002 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Hu- manos en el año 2000, sobre el caso de referencia, para que el Estado "haga todo el esfuerzo para poder localizar e identificar los restos de las víctimas yentregarlos a sus familiares, así como investigar los hechos, procesar y sancionar a los responsables"; b) el Ministerio de Justicia del Perú pagó un ochenta por ciento de las indemnizaciones dispuestas por la Corte Interamericana a favor de los familiaresde las víctimas; y, c) la Cuadragésima Primera Fiscalía Provincial Penal de Lima y la Sexta Fiscalía Superior de Lima, del Ministerio Público, mediante las resoluciones de 19 de abril de 2002 y 20 de mayo de 2002, respectiva-mente, dispusieron archivar definitivamente el caso Durand y Ugarte. Como consecuencia de lo re- suelto por el Ministerio Público no será posible in-vestigar los hechos y procesar y sancionar a los responsables como se señaló en la sentencia de fondo dictada por la Corte Interamericana. En consideración de lo anterior, el Estado solicita a la Corte que se le indique si "ha quedado relevado de suresponsabilidad establecida en la sentencia del caso" e "interprete si el Estado [...] ha cumplido cabalmente con lo dispuesto por la sentencia Nº 68 del año 2000". CONSIDERANDO: 1. Que de acuerdo con las sentencias dictadas por la Corte el 16 de agosto de 2000 y 3 de diciembre de 2001, en los puntos resolutivos sétimo y cuarto literales c) y d), res-pectivamente, se ordenó al Estado realizar el esfuerzo po- sible para localizar e identificar los restos de Nolberto Du- rand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera y entregarlos asus familiares, así como para impulsar la investigación de los hechos y procesar y sancionoar a los responsables. 2. Que mediante las resoluciones dictadas por la Cuadragésima Primera Fiscalía Provincial Penal de Lima y la Sexta Fiscalía Superior de Lima, del Ministerio Públi- co, de 19 de abril de 2002 y 20 de mayo de 2002,respectivamente, se dispuso "el archivamiento definiti- vo" del caso Durand y Ugarte. 3. Que el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos estipula que "los Estados Partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos se com- prometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso enque sean partes". Las obligaciones convencionales de los Estados Partes vinculan a todos los poderes y órganos del Estado y éste no puede por razones de orden interno, dejarde asumir la responsabilidad internacional ya establecida. 4. Que esta obligación corresponde a un principio bá- sico del derecho de la responsabilidad internacional delEstado, sólidamente respaldado por la jurisprudencia in- ternacional, según el cual los Estados deben cumplir sus obligaciones convencionales internacionales de bue-na fe (pactada sunt servanda)1. 5. Que, en virtud del carácter definitivo e inapelable de las sentencias de la Corte, éstas deben ser prontamen-te cumplidas por el Estado en forma íntegra. 6. Que el Estado también manifestó que ha pagado el ochenta por ciento de las indemnizaciones ordenadaspor la Corte a favor de los familiares de las víctimas. 7. Que se ha constatado que en el expediente del trá- mite del presente caso ante la Corte, no constan loscomprobantes de pago de las indemnizaciones realiza- das por el Estado. 8. Que el Estado debe dar cabal cumplimiento a las sentencias dictadas por la Corte el 16 de agosto de 2000 y 3 de diciembre de 2001. POR TANTO: LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HU- MANOS, de conformidad con los artículos 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 25 del Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y 29de su Reglamento;RESUELVE: 1. Declarar que, de acuerdo con el principio pacta sunt servanda , y de conformidad con lo dispuesto en el artí- culo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estado tiene el deber de dar pronto cumpli-miento a todo lo ordenado en las sentencias de 16 de agosto de 2000 y 3 de diciembre de 2001 dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el casoDurand y Ugarte. 2. Requerir al Estado del Perú que continúe con la in- vestigación de los hechos y procese y sancione a los responsables, reabriendo, por consiguiente, el procedi- miento judicial respectivo. 3. Requerir al Estado del Perú que continúe realizando las diligencias que sean posibles para localizar e identifi-car los restos de Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pa- blo Ugarte Rivera y que los entregue a sus familiares. 4. Requerir al Estado del Perú que presente los compro- bantes de pago de las indemnizaciones efectuadas a favor de los familiares de las víctimas a más tardar el 15de julio de 2002. 5. Otorgar a los representantes de los familiares de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un plazo de un mes, que se contará a partir de la fecha en que reciban la notificación de esta Resolu-ción, para que remitan las observaciones que conside- ren pertinentes en relación con el estado de cumplimien- to de las sentencias indicadas de acuerdo con los pun-tos resolutivos primero, segundo y tercero de la presen- te Resolución. 6. Instruir a la Secretaría de la Corte para que, una vez vencido el plazo a que hace referencia el punto resoluti- vo anterior, transmita al Estado del Perú toda la documen-tación presentada al respecto. 7. Notificar esta Resolución al Estado del Perú, a los representantes de los familiares de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Antônio A. Cançado Trindade Presidente Alirio Abreu Burelli Hernán Salgado Pesantes Oliver JackmanSergio García Ramírez Carlos Vicente de Roux Rengifo Manuel E. Ventura Robles Secretario Comuníquese y ejecútese, Antônio A. Cançado Trindade Presidente Manuel E. Ventura Robles Secretario 1Cfr. Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, artículo 26; El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999. Serie A. Nº 16, párr. 128; y Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención (arts. 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) , Opinión Consultiva OC-14/ 94 del 9 de diciembre de 1994. Serie A. Nº 14, párr. 35. 20081